Camila Silva Cortés – El Ciudadano -  04/05/2026

Carta a la ministra de Salud alerta que reducir el programa no es eficiencia, sino una vulneración a la reparación integral de víctimas. La discontinuidad podría provocar retraumatización y mayores costos para el sistema público.

Recientemente, la doctora Ana Tania Toro Cepeda lanzó en Change.org una carta abierta a la ministra de Salud, May Chomali, alertando sobre una eventual discontinuidad del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS).

La carta titulada “Riesgo clínico y ético ante la propuesta de discontinuidad de PRAIS”, declara la preocupación en torno a las señales de reducción operativa del programa entregadas en el documento emitido por el Ministerio de Hacienda.

“Más allá de la discusión presupuestaria de corto plazo, es imperativo analizar esta decisión bajo un enfoque de salud pública, bioética y estándares internacionales de Derechos Humanos, toda vez que la alteración de estos dispositivos no constituye una mera eficiencia administrativa, sino una grave vulneración de la integridad asistencial”, señala.

Como primer punto, Toro enfatiza en el enfoque técnico de la reparación, explicando que más allá de prestar un servicio de salud estándar, el PRAIS es un dispositivo de reparación integral enfocado a pacientes con daño psicosocial complejo derivado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Además, señala que la literatura clínica ratifica que tanto el trauma transgeneracional como el daño crónico requieren continuidad en los cuidados y una especialización que va más allá de la oferta médica estándar de la red asistencial con enfoque biopsicosocial.

Para la médica, “eliminar o reducir recursos a estos equipos no es ‘optimizar’, es desconocer absolutamente la mirada integral y la etiología del daño que los pacientes presentan”. 

Como segundo punto, Toro se centra en la iatrogenia institucional, que es el daño que generan las instituciones o políticas públicas —no un médico individual— sobre las personas usuarias y la retraumatización como efecto adverso.

Para la médica, la desarticulación de este programa “conlleva un riesgo iatrogénico inaceptable: la revictimización y retraumatización de nuestros pacientes”. Aquí explica que la relación terapéutica bajo el contexto de reparación, requiere un vínculo de confianza y reconocimiento a la dignidad  del usuario.

“La interrupción de tratamientos, el cierre de espacios de escucha especializada y la fragmentación de los equipos obligan al paciente a re-narrar su historia ante profesionales ajenos al proceso, lo cual constituye, en sí mismo, un acto de violencia institucional. Un sistema de salud que ignora este fenómeno no está siendo eficiente, está siendo negligente”, declara.

El tercer punto enfatiza en el desconocimiento del marco jurídico y de derechos, señalando que el Estado de Chile tiene obligaciones internacionales vinculantes en materia de reparación, las cuales se materializaron en protocolos ministeriales que hoy están en riesgo.

Toro explica que la disminución de recursos sumado a la precarización de los dispositivos PRAIS, no solo pasa por alto el marco normativo que lo sustenta —basado en la Ley 19.980—, sino que también contradice el sentido de la Ley 20.584 y desconoce que la “humanización de la salud” no es un eslogan, sino una exigencia técnico-asistencial para personas cuyos derechos han sido vulnerados.

“Reducir la atención de derechos humanos a una línea de presupuesto fácilmente recortable revela un desconocimiento flagrante del principio de ‘no repetición’ y del estándar de reparación integral que el Estado está obligado a garantizar”, indica. 

Como último punto, Toro plantea una decisión de salud pública deficiente. La médica señala que tanto la historia clínica como la historia epidemiológica, han evidenciado que el abandono del acompañamiento en salud integral de víctimas de violencia estatal provoca una cronicidad de las patologías, lo que termina en costos más altos para el sistema público a largo plazo debido a descompensaciones que pudieron evitarse.

Además, indica que la deshumanización que conlleva este recorte presupuestario, no solo desatiende a los pacientes, si no que perjudica la ética de los profesionales de la salud quienes ven coartada su capacidad técnica para entregar una atención acorde a las necesidades del sujeto de derecho.

“Es por esto que como médicas, médicos, profesionales de la salud y todo/a aquel comprometido con la memoria y la reparación, instamos a las autoridades que proponen la descontinuación de PRAIS y a la figura principal de nuestro Ministerio de Salud, Dra May Chomali a reconsiderar cualquier medida que afecte la operatividad del PRAIS”, señala el escrito.

Además, declara que la gestión de los recursos públicos no puede desvincularse de la evidencia clínica ni de los principios éticos esenciales. Un programa de Derechos Humanos evaluado bajo criterios de ahorro termina desdibujando, en lo fundamental, su sentido reparador. 

“Exigimos la garantía de recursos suficientes para mantener la continuidad de los equipos, el respeto a los protocolos de atención especializada y la preservación de un espacio que, antes que administrativo, es un pilar de la ética de salud en Chile”, concluye la carta firmada por la Doctora Ana Tapia Toro Cepeda.

En conversación con El Ciudadano la doctora Ana Toro Cepeda y la doctora Valentina Bustos Bottai, agradecieron la oportunidad de visibilizar la real importancia que tiene el PRAIS, ya que —en sus palabras— es una política pública que no constituye un beneficio “accesorio”, sino que es un derecho y una expresión concreta del deber de reparación del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura civil-militar.

“Desde que se conoció la circular que proponía su eventual descontinuación, reformulación o reducción, desde los equipos especializados PRAIS a nivel nacional, hemos advertido que cualquier debilitamiento del programa implicaría un retroceso grave en derechos humanos, salud pública, memoria democrática y reparación integral”, señalaron.

Para las doctoras, el PRAIS es más que una vía de accesos a prestaciones de salud, es una red clínica,  psicosocial y ética construida durante más de 30 años, con presencia en los 29 Servicios de Salud del país y más de 640.000 personas inscritas en la actualidad.

Para ellas, la existencia del programa responde a una verdad fundamental: que el daño producido por la violencia estatal no termina con el paso del tiempo ni desaparece por resolución administrativa.

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