Crónica Digital. 27 junio, 2026

“La primera dictadura en Chile fue la de Salvador Allende”, sentenció José Antonio Kast en octubre de 2022 al programa de la extrema derecha española “La Mañana de Federico”, a cargo de Federico Jiménez Losantos, en esRadio, medio español del conglomerado Libertad Digital. Tras haberse conmemorado el natalicio 118 del Presidente Allende, es interesar revisar sus palabras.

“La primera dictadura en Chile y que da origen al gobierno militar fue la de Salvador Allende y eso a mí me gusta aclararlo en Europa porque siempre hay una mirada tergiversada de nuestra historia. Salvador Allende (…) no fue electo con una mayoría, fue electo con el 30 por ciento de los votos y electo finalmente por el Congreso de la República, que a los mil días de su gobierno lo declara fuera de la Constitución. También la Corte Superior de Justicia, también la Contraloría que ve los actos administrativos y distintos gremios fueron señalando que se había marginado de la Constitución y eso provoca el golpe militar”.

Es notable que Kast se refiriera al Gobierno de Allende como dictadura y a la tiranía que encabezó a Augusto Pinochet la califique como “gobierno militar”.

En verdad, la afirmación de que el Gobierno de Salvador Allende fue una dictadura carece de todo sustento histórico, conceptual y jurídico. En las ciencias políticas y la historiografía, existe un consenso transversal de que en el período de la Unidad Popular se mantuvo la institucionalidad del Estado democrático.

Uno de los hechos básicos que lo confirman es su legitimidad democrática de origen. Salvador Allende llegó a la Presidencia mediante el voto popular en la elección presidencial de septiembre de 1970. La aseveración de Kast de que fue electo por el Congreso Nacional ha sido repetida hasta el hartazgo por los partidarios de la dictadura de Augusto Pinochet desde que en 1973 publicó el “Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile”. No obstante, Allende fue electo mediante los procedimientos para el ejercicio de la soberanía popular que establecía la Constitución de 1925, vigente entonces: al no alcanzar la mayoría absoluta (36,63%), su triunfo debió ser ratificado por el Congreso Pleno.

Un ejemplo: el empresario de derecha Jorge Alessandri en 1958 asumió como Presidente por el mismo procedimiento, al obtener el 31,56%, un porcentaje menor al que obtuvo Allende, y a nadie se le ha ocurrido cuestionar la legitimidad de origen de su mandato.

Por lo demás, previo a la elección de 1970 la derecha se había opuesto a una reforma para establecer la segunda vuelta y argumentó que sería Presidente el que obtuviera la mayoría, “aunque fuera por un voto”.

No está demás agregar que el candidato de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic, logró un 28,08% con un programa ampliamente coincidente con el planteado por Allende, por lo más de un 64 por ciento de la población compartía la necesidad de cambios profundos. Ello es una de las razones por las que la colectividad respaldó a Allende en el Congreso Pleno, luego que se concordara un “Estatuto de Garantías Democráticas” que implicó una reforma  constitucional que perfeccionó la democracia.

En segundo lugar, en el período del Gobierno de la Unidad Popular se mantuvo la separación de poderes y el pluralismo político. Como se conoce, en una dictadura el Poder Ejecutivo clausura, absorbe o anula a los demás poderes del Estado. En el gobierno de Allende ocurrió todo lo contrario. El Congreso Nacional funcionó ininterrumpidamente y estuvo dominado por la oposición y, de hecho, el Parlamento bloqueó constantemente sus proyectos de ley y acusó constitucionalmente a sus ministros de Estado. Y funcionó sin restricciones hasta el 11 de septiembre de 1973.

Además, se celebraron elecciones libres. Hubo elecciones municipales en 1971 y legislativas en marzo de 1973, a solo meses del golpe de Estado, donde la oposición participó con plenas garantías. De hecho, en los comicios parlamentarios obtuvo la mayoría de las cámaras, pero no los dos tercios necesarios para destituir constitucionalmente al Presidente. Por cierto, los partidos políticos tuvieron completa libertad para desarrollar su actividad, incluso los que proclamaban abiertamente la necesidad de un Golpe de Estado, como fueron los casos del Partido Nacional y la Democracia Radical.

La Contraloría General de la República actuó como un freno constante para el Ejecutivo. Cuando Salvador Allende intentaba implementar políticas de nacionalización o intervención de empresas mediante decretos que no pasaban por el Congreso, la Contraloría los declaró ilegales en forma reiterada. Allende, en la mayoría de los casos, debía retirar o modificar sus decretos, demostrando que su autoridad estaba sujeta a la revisión técnica y jurídica de una entidad independiente.

El Poder Judicial mantuvo completa autonomía, manifestando públicamente en reiteradas ocasiones sus discrepancias con el Ejecutivo. Hubo una confrontación abierta y pública entre el Presidente y la Corte Suprema. Esta última, en repetidas ocasiones, acusó al Ejecutivo de no hacer cumplir las sentencias judiciales (especialmente frente a ocupaciones de predios agrícolas o fábricas). El hecho de que la Corte Suprema pudiera emitir resoluciones en contra del Presidente y que este fuera incapaz de imponerse por la fuerza, desmiente la existencia de un control dictatorial sobre el aparato estatal.

