Por Apolo Olivares – Para UTE-NOTICIAS – 25-06-2026

La discusión sobre educación superior no es solamente cuánto cuesta estudiar ni quién paga. La verdadera pregunta es qué proyecto de país queremos construir. Chile necesita abandonar un modelo excesivamente largo, costoso y orientado al mercado, para avanzar hacia un sistema flexible, articulado y centrado en el desarrollo humano y productivo. Una educación superior moderna debe integrar universidades, formación técnica y aprendizaje permanente, garantizando acceso universal, calidad y responsabilidad compartida. Invertir en educación no es un gasto: es la principal estrategia para construir una sociedad más justa, innovadora y soberana."

La transformación de la educación superior chilena durante las últimas décadas no puede comprenderse únicamente como una reforma administrativa o económica. Se trata, en realidad, de un cambio profundo en la manera de concebir la sociedad, el Estado y el papel de las personas dentro de ella.

El neoliberalismo educacional no sólo introdujo mecanismos de competencia entre instituciones o nuevas formas de financiamiento. Más profundamente, instaló una idea: que la educación es un bien privado, cuyo principal beneficiario es el individuo, y no una responsabilidad colectiva orientada al desarrollo del país.

Bajo esta lógica, la universidad deja de ser una comunidad de conocimiento y se convierte en una organización que ofrece servicios; el estudiante deja de ser un ciudadano en formación y pasa a ser un consumidor; el rector se aproxima a la figura del gerente y el éxito institucional comienza a medirse por matrículas, ingresos y posicionamiento en el mercado.

Este paradigma tuvo una influencia decisiva en Chile a partir de las reformas implementadas durante la dictadura militar, inspiradas en las ideas económicas de los llamados "Chicago Boys" y en una concepción política que desconfiaba del Estado como garante de derechos sociales. Entre las figuras intelectuales y políticas asociadas a ese período se encuentra Jaime Guzmán, quien defendió una visión subsidiaria del Estado, según la cual éste debía intervenir sólo cuando los particulares no pudieran satisfacer determinadas necesidades.

La consecuencia fue la creación de un sistema altamente fragmentado y competitivo, donde proliferaron instituciones privadas y donde la expansión de la matrícula fue vista, muchas veces, como un indicador suficiente de éxito. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo no siempre estuvo acompañado por una reflexión estratégica sobre las necesidades del país ni por una adecuada regulación sobre la calidad y pertinencia de la oferta educativa.

Miles de jóvenes fueron impulsados a estudiar bajo la promesa legítima de movilidad social. Pero esa promesa se desarrolló en un contexto donde las instituciones competían por atraer estudiantes y donde la lógica de mercado tendía a privilegiar aquello que era rentable o demandado en el corto plazo, antes que aquello que podía contribuir al desarrollo científico, tecnológico, cultural o productivo de Chile.

El resultado fue una paradoja. Mientras el discurso afirmaba que la educación era la llave del progreso, muchos estudiantes enfrentaron largos años de estudio, elevados costos y una inserción laboral incierta. El riesgo fue individualizado: si el proyecto educativo no cumplía las expectativas, la responsabilidad recaía principalmente sobre quien había tomado la decisión de estudiar.

Esta situación plantea una pregunta ética y política de enorme relevancia: ¿puede una sociedad dejar al mercado la definición de su futuro intelectual y productivo?

Las experiencias internacionales sugieren que las naciones que han alcanzado mayores niveles de desarrollo no abandonaron la educación a las fuerzas del mercado. Por el contrario, construyeron políticas públicas de largo plazo, fortalecieron la investigación, impulsaron la educación técnica y vincularon estrechamente las universidades con las estrategias nacionales de innovación y crecimiento.

Desde una perspectiva progresista, la educación superior debe ser entendida como un bien público. Esto no significa negar la existencia de instituciones privadas ni desconocer la autonomía universitaria. Significa afirmar que la educación posee un valor social que excede el beneficio individual y que, por tanto, debe orientarse hacia objetivos colectivos: reducir desigualdades, promover la movilidad social, generar conocimiento y contribuir al desarrollo sostenible del país.

