Por: Germán Silva Cuadra. Psicólogo, académico y consultor

El Mostrador. 22 junio, 2026

El Registro Único de Vándalos contempla sanciones para delitos e incivilidades que afectan la convivencia, pero deja fuera conductas como la colusión, el fraude, la corrupción y otros abusos de poder. No estaría mal ampliar su alcance para incluir todas las acciones que dañan el interés público.

El Registro Único de Vándalos es una de las iniciativas más ideológicas que José Antonio Kast impulsó durante la campaña. El objetivo era claro: perseguir a quienes se convirtieron en protagonistas de la segunda fase del estallido social, es decir, una masa heterogénea en la que predominaban conductas anómicas como el rayado de monumentos y paraderos, los destrozos de infraestructura pública y también acciones más graves, como el lanzamiento de bombas molotov por personas que utilizaban overoles blancos.

Sin embargo, este tipo de conductas también es practicado por integrantes de barras bravas, jóvenes acomodados que destruyen mobiliario urbano en comunas como Vitacura, ejecutivos que creen tener derecho a insultar y degradar a otras personas cuando viajan en avión, entre muchos otros comportamientos que han ido transformando nuestra sociedad en un espacio más agresivo y menos respetuoso.

Para la derecha republicana, en cambio, el problema parece tener únicamente un color político, como si pudiera verse en blanco y negro, sin comprender que se trata de un fenómeno transversal.

En la cuenta pública, el mandatario anunció oficialmente el proyecto. La iniciativa contempla la creación de un registro de vándalos administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación. En lo medular, tipifica conductas consideradas faltas, entre ellas aquellas que “afecten los espacios públicos, plazas, paraderos e infraestructura”. También incorpora infracciones vinculadas a la “convivencia ciudadana” y las denominadas “incivilidades”, es decir, comportamientos descorteses, groseros o irrespetuosos que rompen las normas sociales y el respeto mutuo, aunque no exista una intención deliberada de causar daño.

Curiosamente, varias de estas conductas ya están contempladas en la Ley Karin, como el uso de garabatos, insultos o burlas de carácter sexual o étnico, chistes sexistas y juicios discriminatorios, entre otras acciones consideradas acoso en el ámbito laboral.

Entre las conductas que permitirían ingresar a este registro figuran atentados contra la autoridad —como carabineros, personal de salud o fiscales—, lesiones, amenazas, homicidios, retención del transporte público, tráfico o microtráfico de drogas, rayados no autorizados, consumo o venta de alcohol en la vía pública e incluso la evasión del pago del transporte público.

Se trata, por cierto, de conductas de muy distinta gravedad y difícilmente comparables entre sí. No es lo mismo cometer un delito grave, como provocar lesiones a una persona, que consumir una cerveza en la vía pública.

El registro operaría respecto de personas condenadas por delitos graves durante cinco años —o dos años si se trata de menores de edad— y por un año en el caso de las incivilidades. Entre sus principales sanciones se contempla la pérdida de beneficios estatales, como la gratuidad en educación superior, la suspensión de la PGU, la prohibición de asistir a partidos de fútbol, dificultades para obtener la licencia de conducir y restricciones para acceder a subsidios.

No cabe duda de que estas sanciones están diseñadas principalmente para personas de menores ingresos que dependen de dichos beneficios. Difícilmente los protagonistas de casos como Penta, Carlos Délano y Carlos Alberto Lavín, reciben la PGU.

Pero ¿qué es lo más curioso de este proyecto? Que no incorpora ninguna conducta vinculada con estafas, uso indebido de recursos públicos para campañas, elusión tributaria, emisión de boletas ideológicamente falsas, colusión, usura u otras prácticas asociadas a abusos contra los consumidores o cometidas por personas de “cuello y corbata”.

Al parecer, que varias empresas se coludan para perjudicar a sus clientes no constituye una falta a la convivencia ciudadana ni una incivilidad. Por supuesto, varios de sus responsables ya han cumplido con severas sanciones, como asistir a clases de ética o escribir mil veces en una pizarra “no lo volveré a hacer”.