Las referencias de Kast a la Declaración de la Cámara de Diputados (no el Congreso Pleno como parece señalar) emitida del 22 de agosto de 1973 es improcedentes, pues omite que la Cámara carecía de mandato constitucional para autorizar la destitución del Gobierno. Por otro lado, el propio texto de ese pronunciamiento contradice la idea de una “dictadura”. El documento no dice que Allende sea un dictador. Además, en su parte final, apela en forma explícita a los Ministros militares del gabinete de Allende para que restablecieran el orden dentro de la institucionalidad, no llama a deponer el Gobierno.

Si no estuviéramos haciendo referencia a una situación dramática de la historia de Chile, sería para reír a gritos las referencias de Kast a los pronunciamientos de la Cámara Baja, la Corte Suprema y la Contraloría. Si Allende hubiese sido un dictador y, por lo tanto, hubiera controlado el Estado de una forma absoluta, no hubiera sido posible que esas instituciones pudieran sostener esas conductas, lo que, por el contrario, muestra que la separación de poderes seguía plenamente vigente.

Fotografía gentileza de radio universidad de Chile.

Asimismo, hubo completa libertad de prensa y de expresión. Durante los mil días de la Unidad Popular existió un vibrante –y a menudo áspero– debate público. Los principales medios de comunicación escritos (El Mercurio, La Segunda, Las Últimas Noticias, La Tercera) y radiales (como la Radio Agricultura) eran propiedad privada y abiertamente opositores al gobierno. Los partidos de oposición tuvieron absoluta libertad para crear sus propios diarios (Tribuna, La Prensa) y emisoras radiales. Nunca existió censura previa del Estado, ni clausura sistemática de la prensa, rasgos que son fundamentales en cualquier régimen dictatorial.

La Junta Militar nunca justificó el Golpe de Estado de 1973 afirmando que derrocaba a una “dictadura”. Si revisamos las actas oficiales de los golpistas, la narrativa que construyeron fue muy distinta. En el Bando Militar N° 5, emitido el 11 de septiembre para justificar el fin de la democracia, la Junta Militar utilizó los siguientes conceptos jurídicos y políticos para calificar el Gobierno de Allende: “ha incurrido en grave ilegitimidad”, “ha quebrado la unidad nacional”, “se ha mostrado incapaz de mantener la convivencia interna”, “se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples oportunidades”, “ha quebrado el mutuo respeto que se deben entre sí los poderes del Estado”, “se ha extralimitado en sus atribuciones”, “la economía agrícola, industrial y comercial se encuentran estancadas o en retroceso”, etc.

El argumento central de los militares y los civiles que apoyaron el golpe no era que Allende fuera un dictador. Es decir, Kast fue más allá de los golpistas de 1973 en su calificación del Gobierno de la Unidad Popular.

El Decreto Ley N°1 del 11 de septiembre de 1973, señalaba que la Junta de Gobierno “asume el Mando Supremo de la Nación, con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas, conscientes de que ésta es la única forma de ser fieles a las tradiciones nacionales”. Asimismo, estableció que la Junta asumía los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo.

En su preámbulo, el texto decía explícitamente que las Fuerzas Armadas asumían el poder ante “la grave crisis social y moral por la que atraviesa el país” y la “incapacidad del gobierno para adoptar medidas”. El diagnóstico era el de un Estado fallido o ingobernable, atrapado en una crisis política profunda, y no de una autocracia totalitaria.

Por cierto, es insólito que los golpistas pretendieran justificar su proceder invocando la “institucionalidad quebrantada”, quebrantando esa misma institucionalidad, toda vez que un Golpe de Estado siempre es una salida contraria a la institucionalidad democrática. ¿O Kast conoce alguna disposición de la Constitución de 1925 que considerara legítimo deponer por la violencia un gobierno constitucionalmente establecido?

No está demás señalar que existe abundante evidencia de que la decisión de dar un Golpe de Estado contra Allende fue adoptada por los Estados Unidos, junto a la derecha política y económica de Chile, antes de que asumiera el Gobierno. El asesinato del comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970, es la prueba más visible y trágica de aquello.

La narrativa de que Allende lideraba una “dictadura” es, en gran medida, un anacronismo y una construcción retórica de la postdictadura, utilizada en el debate político para intentar equiparar moralmente los dos ciclos históricos, lo que ni los propios estrategas de la tiranía de Pinochet sostuvieron en sus documentos fundacionales.

La definición más básica de la ciencia política es que una dictadura se define esencialmente por la concentración del poder y la capacidad de coerción. Allende no tenía el control de los tribunales, no tenía mayoría en el Congreso, y los principales medios de comunicación lo atacaban a diario sin ser censurados. Un gobernante que no puede imponer su voluntad por la fuerza, que respeta las elecciones y cuyas decisiones son bloqueadas constantemente por los otros poderes del Estado, puede ser calificado de una diversidad de formas debido a su gestión, pero es imposible llamarlo dictador.

El Gobierno de Salvador Allende fue un proyecto de transformación socialista que se intentó implementar a través de los mecanismos institucionales de la democracia (la “vía chilena al socialismo”), sufriendo un colapso institucional provocado por la polarización interna, la crisis económica y la intervención externa, pero sin convertirse jamás en una dictadura. Lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 no fue el derrocamiento de una “dictadura”, sino el fin de la democracia en Chile, derribando por la violencia un gobierno constitucional y entronizando una tiranía que sometió a Chile por el terrorismo de Estado durante 17 años.

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