Por: Simon Del Valle

El Clarín Chile.16 junio, 2026

Uno de los principales desafíos del gobierno de José Antonio Kast está emergiendo con claridad a pocos meses de iniciado su mandato: la creciente tensión entre su proyecto económico de inspiración neoliberal y las necesidades fiscales de un Estado que debe responder a crecientes demandas sociales y de seguridad.

El reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda de que el equilibrio fiscal prometido no será alcanzado constituye mucho más que un ajuste técnico. Revela una contradicción estructural del programa económico oficial: reducir impuestos mientras se promete fortalecer la seguridad y mantener servicios esenciales.

La rebaja tributaria impulsada por el gobierno —particularmente la disminución del impuesto corporativo— responde a una lógica clásica del pensamiento neoliberal. La premisa es conocida: menores impuestos incentivan la inversión privada, aumentan el crecimiento y, eventualmente, generan mayores ingresos fiscales. Sin embargo, la experiencia internacional y chilena muestra que ese resultado no siempre ocurre con la rapidez o magnitud esperadas.

Mientras tanto, la reducción de la carga tributaria tiene un efecto inmediato: disminuye los ingresos del Estado.

La pregunta es inevitable: si el Estado recauda menos, ¿quién financiará la seguridad, los hospitales, la educación pública o las políticas sociales?

Una respuesta implícita del modelo neoliberal es que parte de esas funciones deben ser asumidas por el sector privado. Chile conoce bien ese camino. Las concesiones viales son un ejemplo: infraestructura financiada o gestionada por privados bajo diversos mecanismos de subsidio o garantía estatal. Algo similar ocurrió en áreas como las pensiones, la salud o parte de la educación.

Los críticos de este enfoque sostienen que no se trata simplemente de reducir el tamaño del Estado, sino de transferir funciones y recursos públicos hacia actores privados. Los defensores replican que la participación privada mejora la eficiencia y la calidad de los servicios.

Pero incluso si se acepta esa lógica, permanece una pregunta crucial: ¿hasta dónde puede reducirse el gasto social sin aumentar la desigualdad, la pobreza o el sufrimiento de sectores vulnerables?

La interrogante adquiere mayor relevancia en un país donde el trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Hace algunas semanas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que la mejor política social era el pleno empleo. La afirmación refleja una visión ampliamente extendida en la economía liberal. Sin embargo, la realidad chilena muestra un fenómeno creciente: trabajadores pobres, empleos precarios y salarios que no siempre permiten superar condiciones de vulnerabilidad.

El empleo es condición necesaria para el bienestar, pero no siempre suficiente.

Existe otra señal que alimenta las dudas sobre la viabilidad del actual diseño fiscal: la solicitud del gobierno para autorizar endeudamiento por miles de millones de dólares. La medida podría interpretarse como el reconocimiento implícito de que la rebaja tributaria reducirá ingresos fiscales en el corto plazo y que será necesario compensar parte de ese efecto mediante deuda.

Paradójicamente, mientras el gobierno reivindica el equilibrio fiscal como principio rector, las propias condiciones económicas parecen alejar ese objetivo. Menores ingresos tributarios, mayores necesidades de seguridad, presiones sociales persistentes y un escenario internacional incierto tensionan las cuentas públicas.

La discusión de fondo, por tanto, no es únicamente contable. Es política y ética. ¿Qué Estado necesita Chile? ¿Uno más pequeño y orientado a subsidiar la provisión privada de servicios, o uno con mayor capacidad redistributiva y de protección social?

Las respuestas a esas preguntas no solo definirán el destino del actual gobierno. También delinearán el tipo de sociedad que Chile busca construir en las próximas décadas.

Simón del Valle

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.