Por: Héctor Cossio López. Editor General de El Mostrador. 26 mayo, 2026

La controversia surge en plena discusión de la Ley Miscelánea, con votos aún en disputa. Quiroz no transparentó que su hermano es socio de Quiroz y Puelma Arquitectos, firma ligada al rubro inmobiliario y a proyectos pagados por el Estado, mientras impulsa medidas para la actividad inmobiliaria.

La Ley Miscelánea, el corazón económico del Gobierno de José Antonio Kast, entró al Senado en uno de sus momentos más delicados. En la Cámara Alta los votos no están asegurados, especialmente en la discusión en particular, donde varios artículos clave podrían caerse o sufrir modificaciones profundas.

Y en medio de esa tensión política, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta un nuevo flanco: cuestionamientos por no haber transparentado en su Declaración de Intereses y Patrimonio que su hermano Víctor Quiroz es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios de arquitectura más grandes e influyentes de Viña del Mar.

La omisión golpea directamente el debate sobre transparencia, probidad y fe pública, precisamente cuando el Ejecutivo impulsa una batería de medidas que impactan de lleno al negocio inmobiliario y de la construcción. Entre ellas, la exención transitoria del IVA para viviendas nuevas, incentivos tributarios a la inversión inmobiliaria, flexibilización de permisos y mecanismos para acelerar proyectos de construcción, iniciativas que forman parte central del denominado plan económico de Kast.

La firma Quiroz y Puelma mantiene vínculos históricos con grandes constructoras e inmobiliarias del país, desarrollando proyectos corporativos, residenciales y comerciales.

Uno de los más conocidos es el edificio Kandinsky de Viña del Mar, que quedó en el centro de la polémica tras el socavón ocurrido en el sector de Cochoa. Además, la oficina registra participación en proyectos y concursos asociados a organismos públicos y aparece vinculada a la red de proveedores del Estado.

Pese a ello, el ministro Quiroz dejó en blanco –sin llenar– el apartado de su Declaración de Intereses y Patrimonio denominado “Otras potenciales fuentes de conflicto de intereses”, espacio que precisamente busca transparentar situaciones que, sin constituir necesariamente una ilegalidad, puedan afectar la confianza pública o generar dudas sobre la imparcialidad de una autoridad.

El Mostrador consultó al Ministerio de Hacienda por la omisión, pero no respondieron. Jorge Quiroz prefirió guardar silencio.

Para el Director Ejecutivo de Fundación América Transparente, Juan José Lyon, esta omisión es especialmente grave considerando el contexto legislativo.

“Es absolutamente crítico. La probidad no se trata solo de evitar que el Estado firme un cheque a nombre del familiar de un ministro, sino de transparentar cuando las políticas macroeconómicas benefician a su entorno directo”, afirmó. “Si desde Hacienda se está impulsando una exención transitoria de IVA para movilizar el stock de viviendas nuevas, el estándar ético y de probidad exige declarar inmediatamente si tu familia opera en ese rubro”.

La crítica apunta a un aspecto central: el conflicto de intereses no necesariamente requiere una transferencia directa de recursos públicos o un acto ilegal. Basta con que exista una apariencia de beneficio, aclaró Lyon.

“El conflicto de intereses no requiere un delito consumado; basta con la apariencia de beneficio propio para destruir la legitimidad de una política pública”, sostuvo.

El debate adquiere mayor sensibilidad porque el Ejecutivo ha defendido la Ley Miscelánea como una herramienta urgente para reactivar la economía y recuperar el empleo en sectores golpeados con la baja actividad económica, como es el caso de la construcción.

“Sin duda puede afectar la fe pública. El apartado de ‘otra potencial fuente de conflicto’ fue diseñado en la ley exactamente para capturar estas zonas grises que no caben en las categorías rígidas”, puntualizó Lyon.

Y fue aún más duro al cuestionar el uso que las autoridades hacen del sistema de declaraciones de intereses.

“Que el ministro haya dejado esta sección en blanco, sabiendo que lidera reformas proconstrucción y tiene familiares en el rubro, demuestra que está utilizando la Declaración de Intereses como un mero trámite administrativo, usando el mínimo legal como escudo para no transparentar la realidad”, afirmó.

Las dudas sobre probidad llegan en un momento particularmente incómodo para el Gobierno. En el Senado, la Ley Miscelánea enfrenta un escenario incierto. La Democracia Cristiana ya anunció su rechazo y varios artículos requieren negociaciones voto a voto.

Y remató Juan José Lyon: “Cuando un Gobierno impulsa un salvavidas tributario para un sector específico y, en paralelo, sus ministros no transparentan proactivamente sus intereses familiares en ese mismo mercado, se erosiona por completo la confianza en la reforma”.

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