Por: Leopoldo Lavín
El Clarín Chile. 23 junio, 2026
El pasado fin de semana, senadores del PS, PPD y FA rompieron su silencio y, en un gesto que pretende ser de «diálogo», condicionaron su apoyo al Paquete Neoliberal tributario del gobierno de José Antonio Kast a cambio de un puñado de «compensaciones fiscales». Los legisladores opositores entregaron al Ejecutivo un pliego de exigencias técnicas y políticas que incluye impuestos al tabaco, al diésel y a las apuestas en línea, junto con la eliminación del régimen de renta presunta. El argumento es «contribuir a que algo que está malo, quede bueno», en palabras de un senador socialista, pero lo que revela este movimiento es, en el fondo, la confirmación de una renuncia estratégica: la oposición no tiene un programa alternativo, solo busca parchar el proyecto de la ultraderecha.
La noticia, que debiera leerse como un acto de oposición responsable, se transforma en una evidencia más de la falta de voluntad política para construir un proyecto popular de izquierda. Los senadores del Socialismo Democrático y el Frente Amplio no presentan una contrapropuesta de fondo que dispute el núcleo neoliberal de la reforma—que reduce el impuesto corporativo del 27% al 23% y consagra 25 años de invariabilidad tributaria para las grandes empresas y que entrega los recursos naturales al capital foráneo. En lugar de eso, ofrecen un catálogo de «mitigaciones» que no alteran la estructura de concentración de la riqueza, sino que apenas buscan compensar el «forado» fiscal que ellos mismos diagnostican. Como señaló la senadora PS Paulina Vodanovic, su preocupación es que no haya recortes en salud, pero no plantean cómo financiar un sistema de derechos sin depender de la inversión privada.
El núcleo de la negociación es, además, profundamente revelador de su espíritu: piden postergar la votación para utilizar la semana regional y así lograr un «acuerdo transversal» que dé estabilidad política a la reforma. «¿Quién querrá venir a invertir si ven que ganaron por un voto?», arguye un legislador, revelando que su principal obsesión no es la justicia social, sino la certidumbre para los capitales. Esa lógica, que prioriza el riesgo país y la percepción de los inversionistas por sobre la redistribución, es la misma que ha gobernado Chile desde la transición, y que la ex Concertación nunca ha sabido cuestionar. Es la misma dinámica que los llevó a la derrota con Boric. Al pedirle a la derecha (RN) que sea «contribuyente» del acuerdo, la oposición legitima el proyecto de Kast y renuncia a ser el polo que lo enfrente.
El diagnóstico técnico que esgrimen—el déficit fiscal que se prolongaría por una década, la incertidumbre del crecimiento privado como único sostén del gasto público— es entendible, pero su propuesta se queda en la superficie. En lugar de exigir una reforma estructural que grave las grandes fortunas, termine con las exenciones a las utilidades y establezca un impuesto patrimonial progresivo, se limitan a pedir un tributo al tabaco o a las apuestas en línea, como si el problema fueran los cigarrillos y las plataformas digitales, y no la concentración del 80% de la riqueza en el 10% más rico. El Frente Amplio sugiere congelar los arriendos por cinco años, pero no toca el corazón del modelo inmobiliario que especula con la vivienda. El PS exige garantías para las listas de espera, pero acepta que el financiamiento siga atado al crecimiento incierto de una economía que ellos mismos califican de riesgosa.
Una oposición débil que acepta su condición de furgón de cola
Lo que está en juego no es solo la reforma tributaria, sino la posibilidad de construir una alternativa de izquierda que enfrente el neoliberalismo extremo que Kast representa. Los diputados y senadores de la ex Concertación —que alguna vez fueron el eje de la transición— han optado por la negociación de gabinete, por el «quid pro quo» de pequeñas compensaciones, en lugar de movilizar a la ciudadanía y disputar el relato en las calles. Como advirtió el senador Gastón Saavedra, «la idea es construir un acuerdo sólido», pero ese acuerdo no es con el pueblo, sino con el ministro de Hacienda y el jefe de gabinete, en reuniones estratégicas que excluyen a los movimientos sociales. La política, para ellos, se reduce a una mesa técnica donde se intercambian impuestos al diésel por votos en el Senado.
La consecuencia de esta estrategia errada es la profundización de las desigualdades. Al aceptar la reducción del impuesto corporativo como base de la discusión, la oposición valida que las grandes empresas paguen menos, mientras el Estado se financia con tributos al consumo—tabaco, diésel, apuestas—que golpean con más fuerza a los sectores populares. La riqueza seguirá concentrándose en la oligarquía y los altos patrimonios, no porque no haya alternativas, sino porque quienes debieran proponerlas han renunciado a hacerlo. El gobierno de Kast lo sabe y por eso negocia con tranquilidad: sabe que enfrente tiene a una oposición que pide migajas, no que disputa el poder.
El ministro Quiroz no se ha mostrado «particularmente receptivo» a los cambios en el crédito tributario al empleo o en el período de invariabilidad, mientras que pareciera el ministro Alvarado sí ha sido más abierto. Esa aparente división interna en el gobierno no es más que una táctica para fragmentar aún más a una oposición que ya llega dividida. Los senadores del PPD, PS y FA presentan sus pliegos por separado, sin una vocería común, sin un programa unificado que articule sus demandas. La imagen es la de un coro de voces que piden cosas distintas, mientras el gobierno avanza con su agenda.
La ciudadanía observa este espectáculo con escepticismo. Las encuestas muestran que la confianza en el Congreso sigue en mínimos históricos, y no es para menos: mientras el país enfrentará un verano extremo, una crisis de vivienda y un sistema de salud colapsado, la oposición se entretiene en negociar impuestos a las apuestas en línea. No hay un llamado a la movilización, no hay una propuesta de justicia tributaria, no hay una agenda de nacionalización de recursos estratégicos. Solo hay una gestión de la escasez dentro del mismo modelo que la produce. La ex Concertación, atrapada en su propia historia de moderación neoliberal, ha dejado de ser oposición para convertirse en una comparsa técnica del gobierno.
El costo de esta renuncia lo pagarán los sectores populares, una vez más. La concentración de la riqueza no se detendrá con impuestos al tabaco, y la desigualdad no se corrige con congelar arriendos sin tocar la especulación inmobiliaria. Lo que se necesita es un proyecto de izquierda que enfrente el neoliberalismo en su raíz, que proponga una reforma tributaria integral, que grave las grandes fortunas y las utilidades, que termine con los paraísos fiscales y que financie un Estado de bienestar robusto. Pero ese proyecto no está en la mesa de negociación, porque quienes debieran impulsarlo han preferido el sillón de la Cámara Alta antes que la calle.
La historia juzgará a estos legisladores no por sus intenciones, sino por sus actos. Al abrirse a apoyar el Paquete Neoliberal a cambio de compensaciones, han legitimado el proyecto de Kast y han sellado su propio destino como una oposición que no se opone. Mientras tanto, la oligarquía celebra, los altos patrimonios siguen acumulando y el pueblo chileno asiste, una vez más, a la confirmación de que la política es un negocio de élites. La pregunta final es si aún están a tiempo de rectificar, de construir una alternativa real que convoque y movilice. Pero por ahora, la respuesta es un silencio cómplice, disfrazado de diálogo.
Leopoldo Lavín Mujica
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