Si el Gobierno pretende crear un registro de vándalos y autores de conductas incívicas, parece una buena oportunidad para incorporar también a quienes dañan la convivencia y el respeto social desde otras posiciones de poder, en lugar de focalizarlo exclusivamente en quienes marchan, provocan desórdenes o rayan paredes —personas desadaptadas y anómicas, como hemos señalado— y que el mundo republicano suele identificar automáticamente con la izquierda.

Porque, seamos francos, el proyecto parece tener un objetivo muy específico: ajustar cuentas con un grupo que protagonizó hechos de violencia durante el estallido social.

El problema es que una parte importante de quienes incurren en conductas vandálicas o incívicas no necesita beneficios públicos y, en algunos casos, incluso es remunerada con recursos de todos los chilenos mientras disfruta de los privilegios de pertenecer a esta sociedad.

En ese contexto, aquí va un aporte a la discusión parlamentaria sobre el proyecto, con algunos grupos y conductas que podrían incorporarse al registro, al menos para que enfrenten dificultades al renovar su licencia de conducir.

Parlamentarios que insultan o incluso agreden físicamente a sus colegas, vuelan por la sala, presentan boletas falsas, faltan a las sesiones sin justificación o ingresan solo unos minutos para marcar asistencia, o que se van de vacaciones al Caribe durante las semanas distritales. Congresistas acusados, condenados o desaforados —24 desde 1990— por diversos delitos y que continúan asistiendo al Congreso como si nada hubiera ocurrido. Senadores que cobran “cuotas” a sus trabajadores para recaudar dinero irregular o que simplemente nunca pagan los servicios contratados durante sus campañas a quienes confiaron en ellos.

Alcaldes encarcelados por desfalco o que se coluden en licitaciones de luminarias para quedarse con una gran tajada; matrimonios que terminan en prisión siendo ella exalcaldesa y él exdiputado; o concejalas que realizan contenido para adultos mientras cumplen arresto domiciliario.

Curas pedófilos de todas las corrientes de la Iglesia, desde las más progresistas hasta las más conservadoras, que no solo abusan de niños y adolescentes, sino que además traicionan la confianza de sus fieles para luego terminar sus días protegidos por la propia institución, viviendo en excelentes condiciones y atendidos por diligentes religiosas.

Violadores de derechos humanos y autores de crímenes de lesa humanidad que no solo cumplen condena en recintos similares a un resort, sino que además reciben pensiones como exmilitares cercanas a los sueldos que percibían en servicio activo, financiadas por todos los chilenos.

Si el proyecto busca restringir la PGU a quienes beben cerveza en la vía pública, también podría contemplar la pérdida de esos beneficios para las “incivilidades” mencionadas.

Empresarios coludidos que abusan de los consumidores, especialmente de los más vulnerables, al ponerse de acuerdo para perjudicarlos con productos de uso masivo como el confort, los pollos o los medicamentos, olvidando, por cierto, la devoción que suelen profesar por un mercado que —afirman— se autorregula.

Ejecutivos poderosos o jefes prepotentes que consideran a los demás simples servidores sin derechos, a quienes pueden insultar, humillar o garabatear porque los consideran inferiores. O pasajeros que compran un boleto en clase ejecutiva y creen que ello les otorga el derecho a tratar de “mono” a otro ser humano o a considerar que cualquier persona distinta de ellos no merece siquiera ocupar el asiento contiguo.

Personas que se saltan la fila, vulnerando los derechos de quienes esperan su turno, como una jefa de gabinete de cualquier autoridad —incluso del Presidente de la República— o quienes, pese a pertenecer a familias de altos ingresos y vivir en barrios acomodados, postulan junto a sus hermanos y obtienen subsidios destinados a la clase media para desarrollar negocios inmobiliarios, restando oportunidades a quienes realmente los necesitan.

Por supuesto, todos estos casos son hipotéticos. Cualquier semejanza con la realidad chilena no sería más que una mera coincidencia.

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