EDITORIAL: 26-05-2026
La política chilena ha completado una nueva fase pendular, pero el paisaje que enfrenta el país sigue siendo tercamente el mismo. Y no es para menos: las necesidades que llevaron a la población a votar por las promesas de la derecha no solo permanecen sino que se agravan. A solo 2 meses del inicio de la administración de José Antonio Kast, el debate público se escandaliza por numerosas discusiones refundacionales y constitucionales que buscan desmarcarse de lo realizado por gobiernos anteriores, así como de los avances alcanzados por el conjunto de la sociedad durante más de 100 años: pasando por el derecho a la organización y la expresión de pensamiento; por el derecho a las 8 horas laborales y la participación plena de la mujer en la sociedad; el derecho a la salud y la educación; solo por marcar algunos de los temas que han estado en la palestra en las casi 11 semanas que lleva el gobierno “Kastiano”.
El reciente e intempestivo cambio de gabinete, gatillado por la obligada “renuncia” de la ministra de Seguridad tras escasos 70 días en el cargo, evidencia que las promesas de campaña en materia de orden público, contención migratoria y reactivación económica topan de frente con la compleja realidad del Estado. El nombramiento de figuras del círculo estrecho del mandatario, como Martín Arrau en Seguridad y Arturo Alvarado asumiendo un rol biministerial clave, buscaría inyectar energía y cohesión a un "Gobierno de emergencia" que ya acusa el desgaste de las expectativas ciudadanas.
Inesperadamente, luego de semanas de promesas de un “plan de seguridad público”, comprometido durante la campaña, el gobierno (ministro Arrau) sale a reconocer que ya existía una Política Nacional de Seguridad, y que esta… ya había sido promulgada por el Gobierno de Boric, el mismo a quien Kast y la ex Ministra Steinert habían fustigado con implacable dureza por su gestión en materia de lucha contra la delincuencia. Ahora resulta que, pareciera ser, no era todo así.
La ciudadanía está pidiendo previsibilidad, respeto y eficacia. Quiere instituciones que hablen menos de su propia sensibilidad y más de los problemas concretos que deterioran la vida diaria. En términos simples, la ciudadanía demanda solo el cumplimiento de las promesas de campaña, las mismas que la llevaron a preferir a una derecha que ofrecía cambios y a rechazar a aquellos políticos que se distanciaron dolorosamente de las necesidades de la ciudadanía, particularmente de los asalariados.
El desafío que la actual administración se echó sobre los hombros es monumental: y excede la mera retórica de la seguridad: buscan deconstruir la sociedad actual, para asegurar el poder absoluto de los sectores más pudientes. Para ello no dudan en renegar de la historia, o simplemente deformarla vía mentiras y control de los medios de comunicación. Mientras el Ejecutivo intenta apuntalar el crecimiento mediante la llamada Ley Miscelánea, verdadero “Frankeinstein” de medidas que buscan terminar con numerosos derechos sociales (en salud, en empleo, en seguridad social, en materias de propiedad intelectual, etc.), la crispación no cede. La seguridad pública, una de las principales banderas de campaña, empeora día a día, junto con el exorbitante incremento de los precios de los bienes de primera necesidad, alimentos, medicamentos, parafina, otros.
A esto se suma la débil resistencia de una oposición que aún no logra conectar con las necesidades de los asalariados; incapaz de organizar la voz de los trabajadores en justa demanda por sus derechos. Todo ello en un marco en que “el rallado de cancha” se caracteriza por un acelerado proceso para consolidar derechos y privilegios para las grandes empresas; reducir recursos del Estado para atender programas sociales; y una marcada improvisación y liviandad en las medidas gubernamentales.
Chile parece acercarse a un punto de inflexión donde las medidas implementadas por el Gobierno, claman a gritos por acuerdos urgentes entre los asalariados, los estudiantes, los jubilados, las dueñas de casa, los obreros y demás grupos rurales en defensa de sus derechos sociales básicos, como la discusión de un sueldo mínimo justo o el acceso a medicamentos. El Gobierno no puede ni quiere escuchar las demandas ciudadanas. La oposición formal, y en especial aquella “informal” que no se siente representada por la actual institucionalidad de partidos, aún no logran conectar de manera cierta con aquellos sectors que alguna vez dijeron representar.
El éxito o fracaso de este ciclo dependerá de quién logre encabezar las organizaciones sociales, grandes y pequeñas, ramales y barriales, mostrando la serenidad y la templanza de un movimiento de trabajadores dispuestos a defender sus conquistas. Eso aún está por verse.
CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH