Por: Claudio Pizarro Sanguesa. Periodista Unidad de investigación de El Mostrador.

El Mostrador. 10 julio, 2026

La construcción del parque de la familia Kast fue cuestionada porque las obras comenzaron antes de aprobarse ambientalmente y por un grave accidente laboral de un obrero haitiano. Pese a ello, el proyecto fue aprobado por quien posteriormente el Presidente Kast nombró director nacional del SEA.

En febrero del año 2020, se anunció en varios medios de comunicación que la “familia Kast” –dueña de la cadena de restoranes y embutidos Bavaria– planeaba ampliar sus instalaciones en Paine, con un parque de diversiones de 70 mil metros cuadrados, donde proyectaba levantar un centro de eventos, un patio de comidas, un sector de juegos infantiles y áreas verdes con tres lagunas artificiales.

El proyecto fue presentado como un iniciativa todavía sin construir, a la espera de los trámites de evaluación ante las autoridades ambientales. Para entonces, José Antonio Kast enfrentaba su segunda aventura presidencial y comenzaba a esbozar sus principales armas electorales: inmigración ilegal y seguridad pública.

Poco antes del anuncio del nuevo emprendimiento familiar, Kast denunciaba en sus redes sociales el ingreso a Chile de más de 140.000 “turistas” haitianos. “Muchos de ellos, engañados por traficantes de migrantes. Michele Bachelet y Heraldo Muñoz sabían esto y no hicieron absolutamente nada”, escribió en agosto de 2019 en X.

Del “Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia” –nombre con que se bautizó la iniciativa– no se supo mucho más; hasta que el Comité Ambiental Comunal de Paine comenzó a reclamar que el parque de entretenciones estaba en proceso de construcción, mucho antes de que la familia siquiera solicitara los primeros permisos ambientales.

En una carta presentada el 19 de junio del 2020 al Superintendente del Medio Ambiente de la época, Cristóbal de la Maza Guzmán, el colectivo de pobladores denunciaron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue declarada recién admisible en febrero del 2020, pero que para esa fecha las obras del proyecto de la familia Kast estaban prácticamente terminadas, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Junto a la misiva, la comunidad adjuntó imágenes con el estado de avance de la construcción del parque y solicitaron a la autoridad que se ordenara la paralización de las faenas.

En la señalada carta, el Comité Ambiental Comunal recalcó que les resultaba insólito que siendo -en ese entonces- José Antonio Kast un exparlamentario del Congreso Nacional no tuviera conocimiento de que la normativa ambiental no permite construcciones cuando no se cuenta con una RCA positiva.

La comunidad, además, reparó que por esa fecha el país entró en alerta sanitaria por Covid-19 y se decretó el Estado de Excepción Constitucional, por lo que no pudieron ejercer su “legítimo derecho a la participación ciudadana”.

El proyecto –según explicaron los vecinos en la carta– había iniciado “su construcción apenas 4 años atrás”, o sea, en 2016. El dato es relevante porque el actual Presidente aún era socio de las empresas familiares, las que terminó de abandonar recién en marzo de 2017, luego de que se difundiera su participación en las sociedades que el grupo empresarial tenía en Panamá.

La historia tiene más complejidades. El 14 de octubre de 2019 -meses antes de que se declarara admisible la DIA-, un trabajador de nacionalidad haitiana -miembro de una cuadrilla de obreros de la misma nacionalidad- sufrió un grave accidente laboral mientras empujaba uno de los carros de una montaña rusa, siendo aplastado por uno de ellos. Donald Georges, el afectado, terminó con siete fracturas en distintas partes de su cuerpo.

Su caso, derivó en una demanda por daño moral en contra de varias empresas del holding de la familia Kast Rist.

Arturo Farías y los permisos del clan Kast

Tras la denuncia realizada por el Comité Ambiental Comunal de Paine –quienes sumaron a sus alegatos la creación de lagunas en un contexto de crisis hídrica–, la Superintendencia del Medio Ambiente realizó una inspección el 12 de agosto de 2020, comprobando que el proyecto efectivamente se encontraba “en etapa de construcción”.

