Por Danilo Araneda – Para Ute-Noticias – 02-06-2026

La cuenta presidencial de Kast brilló por su claridad de objetivos y su desprecio por el modelo económico que caracterizó al período de neoliberalismo de consenso, que se estableció tras el fin de la dictadura fascista de Pinochet, y que buscó administrar las bases de las transformaciones económicas generadas por esa dictadura.

Como quedó claro de las palabras del Presidente, su gobierno arranca del diagnóstico de que el país enfrenta una “triple emergencia” (seguridad, económica y social), al tiempo que propone una ruptura con el modelo de gestión anterior, estableciendo que sus prioridades se centrarán en torno a la responsabilidad fiscal y el orden institucional.

Cuando el Presidente Kast habla de “reconstrucción”, parte de una conclusión que se refiere a aquello que las fuerzas políticas de oposición se resisten tozudamente a ver: la ultraderecha en el poder ha resuelto romper definitivamente con la pragmática alianza que establecieron el neoliberalismo (parapetado tras el concepto de crecimiento) y las corrientes políticas que aceptaron ser los administradores del modelo económico heredado de la dictadura.  Esa relación de compromiso usada como escudo para permitir una “transición pactada hacia la democracia” hoy ya no es suficiente para asegurar rentabilidad y dominio a los representantes de los grupos económicos y sectores más ricos de la sociedad.

Este “compromiso” se rompió definitivamente con el estallido social de 2019, y la consiguiente crisis de seguridad y de la economía. Estos acontecimientos pusieron de manifiesto que la élite política tradicional había perdido la capacidad de administrar un descontento social que amenaza de manera directa los pilares económicos del neoliberalismo: el poder omnímodo de las AFP y las ISAPRE; un régimen laboral que permite el dominio pleno de las empresas por encima de los trabajadores; el control de la economía por parte de un reducido grupo de grandes empresas; y, finalmente, la fragmentación de las organizaciones sociales de los trabajadores.

El gobierno de Kast surge, y así lo muestra la cuenta presidencial, surge como una reacción contra ese consenso, bajo la tesis de que la política de los acuerdos y el gradualismo fueron, en realidad, una concesión al estatismo que terminó por paralizar al país. Y de la que fue partícipe, según el lenguaje “libertario”, incluso un sector de la derecha despectivamente mostrada como “la derechita cobarde”. La reingeniería busca no solo eliminar los "parásitos" (regulaciones, burocracia, derechos sociales garantizados) que, según ellos, le quitaron “dinamismo” al mercado, sino también insertar en la opinión pública una asociación entre, por una parte, movimiento social, derecho a huelga y a manifestarse y, por otra, con la delincuencia y el lumpen.

Este concepto, explotado hasta el cansancio durante la campaña presidencial, es puesto nuevamente ante la ciudadanía, haciendo del “miedo” un factor aún más relevante que la economía.

Mantienen así una percepción de inseguridad (crimen organizado, migración descontrolada, barrios tomados) que se percibe como el eje central de la vida cotidiana. Y todo responde a una lógica clara: Cuando la integridad física está en riesgo, el ciudadano posterga cualquier otra demanda (salud, educación, derechos sociales). La derecha ofrece "orden" y "mano dura", conceptos que -con la ayuda de los medios de comunicación- siguen resonando como la única salida posible ante una izquierda que, a ojos del votante, parecía priorizar "debates identitarios" o "complejidades teóricas", por sobre la urgencia de cerrar las calles al delito.

Durante los últimos gobiernos, la población fue testigo de una serie de impactantes eventos de impericia e irresponsabilidad en la gestión del Estado: desastres naturales sin respuesta rápida y sin mediar explicación alguna a la ciudadanía; colapso en el funcionamiento de numerosos servicios, deteriorando severamente la calidad de las prestaciones públicas; corrupción en fundaciones y una burocracia que parece funcionar para sí misma.

Todo esto eficientemente manipulado desde todas las redes de información pública. Se da incluso el contrasentido, que se mantiene hasta el día de hoy, que numerosos periodistas y/o comunicadores que en su momento parecían ser sinceros partidarios del “estallido social”, hoy se prestan gozosos para acompañar el mensaje oficialista por la “seguridad”, contra las movilizaciones sociales y en una constante labor por establecer una suerte de sinonimia entre las justas demandas ciudadanas y el accionar de la delincuencia y del lumpen.

