LA DERECHA FRENÓ EN EL SENADO INICIATIVA QUE LEVANTA EL SECRETO BANCARIO EN CASOS DE CRIMEN ORGANIZADO

Crónica Digital4 junio, 2026

La Derecha en el Senado votó en bloque en contra del levantamiento del secreto bancario, en el marco de la discusión del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades que tengan relación con el crimen organizado.

El resultado fue un empate de 23 a favor y 23 en contra. Así, se deberá votar en la próxima sesión ordinaria la norma luego que recibiera doble empate en dos ocasiones. Señala: “Excepcionalmente la Unidad de Análisis Financiero podrá requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria, de forma directa y sin previa autorización judicial, y ésta estará obligada a proporcionarla, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hayan sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia”.

La propuesta, que está en su tercer y último trámite constitucional, recibió una serie de modificaciones en la Cámara de Diputados, las que fueron aprobadas en su mayoría por la Sala del Senado, rechazando solamente esta disposición que permitiría el levantamiento del secreto bancario cuando se investigue a asociaciones criminales y delictuales.

Durante la discusión se recordó la “Operación Tokio”, un mega operativo policial y judicial que logró desarticular el brazo financiero y una célula del Tren de Aragua, asegurándose que “este procedimiento podría haberse realizado con mayor rapidez, si estuviera este proyecto promulgado como ley porque de seguro existen más ejecutivos bancarios coludidos con organizaciones criminales”.

Votaron en contra de la propuesta de norma los senadores de Renovación Nacional Andrea Balladares, Miguel Becker, Camila Flores, María Gatica, Carlos Kuschel, Andrés Longton, Manuel Ossandón y Paulina Núñez, quien además es la presidenta del Senado. También los republicanos Renzo Trisotti, Ignacio Urrutia y Arturo Squella, timonel de la colectividad, junto a los independientes republicanos Rodolfo Carter y Cristián Vial. Asimismo, los UDI Sergio Gahona, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe, Javier Macaya e Iván Moreira, quien es vicepresidente del Senado. Junto a ellos los miembros de Evópoli Luciano Cruz–Coke y Sebastián Keitel; Vanessa Kaiser del Partido Nacional Libertario, Enrique Lee, del Comité Renovación Nacional e Independientes y Alejandro Kusanovic (Independiente).

A favor votaron los senadores Pedro Araya y Ricardo Celis (PPD); Danissa Astudillo, Paulina Vodanovic, Juan Luis Castro, Gastón Saavedra y Fidel Espinoza (PS); Karim Bianchi, Ximena Ordenez, Alejandra Sepúlveda y Fabiola Campillai (independientes); Yasna Provoste, Iván Flores y Francisco Huenchumilla (DC); Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez (Frente Amplio); Vlado Mirosevic (Partido Liberal); Karol Cariola, Claudia Pascual y Daniel Núñez (PC); y Esteban Velásquez (FREVS).

A ellos se sumó Matías Walker del extinto partido Demócratas, hoy parte del Comité Evópoli e independientes.

El debate sobre levantamiento del secreto bancario se remonta a una iniciativa legislativa presentada en mayo de 2022 por los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, que planteaba establecer una excepción al secreto y reserva bancaria específicamente para altas autoridades del Estado (incluidos parlamentarios, ministros y el propio Presidente). El argumento central era la exigencia ciudadana de mayor transparencia y probidad en el ejercicio de la política para evitar el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés. Esta propuesta aún se encuentra en tramitación legislativa.

Posteriormente, al año siguiente, el Gobierno de Gabriel Boric remitió el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, entre ellas la ahora motivo de controversia. El origen de esta propuesta fue el diagnóstico transversal de que el crimen organizado maneja redes de lavado de activos y que la burocracia judicial tradicional hacía que el Estado “llegara tarde” cuando el dinero ya había sido desviado o sacado del país.

Crónica Digital. Valparaíso

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.