El Ciudadano. 19/05/2026

A 53 años del golpe de Estado y en medio de crecientes críticas por los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Kast, la Unión de Exprisioneros Políticos de Chile (UNExPP) emitió una dura declaración pública denunciando la eventual descontinuación del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS).

La organización acusa que la medida representa un “tiro de gracia” para miles de sobrevivientes de prisión política, tortura y sus familias, quienes dependen del programa para acceder a atención médica especializada tras décadas de secuelas físicas y psicológicas derivadas de la dictadura civil-militar. En el documento, los ex presos políticos vinculan esta decisión con una política de reducción del Estado inspirada en gobiernos de ultraderecha como los de Javier Milei y Donald Trump, y advierten que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para frenar lo que califican como una nueva vulneración a los derechos humanos.

A continuación, la declaración pública:

El actual presidente de Chile, José Antonio Kast, fue electo con un 58% del voto popular. Importantes sectores de trabajadores optaron por elegirlo en todas las regiones del país. Y debe quedar claro que su programa claramente indicaba cuáles eran los objetivos de su coalición de derecha encabezada por su Partido Republicano. El Estado, para ellos, debe estar al servicio de los empresarios. Debe ser un aparato reducido para que no incurra en grandes gastos que requieran el pago de impuestos para los capitalistas. Los impuestos generales, como el impuesto al valor agregado, no son problemáticos, ya que estos los pagan mayoritariamente los grandes sectores de consumidores, sin siquiera darse cuenta de que lo están haciendo.

El Estado –según estos personajes– debe dar todas las ventajas necesarias a la inversión de capitales, sin consideraciones sociales ni científicas, sobre todo ambientales. En dos meses de gobierno de Kast tenemos todo un anecdotario de declaraciones ignorantes y ridículas del presidente y sus funcionarios sobre el tema. Si no fueran tan dramáticas sus consecuencias, estas declaraciones llegarían a ser divertidas. Pero no lo son. Son extraordinariamente peligrosas.

La fórmula de reducir el gasto fiscal a costa de apoyo y servicios a la población en general no es nueva. En Argentina, Milei lo graficó con una motosierra. En los Estados Unidos, Trump procedió a eliminar gasto fiscal en todos los niveles del Estado, excepto su aparato militar. Igualmente, ambos gobiernos han levantado una cruzada en contra de la izquierda y de todo lo que antes sonaba como políticamente correcto. “Woke” es una palabra inventada que usa el gobierno de Trump. Ambos países han creado sociedades peligrosas, desagradables y represivas. Todo lo que hemos conseguido con años de lucha social lo quieren, y lo están, revirtiendo. Y el hecho de que estas políticas de derecha se lleven a cabo con apoyo popular lo configura como una forma clásica de fascismo.

Los recortes y las eliminaciones de presupuesto se han extendido por todos los ministerios, pero fundamentalmente por aquellos que entregan servicios indispensables a la población, tal como vivienda, educación y, criminalmente, servicios de salud, en un país donde el sistema estatal de salud ya es precario, dado que con un financiamiento estrecho debe atender a cerca del noventa por ciento de la población.

Es en este rubro que, ante la publicación de la recomendación técnica de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda, en el Oficio Circular N°16, consignada bajo el ID de Programa 61194, que señala descontinuar el financiamiento y operatividad del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), la UNExPP de Chile declara:

“No lograron eliminarnos a través de brutales sesiones de tortura durante la dictadura (1973-1989), pero ese objetivo lo quieren lograr ahora sin disparar un arma, con guante blanco. La medida de ‘descontinuar’ el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) ES UN TIRO DE GRACIA para las miles de víctimas sobrevivientes de secuestro, prisión política y tortura, y sus familiares.

No ha sido fácil la supervivencia para las víctimas de la dictadura civil y militar, después de haber experimentado estas situaciones tan extremas, que dañaron nuestra salud física, psíquica, familiar y social. Expuestos al hambre, a la falta de una fuente de trabajo formal, por estar en listas negras que nos tachaban como extremistas peligrosos y, por ende, sobreviviendo sin recursos, sin seguridad de ninguna naturaleza, nuestros hijos no accedían a la educación y no teníamos acceso al sistema de salud.

Es decir, además del daño físico y psíquico como consecuencia directa de la tortura, le sumamos el daño por las condiciones de vida que debimos sobrellevar. En consideración a esto y como fruto de la exigencia organizada de los propios afectados y de diversos organismos de derechos humanos, se creó el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS), que vino a hacer un poco de justicia a nivel de salud, aunque insuficiente, trayendo algo de alivio para este universo de chilenos tan agraviados por el dictador, sus cómplices y patrocinadores.

Hoy, cuando todos/as los/as sobrevivientes de la dictadura llegamos a la tercera y cuarta edad, lo que suma una mayor necesidad de atención de salud oportuna y adecuada por nuestras características psico-sociales, este gobierno decide ‘descontinuar’ el programa de reparación en salud, lo que consideramos como “un tiro de gracia” administrativo, que contraviene tratados internacionales y los acuerdos políticos alcanzados muchas veces hasta con votos de la derecha más decente, y que tendrá como consecuencia el empeoramiento de nuestra salud y una muerte anticipada.

Es esto lo que buscan: una forma solapada de propinarnos un nuevo castigo. Son los de siempre, nunca se fueron, estuvieron al acecho, esperando que se terminen de dar las condiciones para completar la vil tarea de darnos “el tiro de gracia”. De la misma manera, están buscando revertir incluso las condenas por crímenes de lesa humanidad que se han logrado, más que por la ayuda del Estado, por la lucha constante e incansable de las propias víctimas o los familiares de las víctimas.

A pesar de todo, les decimos: estamos acostumbrados al rigor, al abandono. Además, tenemos claridad de que terminar el programa PRAIS constituiría un acto regresivo, que contraviene el derecho internacional. Chile ha suscrito y ratificado tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y está obligado a cumplirlos. Por esta razón, usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para denunciar este nuevo atropello a nuestros derechos humanos y usaremos los canales jurídicos nacionales e internacionales para enfrentar esta nueva agresión.

Los sobrevivientes directos no podremos tal vez realizar marchas ni demostraciones por sí solos. Pero sabemos que hay un importante sector del pueblo chileno que no se mantendrá inactivo ante la injusticia. Junto a ellas y ellos, en la medida de nuestras menguadas fuerzas, nuestros hijos, hijas, nietos y nietas avanzaremos en la defensa de nuestros justos derechos”.

Unión de Exprisioneros Políticos de Chile (UNExPP)

18 de mayo de 2026

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