Y los resultados son más que claros, parte de la ciudadanía, sobre todo aquella que ha llegado a considerarse parte del establishment, a pesar de la fragilidad de sus ingresos y trabajos, fatigada de la ineficacia, se ha comprado la narrativa de la "reingeniería", sin protestar incluso cuando ya comienzan a eliminarse beneficios y sociales.

Esta es una de las razones que explica una extraña apatía social, además de la incapacidad de los partidos de oposición para entender el nuevo mundo que los rodea, y menos de entender las necesidades más urgentes de los asalariados.

La cuenta presidencial ha continuado aprovechando este sentimiento ciudadano: si el Estado no funciona, reina la corrupción y la flojera de los funcionarios públicos, y los políticos solo discuten, emerge con gran atractivo la promesa de una derecha técnica, pragmática y "sin rodeos", que "haga las cosas". La gente votó por un "gerente" que pusiera orden en la casa, asumiendo que el costo de la austeridad era necesario para volver a la eficiencia.

En este sentido, el mensaje fue claro en promover la convicción de que las sociedades solo prosperan cuando se favorece la libre iniciativa de las personas y se reduce la burocracia estatal. Lo que no dijo el mensaje es que se refería a la libre iniciativa de las “personas” que son dueñas del capital y de las empresas; y que la reducción de la burocracia estatal implica de manera directa el recorte y/o eliminación de servicios públicos.

Lo que no dijo el mensaje es que con el “apoyo a la libre iniciativa de las personas”, léase reducción del impuesto corporativo, también se busca reducir la burocracia del Estado, es decir, la prestación de servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social, etc.  

Otros dos momentos destacados de esta Cuenta Presidencial: el primero, la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y el Orden (¿Se acuerdan? El mismo que fue alterado por el estallido social), bajo el principio de que sin orden no hay libertad, y que el Estado debe garantizar sin ambigüedades el imperio de la ley. El segundo, el mercado abierto se define como la herramienta principal para la superación de la pobreza, y por eso es necesario terminar con todos aquellos derechos sociales que impiden que “las personas” (si aquellas que son las dueñas del capital, no el simple asalariado de la calle) puedan invertir contratando o despidiendo a su antojo a los trabajadores. Hoy es ya común escuchar que el salario mínimo, resultado de duras luchas de los trabajadores, es un impuesto adicional que frena la recuperación de la economía.

Así las cosas, la Cuenta Presidencial mostró tres ejes principales para el Gobierno: Recuperar el orden y fortalecer la seguridad; Impulsar la reconstrucción del país y su institucionalidad; Reactivar la economía y generar miles de empleos.

Algunos resultados ya son patentes en los primeros tres meses: Despliegue de operativos en macrozonas anteriormente consideradas "vedadas" en la Araucanía y Arauco, con apoyo de las FF.AA.; Ingreso efectivo a terrenos ocupados en Cerro Chuño, El Boro, Cartagena y La Chimba; Implementación de medidas de contención de gasto público, con la promesa de que no se afectarán beneficios sociales; Anuncios de inversiones que por ahora son solo anuncios.

Finalmente, el discurso presidencial dejó en claro varias cosas, entre ellas: La prometida “reconstrucción” es un intento de fortalecer el "Estado de Orden", bajo la lógica que si el Estado no puede proveer derechos universales de forma eficiente, que se concentre exclusivamente en lo que nadie más puede hacer: asegurar el territorio y garantizar la propiedad. Las palabras de la autoridad mostraron que su apuesta es por un Estado Fuerte en lo coercitivo y Débil en lo social, donde predomina el desmantelamiento de la gobernanza existente: mientras gobiernos anteriores buscaban integrar a los actores sociales (sindicatos, colegios profesionales, gremios) en el diseño de las políticas, para la “reconstrucción” se resuelve excluir a estos cuerpos intermedios. Por esta vía se reemplaza la negociación por la eficiencia técnica, como ejemplo pueden tomarse los resultados de las negociaciones del Gobierno con la CUT por el salario mínimo, con el claro predominio de una “eficiencia técnica” que condena a los asalariados a ingresos de hambre. Y todo esto en un marco donde se reemplaza el diálogo social por la voluntad de la autoridad estatal.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.