Por: Carlos Basso Prieto. Unidad de Investigación El Mostrador

El Mostrador. 18 julio, 2026

Cristian Vargas ingresó a los rankings de los libros más vendidos con “Impunidad”, una crónica en la que relata cómo el poder empresarial y político dejó sin castigo los delitos cometidos en el marco de los casos de financiamiento ilegal de la política de Penta y SQM

Impunidad: una crónica sobre el SII y los dineros de la política (Aguilar, 2026) no es solo el primer libro del abogado y exsubdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, sino que constituye un tratado acerca de la forma en que opera el poder en la política chilena: autoprotegiéndose, sugiriendo e insinuando de un modo tan parsimonioso que es imposible no pensar en Vito Corleone, El Padrino, y la forma suave -en apariencia- en la cual este ejercía su poder.

De hecho, en la primera escena el libro parte describiendo a un personaje que se parece mucho al “Don”. Eran los inicios del segundo mandato de Michelle Bachelet cuando empezaron a estallar los casos Penta y SQM, relativos a financiamiento ilegal a políticos de izquierda y derecha.

Vargas decidió que había delitos y que el SII debía querellarse en contra de los autores, algo que no gustó nada en La Moneda, pues dado que, como el SII tiene esa potestad en forma exclusiva, si no lo hubiera hecho, la fiscalía no habría podido investigar.

Sin embargo, Vargas actuó como él creía que había que hacerlo, siempre apoyado por un titubeante Michel Jorrat, como describe al entonces director del SII, y a contrapelo de lo que querían en los Ministerios de Hacienda e Interior.

Precisamente en esa repartición se entiende que transcurre la escena en la cual describe a un personaje semejante a Corleone, a quien califica como “un alto funcionario que empezaba a hablar con lentitud con un lenguaje inequívoco”, alguien que “había hecho su aprendizaje político en la oposición clandestina a la dictadura, transitando por corredores donde la claridad era una desventaja”.

Se trataba de un fumador de voz ronca y profunda, que le habló en contra de la corrupción, para luego invocar la famosa razón de Estado: “persiga a todos si quiere, tiene la razón jurídica y moral, pero si aprieta demasiado, el país colapsa”.

El autor reflexiona respecto a su interlocutor: “no lo movía la justicia, sino el equilibrio. Era claro que me habían citado para medir cuán flexible podía ser, si estaba dispuesto a alinearme”, pero cuando le comunicó al “alto funcionario” que no lo haría, este le respondió que “la política se trata de no decir ciertas cosas”. Luego de ello comprendió que la apuesta era “no negar lo ocurrido, sino reducir su visibilidad, encapsularlo, administrarlo”.

El Código Penal para los pobres

Vargas había trabajado durante veinte años en el SII, había hecho una carrera desde los escalafones inferiores hasta llegar a una subdirección. Por este motivo, reconoce que cuando fue finalmente despedido fue un golpe muy duro, que le costó aquilatar. De igual forma, le costó insertarse laboralmente.

Hace un par de años, cuando todo esto parecía haber quedado atrás, fue citado como testigo en el juicio de SQM, el mismo donde Pablo Longueira y otros siete acusados terminaron absueltos luego de varios años de proceso. El fallo de este juicio se conocerá recién el próximo mes.

Fue allí, durante los varios días que Vargas estuvo declarando en el estrado, que decidió que esta era una trama que había que contar. Comenzó a escribir convencido de que como testigo directo había que reconstruir lo ocurrido. Según explica, “es la historia de cómo el poder político logró frenar la investigación de los delitos tributarios más grandes de la historia de Chile, porque el propio poder político estaba implicado”.

En ese sentido, señala que “también es una defensa del estado de Derecho, de la defensa de la aplicación de un principio fundamental: la igualdad de la ley ante la ley, la igualdad ante la justicia”, principios que él mismo critica que no se cumplen en el país, tal como lo recuerda un viejo aforismo que menciona en su libro: “en Chile el Código Civil es para los ricos y el Código Penal para los pobres”.

Eso, dice, “no era una exageración retórica”, sino la realidad que él observaba en el SII. “Personas privilegiadas del país, la élite política y económica, lograron detener las investigaciones por delitos tributarios y otro tipo de delitos en los que ellos mismos estaban implicados. No obstante, al ciudadano común el Estado lo persigue sin ninguna contemplación cuando comete falta o delitos, hay ejemplos todos los días, como es el caso de los deudores del CAE”, explica.

El poder invisible

Como detalla, la presión provino básicamente desde el Ministerio del Interior y fue “una estrategia que se implementó primero con presiones, pero después, cuando no les resultó, derechamente con una intervención política”.

