Por Leonardo Vallejos, Emol146 - La instancia comenzó a funcionar a fines del 2024. 02 de Mayo de 2026
Comisión fue creada en Gobierno de Boric. Archivo, El Mercurio La presidenta Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchant, Marí Estela Ortiz y Judith Schönsteiner presentaron su renuncia a la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez.
La instancia fue creada a fines del 2024 por el expresidente Gabriel Boric con el objetivo de esclarecer la verdad sobre las vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Sename y proponer medidas de reparación. Sin embargo, los cuatro miembros decidieron dar un paso al costado.
A través de una carta señalan que "esta decisión responde a que no se han resguardado las condiciones mínimas para cumplir el mandato encomendado. Durante semanas sostuvimos un diálogo de buena fe con las autoridades, presentamos propuestas de ajuste presupuestario, entregamos antecedentes técnicos y advertimos los riesgos.
Lo hicimos con un único criterio: proteger a las personas víctimas y garantizar el cumplimiento del mandato del Estado". En esto apuntan directamente al Ministerio de Justicia, dirigido por el ministro Fernando Rabat. "Sin embargo, las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —entre ellas, la desarticulación del equipo profesional, la alteración del modelo territorial y el debilitamiento de las condiciones para la toma de testimonios— hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato".
Agregan que "la Comisión Verdad y Niñez no es una estructura administrativa. Es un proceso de esclarecimiento de la verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas frente a graves violaciones a los derechos humanos sufridas por niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024.
Ese proceso requiere condiciones básicas que hoy no están garantizadas. La escucha de testimonios no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético.
Las personas afectadas no son fácilmente identificables ni accesibles sin trabajo territorial sostenido, sin acceso a registros históricos —aún negado— y sin equipos que hayan construido vínculos en contextos de alta desconfianza hacia el Estado. Para muchas víctimas, testimoniar es el primer acto de reparación".
Complementan que "este mandato es una tarea de Estado, no de un gobierno. Así lo establecen los estándares internacionales y las obligaciones de Chile en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. Lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica.
No se trata de una discusión presupuestaria: cuando se desarticulan dispositivos especializados bajo criterios administrativos, se altera su sentido.
Cuando se limita la autonomía de una Comisión de Verdad, se compromete gravemente su capacidad de cumplir su mandato.
Por ello damos un paso al lado. No para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo".
Así, con estas cuatro salidas, se mantienen los comisionados Sebastián Valenzuela, Miguel Cillero y Carmen Domínguez.
Fuente: Emol.com
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