Ana Victoria Quintana / Foto: Subsecretaría de Prevención del Delito
Por: Jorge Molina Araneda
El Desconcierto. 8 de mayo de 2026
La seguridad no solo se ejerce, también se representa, y cuando quienes la encarnan cargan con trayectorias que tensionan su credibilidad, el problema deja de ser individual para convertirse en institucional.
Hay decisiones políticas que no solo generan dudas, diluyen la credibilidad misma del Estado.
El nombramiento de Ana Victoria Quintana Olguín como subsecretaria de Prevención del Delito no es simplemente una designación discutible; es un síntoma de una preocupante desprolijidad institucional que revela una peligrosa disonancia entre el discurso y la práctica del gobierno.
Defensa de delincuentes
Antes de asumir su actual cargo, de acuerdo a Mega, Quintana ejerció como fiscal hasta el año 2023, y después como abogada particular defensora de imputados vinculados a una de las organizaciones criminales más relevantes desbaratadas recientemente en Santiago, la banda caída en el operativo “Los Emprendedores”, ejecutado por la PDI junto a la Fiscalía Metropolitana Occidente en 2025.
No se trata de infractores menores. Hablamos de una estructura delictual compleja, compuesta por clanes familiares —Luna, Chago y León— dedicados a delitos de alta connotación social: portonazos, encerronas, robo de maquinaria pesada, lavado de activos, asociación criminal, extorsión, falsificación de documentos públicos y delitos tributarios.
Quintana asumió la defensa de Javier Castro y Valentina Castro, miembros del Clan Chago e hijos del líder de dicha organización, Santiago Castro Inostroza. Según los antecedentes expuestos en su formalización, Javier Castro incluso creó la empresa “Multitruck Spa” con el objetivo de facilitar la comercialización de maquinaria robada mediante documentación aparentemente legal. De acuerdo a Quintana, esta defensa fue "circunstancial".
Es decir, no hablamos de una defensa marginal o circunstancial. Se trata de la representación directa de integrantes de un núcleo duro del crimen organizado.
¿Puede alguien que defendió activamente a miembros de estas estructuras liderar la política de seguridad pública?
El doble estándar institucional
Los defensores de este tipo de nombramientos suelen recurrir a un argumento formalista, todo imputado tiene derecho a defensa. Y es cierto. Pero esa verdad jurídica no cancela la dimensión política ni ética del problema.
Como advertía Max Weber, el ejercicio del poder exige una “ética de la responsabilidad ”, es decir, no basta con que algo sea legal; debe ser prudente, coherente y compatible con el rol que se desempeña.
El problema aquí no es jurídico, es político. Nadie cuestiona que Quintana pudiera ejercer como abogada defensora. Lo que se cuestiona es la falta de criterio del gobierno al elevarla a un cargo cuya misión es, precisamente, combatir el mismo tipo de criminalidad que ella ayudó a dejar incólume. La política no puede funcionar como una amnesia selectiva.
El precedente
Más aún, Quintana no solo defendió a miembros de esta banda. También asumió la representación de un imputado extranjero por infracción a la Ley de Armas, en un caso ocurrido el 27 de abril de 2023 en calle Aldunate, en Santiago.
En ese procedimiento, la PDI sorprendió al imputado portando una pistola marca Blow, modelo F92, adaptada para disparar munición real. En abril de 2024, en un procedimiento abreviado, la jurista logró la absolución del imputado.
Nada de esto es ilegal. Pero todo esto es políticamente explosivo.
Como plantearía Slavoj Zizek, el verdadero problema no es la contradicción evidente, sino la normalización de ella… Cuando el sistema incorpora sin tensión aquello que debería incomodarlo, deja de percibir sus propias fisuras.
Lo verdaderamente alarmante no es Quintana en sí misma, sino el patrón que su nombramiento revela. La sensación de que los cargos públicos se están asignando sin una evaluación rigurosa de antecedentes, sin ponderar conflictos de interés potenciales y sin comprender el impacto simbólico de estas decisiones. Aquí no hay ilegalidad, hay algo peor… Liviandad.
Como advertiría Byung-Chul Han, en una cultura política dominada por la inmediatez y la superficialidad, las decisiones pierden densidad reflexiva y se transforman en meros actos funcionales, desprovistos de toda consideración estratégica de largo plazo. No se trata de pureza moral. Se trata de coherencia institucional.
En un país golpeado por la inseguridad, el nombramiento de una autoridad con este historial envía una señal equívoca, cuando no derechamente contradictoria, cual es que la frontera entre perseguir el delito y haber defendido a sus protagonistas es políticamente irrelevante.
Conclusión
En política, como sostendría Mark Fisher, las fallas estructurales tienden a naturalizarse cuando el sistema pierde la capacidad de imaginar alternativas mejores, aceptando como inevitables decisiones que, en rigor, son producto de negligencia o falta de criterio.
Porque la seguridad no solo se ejerce, también se representa, y cuando quienes la encarnan cargan con trayectorias que tensionan su credibilidad, el problema deja de ser individual para convertirse en institucional.
El Estado, en ese punto, ya no parece un garante de orden. Parece un actor confundido dentro del mismo conflicto que dice combatir.
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