Sin embargo, quienes presionaban fueron cuidadosos, quizá presumiendo que alguien, años más tarde, contaría sus correrías. Es por esto que “no es que hubiera habido órdenes escritas; tampoco algún documento oficial, fueron presiones, pero después, me presentaban supuestas estrategias jurídicas, que de jurídicas no tenían nada, pues eran un bluff, bien concatenado y armado. Formalmente, podría aparecer como una cuestión legal, pero lo que había detrás no lo era”, precisa, en referencia a las alternativas que se le ofrecían, como considerar simples infracciones tributarias lo que en realidad eran delitos.

Quizá lo más inquietante es cuando señala que “hay un poder invisible que se mueve a través de las instituciones, pero no del punto de vista formal, sino que opera en las sombras. Y eso tiene múltiples expresiones al país”.

La principal, detalla, es que ese poder “no habita donde se supone que está; o sea, no necesariamente en La Moneda ni en las instituciones, ni menos en los discursos ni en las cuentas públicas, sino que opera de otras maneras, y es un poder que no responde a los ciudadanos, que no rinde cuentas a la ciudadanía, y los ciudadanos tampoco se enteran de las decisiones que se toman”, señala, en referencia a las élites empresariales que financian a los políticos.

Un ejemplo actual de ello, apunta Vargas, es lo que sucede con personajes como Luis Hermosilla o Angela Vivanco, en cuyos casos “vemos cómo operan grupos fácticos de poder muy relevantes, que toman decisiones tan importantes como nombrar jueces o nombrar fiscales, o tener relaciones espurias para lograr lograr beneficios personales o de grupo con ministros de la Corte Suprema”.

Lo más preocupante a ese respecto, opina, es que “son casos que son descubiertos también al azar, diría yo”, en referencia a que el caso Penta quedó al desnudo debido a los delitos cometidos por el martillero Jorge Valdivia y el despido del exgerente de Penta, Hugo Bravo, así como el caso Hermosilla nace a raíz de la grabación de audio realizada por Leonarda Villalobos, luego difundida por Rodrigo Topelberg.

Un veneno lento

A once años del estallido del caso Penta, de su despido, las clases de ética impuestas por el exfiscal Manuel Guerra a los dueños de dicha empresa, de la enorme rebaja de la multa que recibió SQM, del juicio absolutorio y mucho más, Vargas dice que, sin embargo, no es mucho lo que ha cambiado en el país, incluyendo la hipocresía.

“El libro lo que narra es sobre cómo opera el poder en Chile y en ese tiempo la clase política, de manera transversal, operó para autoprotegerse cuando la aplicación de la ley la amenazaba. Y lo hizo en abierta contradicción con lo que esos mismos sectores proclaman con tanta solemnidad sobre el Estado de derecho, la democracia, el respeto a las instituciones y dejar que estas funcionen… porque pareciera que el rigor de ley está muy bien para los otros, para los ciudadanos de a pie, pero no para ellos y yo, lamentablemente, pienso que eso sigue así”.

En dicho sentido, argumenta que también decidió escribir el libro “porque creo que en el país, como sociedad, no hemos dimensionado el daño institucional que dejó ese episodio y otros que fueron apareciendo después, y me refiero a la actividad política y a las instituciones”.

Al decir ello, Vargas apunta a una palabra que está en boca de todos: “la corrupción que se revela ahí no es algo accidental, es algo estructural, que nace de una relación histórica entre el dinero y la política, y detrás de ella hay una élite política y económica que actúa como privilegiada, que se cree más allá de las leyes y las instituciones. Eso sigue vigente”. Y agrega: “Todo eso es exactamente lo contrario a la democracia, porque la democracia, históricamente, pone el poder en manos de las mayorías y no en manos de minorías privilegiadas y cuando los ciudadanos pierden el control democrático de las instituciones dejamos de tener una verdadera democracia en funcionamiento y la política se convierte entonces en lo que alguien decía hace mucho años, en la sombra que los negocios proyectan sobre la sociedad”.

Sin embargo, hace un matiz: “la corrupción más grave tal vez no fue el financiamiento ilegal de políticos y campañas, sino la decisión de no hacer justicia. Por eso el libro se llama Impunidad, porque eso fue lo ocurrido, pero la impunidad no borra los hechos: los convierte en una especie de veneno lento para la confianza pública”.

Ante ello, puntualiza que “una democracia no se resiente por conocer la verdad. Una democracia necesita verdad, no solo estabilidad, pues si la estabilidad se construye sobre injusticia, termina pareciéndose mucho al encubrimiento”.

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