Por: Álvaro Ramis

Crónica Digital. 1 junio, 2026

El éxito electoral de Kast descansó en una narrativa coherente y emocionalmente poderosa: Chile en deterioro, Estado desbordado, élites que fallaron, ciudadanos indefensos. La solución no era técnica sino moral: un liderazgo de carácter que restauraría el orden y, por consecuencia natural, la prosperidad. Era un relato de causalidad simple: con autoridad vendría empleo; con orden vendría crecimiento.

El problema no era que ese framing fuera necesariamente falso. Es que era frágil. La retórica de emergencia exige resultados de emergencia. Y los datos del primer trimestre de 2026 no los entregaron.

El Banco Central registró una contracción del PIB de –0,5%, el peor desempeño trimestral en 17 años. Las exportaciones cayeron 4,9%, la minería retrocedió 3,1% y la agricultura se contrató 5,4%. El desempleo llegó al 8,9%, acumulando 38 meses consecutivos por encima del 8%. La informalidad laboral subió 0,7 puntos porcentuales en doce meses, hasta el 26,5%: el número de trabajadores en esa condición creció un 3,2%, superando los 2,4 millones de personas que hoy no tienen contrato, no cotizan para su pensión ni tienen acceso a licencia médica.

Lo más revelador, sin embargo, no vino de la oposición. Vino del propio gobierno. El Ministerio de Hacienda, en su primer Informe de Finanzas Públicas de esta administración —el primero, no el del gobierno anterior— proyecta que el PIB no superará el 2,3% en ningún año del mandato, ni siquiera en 2030. El gobierno que prometió duplicar el crecimiento proyecta, en su primera rendición de cuentas oficial, tasas similares o inferiores a las del gobierno que criticaba.

El ajuste que carga el costo hacia abajo

Ante la contracción, el gobierno presentó su “Plan de Reconstrucción Nacional”. El eje central de ese plan es la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, del 27% al 23%, aplicada de forma gradual hasta 2029, con un costo fiscal que el propio gobierno estima en USD 657 millones en 2027 y que escala hasta los USD 2.024 millones anuales en 2030, blindada con cláusulas de invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos de inversión superiores a USD 50 millones, que impedirían a futuros gobiernos modificar esas condiciones. La Cámara de Diputados ya la aprobó.

En paralelo, el mismo gobierno ejecutó un recorte transversal del presupuesto ministerial: $413 mil millones en Salud, $200 mil millones en Vivienda y una reducción equivalente al 1,1% del presupuesto de Educación, entre otras carteras, en un ajuste total que supera los USD 1.400 millones. El patrón merece ser nombrado con todas sus letras: el ajuste recae sobre los servicios que usan las familias de menores ingresos; el beneficio más relevante de la agenda económica va a las grandes empresas.

Y mientras esto ocurre, el gobierno negocia el reajuste del salario mínimo —hoy en 539.000 pesos— con una postura que privilegia la “estabilidad macroeconómica” por sobre la recuperación del poder adquisitivo. La Central Unitaria de Trabajadores ha advertido que un reajuste por debajo del IPC significaría cargarle a los trabajadores el costo del alza del costo de la vida.

La deuda pública, además, cruzará el umbral de prudencia del 45% del PIB en 2028 y se proyecta en 46,5% al cierre de 2030. Chile operará por encima de su propio límite prudencial durante al menos tres años consecutivos. La promesa de disciplina fiscal tampoco cuadra.

La seguridad: la promesa más costosa en credibilidad

La seguridad era el eje emocional del relato de campaña. La “mano dura” prometía resultados visibles, rápidos, que cada chileno pudiera sentir en su calle. A dos meses de gobierno, el Presidente destituyó a su ministra de Seguridad en medio de una caída de popularidad directamente vinculada a la falta de avances en materia de criminalidad.

El sacrificio del cargo fue la única respuesta disponible cuando la realidad —estructuralmente lenta— no siguió el ritmo del relato. El episodio es políticamente revelador porque exhibe el límite interno del framing: si la promesa es velocidad, y la realidad no es veloz, la única palanca disponible es el cambio de rostros. El problema no era la ministra. Era la promesa imposible.

Según el informe oficial del Ministerio de Seguridad Pública, Chile cerró 2025 con una tasa de homicidios de 5,4 por cada 100.000 habitantes, completando tres años consecutivos de descenso. Sin embargo, la percepción de inseguridad permanece alta y la violencia de los delitos ha aumentado en dimensiones como el crimen organizado y las extorsiones. Cambiar un ministerio no cambia ni una estadística ni un patrón delictual. Lo que cambió fue el costo político del framing: prometiste velocidad; la realidad te cobró lentitud.

Desaprobación y gobernabilidad: el horizonte que se cierra

La brecha entre promesa y resultado no es solo un problema de credibilidad. Es un problema de gobernabilidad. Un gobierno que construyó su legitimidad sobre la expectativa de resultados rápidos enfrenta ahora un calendario político que no le favorece: la deuda bruta seguirá creciendo, el desempleo femenino ya llegó al 10%, la informalidad sigue en alza, y el PIB proyectado hasta 2030 no alcanza en ningún año la promesa de campaña.

La desaprobación que ya se insinúa no deriva de que los chilenos sean impacientes. Deriva de que el contrato político fue explícito: el shock llegará pronto, se notará rápido. Cuando ese shock no llega y lo que se nota es el recorte en salud, la pregunta sobre la legitimidad del gobierno para ejecutar su agenda sin negociar se vuelve inevitable.

Un gobierno con relato pero sin resultados tiene dos salidas: o renegocia el relato —lo que supone un costo de credibilidad enorme para un liderazgo construido sobre la certeza—, o escala la confrontación con sus adversarios para desviar la atención de los indicadores. Ambas rutas tienen costos de gobernabilidad que aún no se han pagado del todo. La primera erosiona la base electoral propia; la segunda consolida la oposición y hace más difícil conseguir los apoyos parlamentarios que cualquier agenda reformista requiere.

Lo que la Cuenta Pública debe responder

El 1 de junio, el Presidente puede optar por el discurso de la herencia: todo lo malo es de antes, todo lo bueno es promesa. Es un recurso político válido por un tiempo. Pero los datos del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre son los de esta administración, no de la anterior. Y esos datos no mienten.

La Cuenta Pública que el país necesita no es un inventario de intenciones. Es una respuesta concreta a preguntas concretas: ¿cómo se explica que el PIB cayó –0,5% cuando se prometió un shock de crecimiento? ¿Cómo se justifica recortar $413 mil millones en Salud mientras se aprueban beneficios tributarios a las empresas que llegarán a superar los USD 2.000 millones anuales en 2030? ¿Qué medidas concretas reducirán el desempleo de las mujeres, que ya llega al 10%? ¿Cómo se compatibiliza la promesa de disciplina fiscal con una deuda pública que superará el umbral prudencial por tres años consecutivos? ¿Cuándo habrá resultados en seguridad más allá del cambio de ministra?

Gobernar no es un relato. Es responder por los resultados. Y en eso, la cuenta aún no cuadra.

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