El informe señala que el recinto tenía una superficie superior a 7 hectáreas y que al momento de la inspección contaba con servicios higiénicos, patio de comidas y tres lagunas recreativas terminadas. Además, observaron “instalación de faenas y personal trabajando”.

Según el documento al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, el parque en esa fecha se encontraba en trámite de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), considerando que el recinto esperaba recibir –en un comienzo– al menos 3.000 personas diarias.

El fiscalizador fue recibido por el encargado de administrar el patrimonio familiar, Cristián Kast Rist,  quien comentó en la ocasión que las lagunas se encontraban impermeabilizadas y utilizaban agua de pozo. Además, se constató la instalación de juegos mecánicos, pocos meses después del accidente que casi le cuesta la vida a uno de los miembros de una cuadrilla de trabajadores haitianos.

La conclusión del informe fue que efectivamente el parque había comenzado su ejecución previo a la evaluación de su impacto ambiental, “por lo cual infringiría el artículo 8º de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente”.

El documento añade que el proyecto se encontraba emplazado, según el Plan Regulador Comunal (PRC) de Paine, en una “zona residencial de densidad baja, en la cual el uso como parque de entretenciones se encuentra prohibido”. Esta observación, según el informe, estaría en conocimiento de la municipalidad. Para entonces, Bárbara Kast Sommerhoff, otra miembro del clan familiar, se desempeñaba como concejal en el mismo municipio.

Los trámites siguieron avanzando. El 22 de abril de 2021, Parque Zandia presentó una carta de desistimiento de su Declaración de Impacto Ambiental. No obstante aquello, el proyecto igual ingresó al SEIA en junio del mismo año, debido a que actividades ejecutadas en zonas declaradas “latentes o saturadas” de contaminantes atmosféricos deben hacerlo por normativa.

Esta información fue ratificada a El Mostrador por la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad que aseguró que fueron ellos quienes requirieron “el ingreso del proyecto bajo apercibimiento de sanción”. (Si quieres leer la respuesta completa pincha aquí)

La tramitación continuó en medio de diversas reuniones de lobby.

El 16 de junio de 2022, el representante legal de varias empresas del holding familiar, César Barrales, junto a los gestores de interés Karla Cruz y Pedro Fuentes, se reunieron con Arturo Farías, entonces director Regional Metropolitano (S) del Servicio de Evaluación Ambiental, para revisar la Declaración de Impacto Ambiental del Parque Zandia.

No era primera vez que Farías se reunía con los mismos gestores de interés, también lo había hecho en mayo de 2021, como encargado del área jurídica del SEA, acompañando a la directora de ese entonces, Andelka Vrsalovic. Su firma –de hecho– aparece en varias etapas. Entre estas, la resolución de no admitir a trámite una solicitud de participación ciudadana –presentada por cuatro agrupaciones socioambientales y  siete personas naturales.

Pero no fue lo único. Bajo el período de Farías como Director Metropolitano (S) del SEA, se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental a favor de Parque Zandia, en julio de 2022 por parte de la Comisión de Evaluación de la RM, presidido por la delegada del FA, Constanza Paz Martínez. (Lea aquí la RCA)

Este año, y ya siendo José Antonio Kast, Presidente de la República,  Arturo Farías -el ex director metropolitano subrogante del SEA y quien allanó el camino para que Parque Zandia consiguiera todos sus permisos,  fue nombrado en abril como nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental.

Para ubicarlo en ese puesto, el Presidente Kast utilizó el mecanismo denominado “bala de plata”, que le permite al Mandatario nombrar directamente a jefes de servicio sin pasar previamente por un concurso de Alta Dirección Pública.

La tarea encargada al nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental fue vox populi: Farías asumió el cargo con el rol de destrabar los proyectos de inversión y disminuir la burocracia asociada a los mecanismos de asignación de permisos ambientales, factores claves para la reactivación económica planteada por el Gobierno.

