Por: Mesa de noticias de El Mostrador – 30 de mayo 2026
Tras 12 años en el Congreso fue promulgada la nueva ley de inteligencia. Agentes tendrán narcotest y ya no bastará la buena voluntad: SII, Aduanas y Gendarmería deberán entregar datos y análisis al sistema. Control de medidas intrusivas quedará en manos de ministros de la Corte Suprema.
Desde ahora, las operaciones intrusivas requerirán autorización de la Corte Suprema; la coordinación entre servicios dejará de ser voluntaria para transformarse en obligatoria; se incorporan organismos colaboradores como el Servicio de Impuestos Internos, Gendarmería y Aduanas; se crea el cargo de subdirector designado por el Presidente y se autoriza la creación de empresas para operaciones encubiertas. Estas son algunas de las medidas de la nueva ley de inteligencia, promulgada este sábado en el Diario Oficial tras 12 años de tramitación.
La nueva Ley N° 21.821 moderniza parte del Sistema de Inteligencia del Estado y figurará como uno de los puntos estelares de la Cuenta Pública que el presidente José Antonio Kast rendirá este lunes.
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La nueva normativa introduce varias transformaciones, que para algunos son radicales y para otros agentes resultan apenas cosméticas.
Entre los principales cambios mencionados en la comunidad de inteligencia destaca el reemplazo del antiguo plan anual interno por un sistema de planificación de tres niveles jerárquicos. Además, la coordinación pasa a ser una estructura obligatoria, dejando atrás mecanismos vigentes desde 2004 para instaurar una arquitectura de seguridad nacional con mayores controles judiciales sobre las actuaciones de las policías.
Nueva arquitectura institucional y la figura del subdirector
Según sostienen desde el Ejecutivo, el fortalecimiento del sistema incluye la creación del cargo de Subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), quien requiere diez años de experiencia laboral y seis años de desempeño dentro de la propia Agencia.
El director de la ANI, de exclusiva confianza presidencial, permanece en su puesto por un máximo de cinco años con posibilidad de una única renovación. Esta jerarquía técnica preside el Comité de Inteligencia de Estado, donde coordinan sus acciones los jefes de inteligencia de la Defensa, de las Fuerzas Armadas y de las policías.
Fuentes que conocieron la tramitación de la nueva ley explican que la normativa ahora establece una Política Nacional de Inteligencia de carácter público que define objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Acompaña a esta visión un Plan de Desarrollo para el Sistema de Inteligencia, documento ultrasecreto con vigencia de cinco años que proyecta las capacidades humanas y tecnológicas del país.
Cierra este círculo de planificación la Directiva Anual de Inteligencia, instrucción secreta que fija las metas operativas de cada periodo y permite ajustes ante amenazas emergentes.
Estos instrumentos nacen de propuestas del Consejo Interministerial de Inteligencia de Estado, instancia política que integran los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública.
Deber de colaboración, medidas intrusivas, fachadas y rol de la Corte Suprema
La ley obliga ahora a diversas entidades civiles a actuar como organismos colaboradores del Sistema. Instituciones como el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, la Unidad de Análisis Financiero, Gendarmería de Chile y la Agencia Nacional de Ciberseguridad deben aportar datos y análisis relevantes para la seguridad de la nación.
Estos servicios necesitan contar con unidades especializadas con capacidad de análisis de información para cumplir su deber legal.
El artículo 5° bis estipula que toda entidad donde el Estado posea participación debe entregar los datos personales e informes requeridos sin demora.
Según explican desde el Congreso, la normativa permite denegar la entrega solo si la información secreta pudiese afectar el interés nacional, caso donde el jefe de inteligencia puede elevar la controversia al Ministro de la Secretaría de Estado correspondiente para una resolución definitiva tras un informe institucional.
En materia de obtención de información, la reforma actualiza los procedimientos especiales para intervenir fuentes cerradas. Los agentes pueden interceptar comunicaciones telefónicas, informáticas y radiales, además de sistemas tecnológicos de almacenamiento o procesamiento de datos.
La ley autoriza también la escucha y grabación electrónica en lugares cerrados y el ingreso a los mismos sin consentimiento del propietario. Como innovación mayor, la ANI adquiere la facultad de constituir sociedades civiles o comerciales para otorgar cobertura a sus misiones y proteger la identidad de sus funcionarios encubiertos.
La guerra de los topos y la vigilancia del personal
El control de estas medidas extremas pasa de los ministros de Cortes de Apelaciones a Ministros de la Corte Suprema. El Pleno del máximo tribunal designa a dos de sus miembros por un periodo de dos años para pronunciarse sobre estas autorizaciones judiciales.
Los magistrados cuentan con un plazo de hasta cuarenta y ocho horas para resolver las peticiones, lo que en las policías ya se considera mucho tiempo. En casos de urgencia extrema, el texto permite autorizaciones verbales que el juez debe ratificar por escrito posteriormente.
El presidente Kast destacará que este nuevo marco legal otorga al Estado herramientas modernas para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. La Contraloría General de la República mantiene su rol de control externo mediante la toma de razón secreta de los decretos y resoluciones de la ANI.
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