El Clarín de Chile.  4 julio, 2026

Francisco Ugás, representante del excapitán Rafael Harvey, calificó la sentencia contra el exjuez Juan Manuel Poblete y el exdirector de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal como «un hito histórico» en la lucha contra la corrupción y sostuvo que la institución castrense debe ofrecer disculpas a las 14 víctimas del caso.

A dos días de conocerse la sentencia condenatoria en el caso de la Operación Topógrafo, el abogado querellante Francisco Ugás Tapia, representante del ex capitán del Ejército Rafael Harvey, afirmó que el fallo marca un precedente histórico para la justicia chilena y llamó al Ejército a asumir una responsabilidad institucional por los hechos.

Ugás sostuvo que la condena contra el exministro de la Corte de Apelaciones Juan Manuel Poblete y el exdirector de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal trasciende la responsabilidad individual de los acusados, ya que los delitos fueron cometidos utilizando las facultades y recursos del propio Estado.

«Ambos condenados se valieron delictivamente de sus cargos, de sus funciones, del sistema de inteligencia y de los mecanismos legales previstos para cometer estos delitos. Es un hito relevante en nuestra democracia y en la lucha contra la corrupción», afirmó el abogado.

La declaración se produce luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago condenara a ambos exfuncionarios a cinco años de presidio —pena sustituida por libertad vigilada intensiva— por interceptaciones ilegales y falsificación de documentos públicos cometidas entre 2016 y 2018 contra Rafael Harvey, el periodista Mauricio Weibel y otras doce personas.

Más que una condena individual

Para Ugás, uno de los aspectos más relevantes del fallo es que el tribunal haya ordenado que ambos condenados deban realizar un curso sobre derechos humanos como parte de las condiciones de la pena sustitutiva.

«El Estado y el derecho penal deben contribuir a la formación y resocialización de los delincuentes de esta naturaleza, inculcándoles la más humana de todas las disciplinas: los derechos humanos», señaló.

A su juicio, la sentencia constituye además una señal dirigida a quienes ejercen funciones públicas.

«El Estado democrático de derecho siempre va a reaccionar, y de manera enérgica, contra quienes usan el Estado para vulnerar los derechos humanos y las garantías fundamentales de las personas», sostuvo.

El llamado al Ejército

El abogado fue más allá de la sentencia judicial y planteó que el Ejército debería asumir un gesto institucional hacia quienes fueron objeto de espionaje ilegal.

«Si bien fueron estos sujetos los condenados, ellos actuaron siendo parte integrante de sus instituciones, usando recursos fiscales y funcionarios para acometer sus delitos», afirmó.

Por ello, estimó que la institución castrense debiera ofrecer una disculpa pública.

«El Ejército de Chile, como medida de reparación, debiera pedir perdón a todas y cada una de las 14 víctimas de este episodio, y también a sus funcionarios probos y respetuosos de la legalidad y de la Constitución, quienes en su momento advirtieron la ilegalidad de lo que estaba ocurriendo y no fueron escuchados», declaró.

Las palabras de Ugás ponen el acento en un aspecto que suele quedar relegado tras las condenas penales: la responsabilidad institucional cuando estructuras del Estado son utilizadas para perseguir ilegalmente a denunciantes de corrupción y a periodistas de investigación. En ese sentido, el abogado sostiene que una reparación integral no termina con la sentencia, sino que requiere un reconocimiento explícito de las instituciones involucradas y garantías de no repetición.

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