Por: Patricio Ramírez R. Coordinador Observatorio Económico Social Universidad de La Frontera

El Mostrador. 24 julio, 2026

En este escenario, acortar las carreras sin abordar las brechas de origen podría generar efectos adversos: mayor reprobación, incremento de la deserción o una eventual reducción de estándares.

El debate sobre la duración de las carreras universitarias en Chile ha adquirido centralidad en la agenda pública, particularmente a la luz de la evidencia comparada.

Datos de la OCDE muestran que la duración efectiva de los estudios terciarios en Chile alcanza aproximadamente 5,2 años, frente a un promedio cercano a 3,7 años en países miembros, lo que implica una brecha de más de un año y medio. Asimismo, estudios nacionales estiman que el tiempo real de titulación puede extenderse hasta 6,3 años en promedio, superando en cerca de dos años los estándares de la OCDE. Este diferencial no es trivial: incide en mayores costos privados, prolonga la dependencia económica de los hogares y retrasa la inserción laboral, reduciendo la eficiencia del sistema en su conjunto.

Desde esta perspectiva, organismos internacionales como la propia OCDE y el Banco Mundial han promovido reformas orientadas a sistemas más flexibles, con trayectorias más cortas y articuladas en ciclos (por ejemplo, modelos tipo bachelor–master), que permitan salidas intermedias y aprendizaje a lo largo de la vida. En teoría, la reducción de la duración podría mejorar la eficiencia interna del sistema y disminuir fenómenos como la sobre extensión de estudios o el endeudamiento excesivo.

Sin embargo, esta agenda reformista enfrenta una restricción estructural: el nivel de competencias con que los estudiantes acceden a la educación superior. La evidencia muestra que Chile presenta brechas significativas en habilidades básicas. Evaluaciones internacionales han situado a una proporción considerable de la población en niveles bajos de desempeño en lectura y matemáticas, lo que condiciona su trayectoria educativa posterior.

En este contexto, las instituciones de educación superior han debido asumir funciones remediales, desplegando programas de nivelación y acompañamiento académico para compensar déficits formativos previos.

En este escenario, acortar las carreras sin abordar las brechas de origen podría generar efectos adversos: mayor reprobación, incremento de la deserción o una eventual reducción de estándares. Dicho de otro modo, la eficiencia temporal podría lograrse a costa de la equidad o la calidad, tensionando objetivos centrales de la política educativa.

Con todo, tampoco resulta defendible la inercia de programas extensos. La evidencia apunta a rigideces curriculares y escasa articulación con el entorno productivo, lo que sugiere espacios claros para reformas. La pregunta, por tanto, no es simplemente cuánto deben durar las carreras, sino bajo qué condiciones institucionales y pedagógicas es posible acortar sin comprometer resultados.

Como han señalado la OCDE y el Banco Mundial, las reformas en educación superior deben entenderse en continuidad con el desempeño del sistema escolar.

Sin mejoras sustantivas en la calidad y equidad de la educación previa, cualquier intento de compresión de las trayectorias formativas corre el riesgo de trasladar —más que resolver— las desigualdades de origen. La discusión, por tanto, permanece abierta y exige una mirada integral que articule eficiencia, calidad y equidad en el diseño de políticas públicas.

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