Por: Jorge Molina Araneda
El Desconcierto. 10 de julio de 2026
¿Hubo una revisión adecuada de los antecedentes de los socios de la empresa antes de adjudicar una compra de esta envergadura?
Es difícil no sentir indignación cuando se revisa el caso de los drones Schiebel Camcopter S-100 adquiridos por Carabineros. Una inversión cercana a los $7 mil millones destinada a fortalecer la seguridad en la Macrozona Sur que terminó convertida en equipo inoperativo casi desde el primer año. Este es un ejemplo preocupante de cómo se manejan recursos públicos en materia de seguridad.
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De acuerdo a ContrapoderChile (fuente de la información de la columna), en diciembre de 2024, Carabineros presentó estos UAS VTOL Schiebel Camcopter S-100, fabricados por la empresa austriaca Schiebel Aircraft GmbH. Los drones, equipados con sistema de vigilancia militar, fueron adquiridos por un costo total de $6.973.734.425 con fondos de la Subsecretaría del Interior. Cada uno tenía un valor aproximado de $3.500 millones.
En abril de 2025, el diputado Schubert denunció públicamente que Carabineros no podía operar estos drones por falta de permisos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). El parlamentario ofició al Ministerio de Defensa exigiendo explicaciones y agilización de trámites.
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Según versiones internas, el problema radicó en un error de Carabineros: el dron, pese a ser considerado vehículo aéreo, se destina a vuelos de baja altura para vigilancia, por lo que la DGAC no tendría injerencia principal. Esto evidencia fallos graves en la planificación y adquisición.
Peor aún, fuentes cercanas a la institución revelaron que los dispositivos estarían inoperativos desde enero de 2026 debido a un desperfecto en una de sus antenas. Durante 2025 ya habían presentado problemas operativos, requiriendo mantención y repuestos en menos de un año de uso. El monto de la cotización y pago fue de $1.020.925.
Asimismo, el capitán Ignacio Monrás —hijo del subdirector general Enrique Monrás— era quien piloteaba el Camcopter S-100. Carabineros defendió que cuenta con la certificación correspondiente, tras una capacitación de dos meses en Austria en las instalaciones de Schiebel. No obstante, la normativa DGAC de mayo de 2024 exige registro del RPA y credencial específica de piloto a distancia. Una certificación entregada por la empresa no basta. Esto plantea dudas razonables sobre el cumplimiento normativo.
La arista más grave es la relacionada con la empresa proveedora. Los drones fueron vendidos por SC Ordenance Spa, representante exclusivo de Schiebel en Chile. Esta sociedad fue constituida el 17 de mayo de 2016 por Marcelo Carvallo, Francisco Javier Miranda y el coronel en retiro Jorge Silva Hinojosa, con giro en comercialización de elementos de protección, equipos de seguridad, repuestos, mantención y reparación de vehículos.
Solo 10 días después de la constitución, Jorge Silva fue condenado por la Corte Marcial por fraude al Fisco reiterado en el marco del “Cuaderno Matriz” del caso fraude en el Ejército. La sentencia fue: 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de $406.942.718, inhabilitaciones absolutas y destitución. El perjuicio al Fisco ascendió a $2.034.713.593 (actualizado a $3.487.682.492).
Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en Por qué fracasan las naciones, sostienen que el desarrollo depende de instituciones capaces de imponer límites al poder, exigir rendición de cuentas y evitar que intereses particulares capturen al Estado.
Ante esto, surge la pregunta inevitable: ¿hubo una revisión adecuada de los antecedentes de los socios de la empresa antes de adjudicar una compra de esta envergadura?
Este caso no solo representa un derroche de recursos públicos en un contexto de necesidad urgente de seguridad en la Macrozona Sur. También expone fallos sistémicos: errores en la especificación técnica y regulatoria de la compra, problemas de mantención temprana, posibles deficiencias en la certificación de operadores y, sobre todo, una aparente falta de debida diligencia al contratar con una empresa ligada a un condenado por fraude al Estado.
En un país donde los recursos para seguridad son escasos y la confianza en las instituciones está permanentemente bajo escrutinio, episodios como este diluyen gravemente la credibilidad. No se trata solo de drones que no vuelan. Se trata de si Carabineros —y las autoridades que supervisan sus compras— están aplicando los estándares de rigor, transparencia y responsabilidad que la ciudadanía exige y merece.
El historiador Pierre Rosanvallon ha señalado que la legitimidad democrática depende también de la vigilancia permanente de los ciudadanos sobre quienes ejercen el poder.
Es hora de que se revisen los protocolos de adquisición de tecnología crítica, porque comprar onerosos drones que terminan inoperativos no refuerza la seguridad, la debilita. Y permitir que proveedores con antecedentes cuestionables accedan a contratos millonarios sin un filtro riguroso es, en el mejor de los casos, una negligencia imperdonable.
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.