Accidente laboral

El 14 de octubre de 2019, a las 8:30 de la mañana, el ciudadano haitiano Donald Georges llegó a trabajar a Parque Zandia, tal como lo venía haciendo desde hacía aproximadamente un año, en labores de construcción y operación de maquinarias, luego de firmar un contrato laboral el 1 de diciembre de 2018.

Georges prestaba servicios para la empresa Café Alpes Limitada, dedicada a actividades de restaurantes, servicio móvil de comidas y suministro industrial de comidas por encargo, cuyo representante legal es Cristián Kast Rist.

Esa mañana, según la demanda laboral a la que accedió este medio, le solicitaron a Donald Georges ayuda para mover unos carros de juegos junto a otros miembros de la cuadrilla de trece trabajadores haitianos que trabajaban en el predio, una tarea que técnicamente no les correspondía, pues se desempeñaban como jornaleros en faenas de construcción.

Según el relato de los hechos, mientras los trabajadores empujaban los carros por unos rieles para instalar unas tuercas, el juego se activó, empujando cinco vehículos en retroceso en dirección donde se encontraba Donald Georges. Cada carro pesaba alrededor de 150 kilos.

“Debido a lo repentino de la activación… no pude reaccionar a tiempo y el primer carro me botó de espaldas y me pasó sobre ambas piernas”, cuenta Georges en la demanda, agregando que estuvo alrededor de veinte minutos atrapado debajo del carro –desmayándose en varias oportunidades–, hasta que logró ser rescatado por sus compañeros.

El trabajador fue trasladado a la Mutual de Seguridad, lugar donde se le constataron al menos siete fracturas en distintas partes de su cuerpo, entre ellas, una fractura expuesta de tibia y peroné. Luego de cinco meses de rehabilitación, señala Georges en la demanda, su médico tratante le comunicó que quedaría con secuelas permanentes debido a las lesiones sufridas.

El documento judicial señala al menos quince incumplimientos en los que habría incurrido la empresa, entre ellos, solicitar labores que no correspondían al contrato, sin preparación especial, supervisión de superiores, falta de protocolos en caso de accidentes y medidas de seguridad “necesarias, eficaces, idóneas y preventivas”.

Según el expediente médico, Georges sufrió un trastorno emocional adaptativo derivado del accidente laboral, situación que se habría reflejado en un cuadro de crisis de pánico, insomnio y angustia por su futuro. “Toda clase de acciones que antes acostumbraba hacer ahora son dificultosas, como agacharme, correr, saltar, andar en bicicleta, hacer ejercicios… actividades extra programáticas que no podré volver a realizar nunca más”, explica el documento.

La demanda pedía una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral de 80 millones de pesos en contra de varios co-empleadores del mismo grupo económico: Cecinas Bavaria Limitada, Parque Zandia Limitada, Café Los Alpes Limitada y Cristián Kast Rist.

Tras varias notificaciones judiciales, los abogados de la familia interpusieron un incidente de nulidad, alegando que la dirección no correspondía al domicilio legal de ninguno de los demandados, tesis que fue rechazada –en marzo de 2021– por la Jueza Claudia Arriagada, del Segundo Juzgado de Letras de Buin, condenando en costas a las empresas del holding.

En octubre de ese mismo año, las partes llegaron a un avenimiento, poniendo término a la tramitación de la causa.

Contactado por la Unidad de Investigación de El Mostrador, el representante legal del Centro de Eventos y Cultura Zandia, César Barrales, se excusó de referirse al juicio laboral, “por tratarse de un asunto privado e información personal y confidencial”.

Respecto de la tramitación de los permisos ambientales, el abogado se limitó a contestar que estos comenzaron en el año 2020, “con estricto apego a la legislación y exigencias de las correspondientes autoridades”.

Sobre una eventual inauguración del parque de entretenciones, Barrales respondió que “esperamos iniciar su funcionamiento antes de fin de año, otorgando a la comunidad un espacio de alto valor ambiental y recreativo, que promueva el encuentro familiar, junto a la creación de fuentes laborales para los habitantes de las comunas cercanas”.

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