Maximiliano Alarcón G.- Interferencia – 14 de junio 2026
El documento realizado por el estudio Contreras Velozo sirvió para fundamentar la cobranza a los deudores y ahora es utilizado como argumento por la Tesorería frente a los recursos de protección presentados por los morosos afectados.
Si el alto costo de la vida ya era un peso agobiante para los habitantes de Chile, durante los últimos días se sumó un problema altamente complejo para millones de personas: el cobro de la deuda del Crédito Aval del Estado (CAE) por parte de la Tesorería General de la República (TGR).
Es un tema que sigue en desarrollo y aún es incierto si existirán medidas políticas o judiciales definitivas que reviertan el panorama.
Asimismo, el debate social persiste entre quienes sostienen que los deudores deben cumplir con su responsabilidad de pagar, versus los que argumentan que los altos intereses del CAE vuelven imposible para mucha gente el ponerse al día, considerando los sueldos insuficientes e incluso la alta cesantía.
Pero el gobierno, a cargo de la TGR a través del Ministerio de Hacienda, se ha mantenido firme en que los morosos deben saldar cuentas, sin tomar en cuenta la situación económica de los mismos.
Al respecto, Interferencia accedió a un antecedente no menor para el debate: un informe encargado por la TGR al estudio de abogados Contreras Velozo (Covel), el cual fue entregado el 6 de mayo pasado y cumple con el objetivo de ser un argumento jurídico para cobrar el CAE.
Antes de pasar al fondo del documento, lo más llamativo en términos políticos es que Covel, liderado por Francisco Velozo Alcaide y Óscar Contreras Blanco, entre las diversas áreas en que se desempeña es en la defensa de grandes empresas acusadas por el delito de colusión.
De acuerdo a un artículo de La Tercera publicado en octubre de 2024, Covel ha defendido al Casino Marina del Sol, a Indura, a Eukor y a Detroit Chile, en casos de colusión que ha visto el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Este delito ha sido uno de los más polémicos en Chile en las últimas décadas, sobre todo por casos como la ‘colusión del confort’ y la ‘colusión de los pollos’.
En este último, precisamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue identificado por la justicia como el creador del modelo de consumo utilizado por las empresas involucradas.
El texto de 29 páginas, firmado por Óscar Contreras Blanco y Óscar Contreras Pomés, indica en sus conclusiones que “la legalidad y procedencia del uso del Procedimiento de Cobro CT por parte de la TGR para la recuperación de los créditos CAE subrogados es, en concepto de los autores de esta opinión, indubitada. La habilitación legal es expresa; el procedimiento es constitucionalmente idóneo; las objeciones tienen respuesta directa en el texto y en la sistemática del ordenamiento; y la jurisprudencia reciente, lejos de proscribir el cauce, sólo ha trazado límites a potestades accesorias que no lo comprometen”
Esta asesoría no solamente sirvió para sustentar el inicio del cobro a los deudores del CAE, sino que también está siendo utilizado por la TGR en tribunales de alzada actualmente, frente a los recursos de protección presentados por las personas que se han visto afectadas con el embargo de sus bienes.
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