Fernando García Díaz – Para UTE-NOTICIAS – 12 de junio 2026

Hace algunas horas el Senado rechazó la norma que habría facilitado el acceso a información bancaria en investigaciones vinculadas al crimen organizado. La votación reabrió una discusión que lleva años dividiendo a la política chilena: hasta dónde debe llegar el secreto bancario cuando se persigue el narcotráfico, el lavado de activos o la corrupción.

Y sin embargo hay oposición. Y hoy, como ayer, con una pobre argumentación.

Hace un par de años, algunos, desconociendo abundante evidencia disponible o simplemente ignorándola, sostenían que el crimen organizado no utilizaba el sistema bancario. Precisamente en junio de 2024, Bernardo Fontaine señalaba: "Otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias". Le seguía, en esta misma línea, Ruth Hurtado, hasta marzo de este año secretaria general del Partido Republicano y hoy jefa de Gestión Ciudadana de la Presidencia, quien en un programa de Radio Cooperativa repetía: "...pero recordemos que el narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo".

La afirmación no resistía el contraste con la evidencia disponible en Chile y en el extranjero.

En verdad, a la fecha de esas afirmaciones había en el mundo miles de casos que evidenciaban lo contrario. Y bancos enteros involucrados, como el Ambrosiano o el Bank of Credit and Commerce. Pero también había casos en Chile. Basta recordar que el llamado "Pacogate", el mayor fraude al Fisco de la historia del país, por más de 35.000 millones de pesos, se descubrió por movimientos bancarios irregulares; que en el caso Corpesca, la empresa que realizó pagos a políticos a cambio de influencias y favores en la legislación pesquera los canalizó a través de cuentas bancarias y transacciones financieras; y que podríamos recordar decenas de otros casos. Uno de los mayores casos de corrupción de la historia chilena fue descubierto precisamente siguiendo la ruta del dinero. Sin las investigaciones sobre las cuentas secretas que Augusto Pinochet mantenía en el Banco Riggs, gran parte de ese patrimonio oculto jamás habría sido conocido por la opinión pública ni sometido a escrutinio judicial.

En esa misma fecha, el exfiscal Carlos Gajardo señalaba que, según la Unidad de Análisis Financiero, en más de la mitad de los casos con condenas por lavado de activos se habían utilizado los bancos para ello.

Hoy, y particularmente después de conocerse algunos antecedentes sobre la Operación Tokio, que detectó una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua mediante cuentas bancarias, resulta imposible sostener lo anterior. Por ello, se levantan otras consideraciones.

Así, por ejemplo, se argumenta que ya existe el levantamiento del secreto bancario. Lo que es efectivo, pero eso no está en discusión. Las instituciones encargadas de la persecución penal relacionadas con el tema —la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero— han señalado, en reiteradas oportunidades, que el requisito judicial ralentiza las investigaciones, que el crimen organizado mueve rápidamente los fondos y que el sistema actual dificulta seguir la ruta del dinero.

Algunos parlamentarios han planteado que las cuentas bancarias contienen información sensible sobre la intimidad de las personas y que cualquier excepción al secreto debe estar sometida a un estándar elevado de control. Pero parecen olvidar que el proyecto que rechazan sí entrega la decisión a instituciones con un estándar elevado de control. Por lo demás, el argumento de la protección de la intimidad se desploma cuando de empresas se trata. ¿O alguien cree que las empresas también tienen intimidad que defender? Y, sin embargo, tampoco están disponibles para levantar el secreto bancario respecto de las empresas.

Uno de los argumentos más recurrentes es el que se refiere al riesgo de uso político. La verdad es que ese riesgo existe en muchas situaciones, como la interceptación de teléfonos, la realización de allanamientos, el acceso a información tributaria, la revisión de antecedentes migratorios o la consulta de bases de datos públicas y privadas, y nadie ha planteado prohibirlas.

El hecho de que exista riesgo de abuso no implica necesariamente eliminar la facultad, sino establecer controles y sanciones, exigir una investigación formal previa, registrar quién consultó la información, establecer auditorías independientes e imponer sanciones penales a funcionarios que utilicen indebidamente los datos.

El problema no es elegir entre privacidad o persecución del crimen organizado. El problema es diseñar mecanismos que permitan perseguir el crimen organizado sin sacrificar las garantías de los ciudadanos.

Especialmente frente al fenómeno de la criminalidad organizada, seguir la ruta del dinero reporta varias e importantes ventajas. Por un lado, permite que la investigación se encauce hacia los jefes, que son, en definitiva, quienes manejan las grandes sumas de dinero, lo que no suele ocurrir cuando se incauta droga, se detiene a sicarios o se encarcela a secuestradores, pues los jefes tienen la precaución de mantenerse normalmente alejados, tanto física como orgánicamente, de la parte operativa.

Por otro lado, la investigación cuenta, desde el primer momento en que se establece la ilegalidad de las operaciones bancarias, con documentación probatoria, lo que facilita seguir las diferentes redes, así como obtener condenas por los delitos. Por último, permite la incautación de importantes recursos monetarios o materiales adquiridos con esos recursos, privando a las organizaciones criminales de uno de los principales elementos que permiten su existencia.

Es decir, perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales es una de las principales herramientas que hoy existen en el mundo para combatirlas: apunta a los líderes, aporta pruebas y priva de recursos a la organización criminal.

No se trata de una innovación chilena. Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte de las democracias occidentales han construido sus estrategias contra el crimen organizado sobre el seguimiento de los flujos financieros. El propio Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que fija estándares mundiales en la materia, promueve mecanismos que permitan identificar el origen, destino y beneficiarios finales de los recursos económicos.

Ahora bien, si todos los antecedentes apuntan a que seguir la ruta del dinero es una de las herramientas más eficaces para combatir el crimen organizado, y si además existen mecanismos institucionales para proteger la privacidad y evitar abusos, la persistencia de esta oposición merece una explicación más profunda. ¿Qué interés público relevante justifica mantener barreras que dificultan conocer el origen y destino de grandes sumas de dinero?

Resulta legítimo preguntarse si detrás de esta resistencia no existe algo más que una preocupación por la privacidad o las garantías procesales. Después de todo, las herramientas que permiten seguir la ruta del dinero no solo sirven para perseguir al narcotráfico. También pueden revelar casos de corrupción, evasión tributaria, financiamiento irregular de la política y otras formas de delincuencia económica que históricamente han comprometido a sectores con acceso al poder y a los recursos.

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