By Leopoldo Lavín – El Clarin Chile - 15 julio, 2026
La comisión técnica convocada por el Gobierno de José Antonio Kast, bajo la conducción económica de Jorge Quiroz y el Ministerio del Trabajo encabezado por Tomás Rau, fue presentada como una instancia de expertos destinada a enfrentar la crisis del empleo. Sin embargo, el contenido de sus 22 recomendaciones revela algo distinto: no se trata de un diagnóstico neutral, sino de una hoja de ruta para profundizar el modelo neoliberal mediante una nueva flexibilización del trabajo. El lenguaje técnico intenta ocultar que detrás de cada propuesta existe una determinada concepción de la relación entre capital y trabajo.
La principal recomendación consiste en modificar el cálculo de la jornada laboral para permitir promedios de hasta 52 semanas. Aunque formalmente se mantenga el límite de las 40 horas, en la práctica podrían existir semanas de hasta 52 horas de trabajo, compensadas posteriormente con jornadas menores. El objetivo declarado es aumentar la adaptabilidad de las empresas según los criterios de flexibilidad laboral promovidos por la OCDE. Traducido políticamente, significa trasladar el costo de la incertidumbre económica desde las empresas hacia los trabajadores.
La misma lógica inspira la propuesta de reemplazar la indemnización por años de servicio —un derecho laboral consolidado desde fines de la década de 1930— por un sistema de indemnización a todo evento financiado mediante el Seguro de Cesantía. También se propone ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa, incorporada al ordenamiento laboral durante la dictadura en el marco del Plan Laboral de 1979, agregando criterios como la reorganización interna, las bajas sostenidas de ventas o incluso la «falta de adecuación del trabajador». Bajo la retórica de la modernización y la flexibilidad, lo que se fortalece es el poder de la oligarquía empresarial para reorganizar la fuerza de trabajo, ampliar las facultades de despido y reducir los costos laborales.
El informe propone además ampliar la polifuncionalidad, permitiendo que un trabajador desempeñe múltiples funciones sin que estas pertenezcan necesariamente a la misma naturaleza de servicios. Se agrega la posibilidad de contratos por hora y mecanismos permanentes para reducir temporalmente la jornada durante las crisis económicas, financiando parte de los ingresos con recursos del Seguro de Cesantía. En conjunto, las medidas configuran una economía capitalista aún más flexible para las empresas, pero un pasar más incierto para quienes viven de su salario. En términos clásicos: aumentar a como sea la extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo.
No sorprende que estas recomendaciones provengan de un grupo de economistas cuya matriz intelectual corresponde al paradigma neoliberal. Su punto de partida es que el desempleo obedece principalmente a rigideces regulatorias y que la solución consiste en reducir los costos laborales y ampliar la libertad empresarial. Desde esa perspectiva, los derechos laborales aparecen como obstáculos para la eficiencia y no como instituciones destinadas a equilibrar una relación estructuralmente desigual entre empleador y trabajador.
No es raro que los trabajadores hayan estado ausentes del diseño de estas propuestas. Aunque especialistas consultados advirtieron que «si se quiere revestir de legitimidad democrática un cambio en el modelo de relaciones laborales sin generar desconfianzas ni precarizaciones se requiere sumar a los trabajadores». Es decir, se les pide que se hagan el harakiri. La ausencia de las organizaciones sindicales no constituye un detalle metodológico, sino una decisión política coherente con una visión tecnocrática que privilegia a los expertos por sobre la deliberación democrática. Ya en el gobierno de Boric la ley sobre la negociación ramal —demanda clave de los trabajadores— fue postergada con la anuencia de todo el centro, la “izquierda” y el progresismo.
Lo más preocupante, sin embargo, no es únicamente la ofensiva neoliberal del Gobierno de Kast, Quiroz y Alvarado. También lo es la pasividad de una izquierda que continúa reaccionando caso a caso, sin ofrecer una estrategia alternativa capaz de disputar el sentido común económico. Mientras el oficialismo despliega una agenda coherente de reformas orientadas a profundizar la ley de la oferta y la demanda capitalista como principio ordenador de las relaciones laborales, la oposición aparece atrapada entre la denuncia coyuntural y la administración de sus propias divisiones.
La historia reciente demuestra que el neoliberalismo no avanza únicamente por la fuerza de sus ideas, sino también por la ausencia de una alternativa organizada. Frente a un Gobierno que posee una hoja de ruta clara para redefinir las relaciones laborales en favor del capital, la izquierda sigue sin construir un programa nacional de transformación, una comunicación política capaz de explicar los efectos de estas reformas ni una estrategia social que articule sindicatos, organizaciones sociales y territoriales y fuerzas políticas. Mientras unos gobiernan con proyecto, los otros parecen limitarse a administrar la adaptación. Y esa asimetría política puede terminar siendo mucho más decisiva que cualquiera de las 22 recomendaciones de la comisión de expertos.
Es una evidencia que el neoliberalismo no avanza únicamente por la fuerza de sus ideas, sino también por la debilidad de quienes deberían enfrentarlo. Frente a un Gobierno que posee un proyecto brutal para redefinir las relaciones laborales en favor del capital, la izquierda continúa respondiendo de manera fragmentaria, sin un programa alternativo capaz de disputar el sentido común económico ni una estrategia de movilización sostenida. Mientras el oficialismo despliega una agenda articulada de reformas laborales, la oposición parece limitarse a la denuncia coyuntural y a la defensa episódica de derechos amenazados.
Las medidas impulsadas por el Gobierno de José Antonio Kast, con Jorge Quiroz y Alvarado como principales arquitectos de su programa económico, no constituyen simples correcciones técnicas para enfrentar el desempleo. Configuran una nueva etapa de profundización del neoliberalismo, legitimada por una comisión de expertos cuya mirada reduce el trabajo a un factor de ajuste de la economía y convierte la flexibilidad empresarial en el principio rector de la legislación laboral. Precisamente por ello, este momento interpela de manera directa al movimiento sindical chileno y a las fuerzas políticas que dicen representar a las y los trabajadores.
Las horas que vienen serán determinantes. No bastará con rechazar los proyectos cuando ingresen al Congreso: será necesario construir una respuesta social, sindical y política capaz de disputar su legitimidad en el país, explicar sus consecuencias y articular una alternativa democrática de desarrollo fundada en la ampliación —y no en el retroceso— de los derechos laborales. Porque las conquistas laborales nunca han sido regalos de la clase empresarial ni de los gobiernos de la transición ni del FA: son el resultado de décadas de organización, negociación y lucha colectiva. Y, como enseña la historia del movimiento obrero chileno, las conquistas laborales se defienden; no se entregan.
Leopoldo Lavín Mujica
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