La discusión, entonces, no es solamente quién financia la educación ni cuántas universidades existen. La discusión es qué idea de sociedad queremos construir.

Si aceptamos que la educación es una mercancía, los estudiantes serán clientes y las universidades competirán por vender credenciales.

Pero si reconocemos que la educación es una de las expresiones más elevadas del esfuerzo colectivo, entonces la universidad recuperará su misión histórica: formar ciudadanos críticos, producir conocimiento y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, democrática y desarrollada.

Porque una nación que convierte la educación en negocio puede producir profesionales. Pero sólo una nación que la concibe como un proyecto común puede formar ciudadanos capaces de imaginar y construir un futuro mejor.

Luis Emilio Recabarren no pensaba la educación simplemente como instrucción técnica. Para él, la educación era una herramienta de emancipación de los trabajadores, una forma de construir ciudadanía, conciencia crítica y dignidad. Creía que el pueblo debía acceder al conocimiento para ser protagonista de su destino y no depender de las élites económicas o políticas.

Décadas más tarde, Salvador Allende impulsó un proyecto político que también concebía la educación, la ciencia y la cultura como pilares del desarrollo nacional. Su gobierno buscó ampliar el acceso a la educación y fortalecer la capacidad del Estado para conducir áreas estratégicas de la economía, con la idea de construir una vía chilena al socialismo, es decir, un camino propio, democrático e institucional hacia mayores niveles de igualdad y soberanía.

¿Cómo construir una sociedad donde el progreso no sea privilegio de unos pocos, sino una posibilidad compartida por todos?

El desarrollo consiste en expandir las capacidades y libertades reales de las personas. Una sociedad progresa cuando sus ciudadanos pueden aprender, crear, participar y desarrollar plenamente sus talentos.

Los países que liderarán el siglo XXI no serán necesariamente los que tengan más cobre, más litio o más recursos naturales. Serán aquellos capaces de:

• Formar científicos y técnicos de excelencia;
• Invertir en investigación;
• Desarrollar tecnologías propias;
• Generar innovación;
• Y transformar el conocimiento en bienestar colectivo.
• Eso significa que la educación superior debe dejar de ser vista solamente como una política social.

Debe convertirse en una política estratégica de desarrollo nacional.

¿Puede una sociedad dejar al mercado la responsabilidad de definir su futuro intelectual, científico y productivo?

Esta pregunta no pertenece solamente a Chile.

Es una pregunta universal.

Las sociedades más exitosas del mundo han debido enfrentarla.

Alemania comprendió que el desarrollo requiere otorgar prestigio y excelencia a la educación técnica.

Finlandia transformó la igualdad educativa en una política de Estado.

Corea del Sur apostó decididamente por la ciencia, la investigación y la innovación para superar la pobreza y convertirse en una potencia tecnológica.

Australia desarrolló mecanismos de financiamiento que buscan ampliar el acceso sin excluir a quienes poseen menos recursos.

Cada país siguió un camino distinto.

Pero todos comprendieron algo fundamental:

La riqueza más importante del siglo XXI no es el capital financiero ni los recursos naturales. Es el conocimiento.

Y el conocimiento posee una característica extraordinaria.

Mientras más personas tienen acceso a él, mayores son las capacidades de una sociedad para innovar, crear y prosperar.

Por eso la educación superior no puede ser concebida únicamente como un negocio ni tampoco exclusivamente como una política social.

Debe ser entendida como una estrategia de desarrollo nacional y humano.

Porque el desarrollo no consiste simplemente en aumentar el producto interno bruto. Desarrollo significa ampliar las capacidades de las personas. Significa que los ciudadanos puedan aprender, crear, investigar, emprender, participar y vivir con dignidad.

Las naciones del siglo XXI no serán juzgadas únicamente por el tamaño de su economía, sino por su capacidad de transformar el conocimiento en bienestar compartido. La verdadera riqueza de un país no está solamente en sus recursos naturales ni en sus mercados, sino en la inteligencia, la creatividad y la dignidad de sus ciudadanos. Por eso, discutir educación es, en realidad, discutir el futuro de la democracia, del desarrollo y de la esperanza.

Apolo Olivares – Ex Dirigente de la Universidad Técnica del Estado

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