Por Pablo Elgueta Piñeyro – El Desconcierto - 10 de junio de 2026
Los problemas sociales pueden esconderse de la vista. Lo que nunca desaparece mediante castigos son las condiciones que los producen.
Las propuestas para retirar beneficios sociales a quienes cometan incivilidades y criminalizar los rucos levantados por personas en situación de calle revelan un cambio profundo en la forma en que una parte de la derecha chilena entiende la cuestión social. Allí donde generaciones anteriores vieron un desafío de integración, emerge hoy una mirada que privilegia el castigo y el control.
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Hay propuestas que dicen combatir la inseguridad, la marginalidad o el deterioro urbano, pero que terminan revelando algo más interesante: la manera en que quienes las promueven entienden la sociedad y el papel que corresponde desempeñar al Estado.
La propuesta del gobierno de José Antonio Kast de retirar beneficios sociales a quienes cometan determinadas incivilidades y las iniciativas destinadas a criminalizar los rucos merecen ser observadas desde esa perspectiva.
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La expresión “cuestión social” ocupa un lugar central en la historia política chilena. A comienzos del siglo XX describía los problemas derivados de la modernización: pobreza urbana, hacinamiento, precariedad laboral y exclusión. Lo interesante es que la preocupación por estos fenómenos no surgió únicamente desde la izquierda.
Una parte importante de la derecha de la época, influida por la Doctrina Social de la Iglesia y por corrientes conservadoras reformistas, comprendió que el orden social no podía sostenerse exclusivamente sobre la autoridad. Debía descansar también sobre mecanismos de integración capaces de incorporar a quienes quedaban rezagados por los procesos económicos y sociales.
Aquellas derechas no eran igualitaristas ni revolucionarias. Pero compartían una convicción elemental: los problemas sociales no desaparecen castigando a quienes los encarnan. Vista desde esa perspectiva histórica, la discusión actual resulta reveladora.
La propuesta de retirar beneficios sociales a quienes incurran en determinadas incivilidades parece descansar sobre una intuición sencilla: quien daña a la comunidad no debiera seguir recibiendo apoyo de ella. Sin embargo, cuando se observan sus efectos concretos aparece una dificultad evidente. Dos personas pueden cometer exactamente la misma conducta y enfrentar consecuencias radicalmente distintas. Quien financia privadamente su educación, salud y jubilación apenas advertirá el castigo. Quien depende de la gratuidad, de la red pública de salud o de la PGU verá afectadas dimensiones esenciales de su vida cotidiana.
La diferencia no proviene de la conducta realizada. Proviene de la posición social de quien la realiza.
Pero existe un problema aún más profundo. Si la educación pública, la salud, las pensiones o determinados subsidios pueden ser retirados como castigo adicional, dejan gradualmente de ser entendidos como derechos asociados a la ciudadanía y comienzan a parecer beneficios condicionales. La pregunta de fondo es si la protección social constituye un derecho o una concesión que el poder puede revocar.
Resulta significativo que esta lógica también entre en tensión con tradiciones intelectuales habitualmente reivindicadas por la propia derecha. Friedrich Hayek sostuvo que una sociedad libre debía regirse por reglas generales e impersonales, aplicables a todos por igual. Sin embargo, una medida cuyos efectos dependen directamente del nivel de ingresos de cada persona termina operando no sólo sobre la conducta, sino también sobre la vulnerabilidad.
Algo similar ocurre con las propuestas destinadas a criminalizar los rucos. Estas iniciativas descansan sobre la idea de que eliminar una manifestación visible del problema equivale a resolver el problema mismo. Pero el ruco no es la causa de la situación de calle. Es una de sus expresiones más visibles.
Jeremy Waldron observó hace décadas que quienes carecen de vivienda enfrentan una paradoja elemental: en sociedades donde prácticamente todo espacio pertenece a alguien, no existe un lugar legítimo donde realizar actividades tan básicas como dormir o protegerse de la lluvia. Cuando todas las alternativas están prohibidas, la propia existencia cotidiana comienza a transformarse en una infracción potencial.
La relevancia de esta observación no consiste en justificar la ocupación de espacios públicos. Consiste en recordar que los problemas sociales no desaparecen porque se prohíban sus manifestaciones más visibles.
Quizás allí radique la principal novedad de esta nueva derecha. Durante gran parte del siglo XX, incluso quienes defendían el orden social existente comprendieron que la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad constituían problemas de integración. Las propuestas que hoy se discuten parecen inspirarse en una lógica distinta. La vulnerabilidad deja de aparecer como una situación que exige integración y comienza a ser tratada como una condición sospechosa que requiere vigilancia, disciplina o sanción.
Los problemas sociales pueden esconderse de la vista. Lo que nunca desaparece mediante castigos son las condiciones que los producen.
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