EDITORIAL: 30 DE MAYO DE 2026
Mucho se ha escrito y descrito sobre el Proyecto de Ley de Reconstrucción impulsado por el gobierno de José Antonio Kast. Los partidos oficialistas y la oposición se encuentran desplegados en los medios de comunicación y redes sociales entregando sus razones y sin razones. Sin embargo, en la calle, en los centros laborales, en las poblaciones, incluso en las universidades y liceos, reina un profundo desconocimiento respecto de qué se esconde tras este debate. Esto es lo que explica la casi nula movilización social de la que hoy somos testigos.
Un primer elemento que es necesario tomar en consideración es que en la base de todo esto se encuentra la visión programática del Partido Republicano y de José Antonio Kast sobre la arquitectura del Estado chileno, que se inserta en una lógica de "Estado Subsidiario Fuerte" y de "Liberalismo Conservador", con un enfoque ajeno a la protección de los derechos universales de la población, una fuerte orientación hacia una focalización extrema y un dinamismo basado exclusivamente en la inversión privada.
Esta propuesta del gobierno constituye una herramienta de reingeniería estatal orientada hacia dos ejes: de una parte, restablecer un aparato de Estado con mucha autoridad y capacidad represiva y, de otra, ejercer de garante para el libre desempeño de capital privado nacional y extranjero. Para ello se recurre a una “Ley” que debería actuar como acelerador de la desregulación, reducir la burocracia y transferir la mayor parte de los servicios sociales (con la consecuente transferencia de recursos públicos) hacia la gestión privada o concesionada.
Esta “reingeniería” marca el fin de un modelo marcado por la aplicación de un “neoliberalismo consensuado”, caracterizado por un equilibrio aceptado tanto por la Concertación como por la derecha tradicional, y un neoliberalismo extremo, defendido por José Antonio Kast y sus acólitos. Este quiebre está marcado por los efectos del estallido social de 2019 y la posterior crisis de seguridad y económica, que pusieron fin a una virtual y pragmática alianza entre crecimiento económico (neoliberalismo) y una creciente red de protección social y moderación política, que buscaba minimizar los aspectos negativos de esta “alianza”.
Lo que en realidad ocurre es que la élite política tradicional perdió la capacidad para administrar el descontento. Y el gobierno de Kast se presenta como una reacción contra ese “neoliberalismo consensuado”, al que acusan de terminar en una concesión al estatismo que llevó a la paralización del país. Esta reingeniería se propone eliminar todos esos elementos “parasitarios” que le quitan dinamismo al mercado, léase: regulaciones, “burocracia”, derechos sociales garantizados, etc. Se argumenta que, en su afán de regular, proteger derechos sociales y cumplir convenios internacionales (ambientales, laborales), el Estado ha vuelto al país "inviable" para la inversión. La ley de reconstrucción es, en esencia, un intento de reducir el Estado a su mínima expresión funcional (seguridad, orden y facilitación de la inversión).
Si bien el “neoliberalismo consensuado” por la Concertación, así como por los demás partidos que luego se sumaron a ella, se presentaba como "pragmático" (en condiciones en que supuestamente era muy difícil cambiar las bases del modelo, se buscaba usar el mercado para financiar el bienestar, sin afectar los intereses de las grandes grupos económicos y del capital extranjero), el neoliberalismo de Kast es destaca como "doctrinario", toda vez que propugna que el mercado es la única forma moral y eficiente de organizar la sociedad, corrigiendo el "desvío" que, a ojos de esta nueva derecha, sufrió el país desde 2006 (especialmente tras la Ley General de Educación y las reformas de Bachelet). La reingeniería pretende revertir la institucionalización de los derechos sociales, sacándolos de la esfera estatal y devolviéndolos a la gestión privada o individual (vouchers, cuentas individuales). No quieren "reformar" el modelo, quieren "restaurar" su pureza original de los años 80, eliminando las capas de "proteccionismo" que se acumularon en democracia, y reestableciendo el dominio total de la oligarquía financiera sobre una clase trabajadora inerme, sin capacidad de respuesta.
Se trata, entonces, de volver a los orígenes del modelo instaurado por esa misma derecha y la dictadura de Pinochet. Para ello, el Gobierno de Kast se ha propuesto desmantelar la gobernanza construida desde 1990, terminando con la participación de los actores sociales (sindicatos, colegios profesionales, gremios) en el diseño de las políticas, y reemplazándola por un sistema donde se reemplaza la negociación por la eficiencia técnica; los derechos garantizados por la libertad de elección (voucher) y el diálogo social por la autoridad estatal.
Es importante notar que el voto ciudadano del que se ufana el Gobierno no es un cheque en blanco. La población votó por resultados inmediatos: seguridad y alivio económico. Si la Ley de Reconstrucción (o de reingeniería estatal) no entrega seguridad en las calles y no mejora los ingresos en los hogares rápidamente, el apoyo se diluirá con la misma velocidad con la que surgió. El votante chileno actual es altamente volátil. La población no se "casó" con el programa neoliberal de Kast; simplemente "contrató" a un gobierno para que solucionara los problemas urgentes, los mismos que los gobiernos de los anteriores gobiernos no supieron resolver, similares o aún más agudos que los que provocaron el estallido social de 2019.
CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH