EDITORIAL: 26 DE JULIO 2026

La  aprobación de la denominada megarreforma fiscal y la discusión del proyecto que obligaría a escuchar los latidos del corazón antes de interrumpir un embarazo en los casos permitidos por la ley podrían parecer debates completamente distintos. Uno habla de impuestos; el otro, de derechos reproductivos.

Sin embargo, ambos nacen de una misma concepción del Estado, de la libertad y de la sociedad.

La megarreforma se sustenta en una idea ampliamente conocida: reducir los impuestos al gran capital estimularía la inversión, impulsaría el crecimiento económico y terminaría generando más empleo y bienestar. Es una tesis que ha acompañado al pensamiento económico neoliberal durante décadas y que continúa siendo defendida como la vía privilegiada hacia el desarrollo.

Pero la experiencia histórica también muestra otra cara de esa promesa.

Cada reducción permanente de los ingresos del Estado disminuye su capacidad para financiar salud pública, educación, vivienda, investigación científica, infraestructura, cultura, protección ambiental y políticas sociales. Al mismo tiempo, los beneficios prometidos del llamado "efecto chorreo" han sido objeto de intenso debate y, en numerosos casos, han mostrado resultados mucho más limitados de lo anunciado, especialmente para los sectores de menores ingresos.

Por eso, la pregunta deja de ser exclusivamente económica.

¿Qué tipo de sociedad se construye cuando se debilita deliberadamente la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales mientras se fortalece la concentración de recursos en los sectores de mayor poder económico?

El proyecto que obliga a escuchar los latidos del corazón antes de un aborto legal abre otro debate igualmente profundo.

Sus impulsores sostienen que busca entregar mayor información antes de una decisión trascendental. Sus críticos consideran que incorpora una carga emocional adicional sobre mujeres que ya enfrentan circunstancias extremadamente dolorosas, incluidas quienes han sido víctimas de violación o cuya salud está gravemente comprometida.

La pregunta vuelve a ser política y ética.

¿Debe el Estado acompañar las decisiones personales o intervenir en ellas mediante mecanismos que algunos consideran moralmente persuasivos?

Cuando ambos proyectos se observan en conjunto aparece una coherencia difícil de ignorar.

Por un lado, se impulsa un Estado más pequeño cuando se trata de recaudar recursos para garantizar derechos sociales.

Por otro, se fortalece su presencia cuando se trata de intervenir en decisiones íntimas de las personas.

No todos compartirán esta interpretación. Pero resulta legítimo preguntarse si detrás de ambas iniciativas existe una misma visión del país: un Estado que retrocede frente a las desigualdades económicas, pero avanza cuando se trata de regular la vida privada desde determinadas convicciones morales.

Esa tensión no es nueva en la historia de Chile.

Las grandes conquistas sociales —la legislación laboral, el derecho a sindicalización, la ampliación del sufragio, la educación pública, la protección social y el reconocimiento progresivo de nuevos derechos— nunca fueron concesiones espontáneas. Fueron el resultado de décadas de movilización social, debate democrático y profundas disputas políticas. En muchos casos, también implicaron enormes costos humanos.

• Olvidar esa historia significa correr el riesgo de naturalizar retrocesos que pueden presentarse como simples ajustes técnicos.
• Hoy vuelve a abrirse una discusión de fondo.
• No se trata únicamente de impuestos.
• No se trata únicamente del aborto.

Se trata de definir cuál es el concepto y  el papel del Estado en la sociedad chilena durante las próximas décadas.

¿Queremos un Estado reducido a garantizar las condiciones para el funcionamiento del mercado, mientras limita progresivamente su capacidad de asegurar derechos sociales? ¿O queremos un Estado que entienda que el crecimiento económico solo adquiere pleno sentido cuando se traduce en igualdad de oportunidades, protección social y una vida digna para todas las personas?

No existe democracia sin debate.

Pero tampoco existe una democracia robusta cuando decisiones que transforman profundamente la distribución del poder, de la riqueza y de los derechos se presentan como si fueran meras cuestiones técnicas o inevitables.

Toda reforma tributaria expresa una determinada idea de justicia.

Toda política sobre derechos reproductivos expresa una determinada concepción de la libertad y de la dignidad humana.

Y toda generación tiene la responsabilidad de decidir si acepta esas definiciones o las somete al juicio crítico de la ciudadanía.

Porque la discusión de fondo nunca ha sido simplemente quién paga más impuestos o quién recibe mayores beneficios.

La verdadera discusión consiste en decidir qué país queremos construir .

Uno donde el Estado renuncie progresivamente a garantizar derechos esenciales mientras protege prioritariamente los intereses del poder económico.

O uno donde el desarrollo, la democracia y la justicia social avancen de la mano, entendiendo que el crecimiento económico solo adquiere legitimidad cuando alcanza efectivamente a toda la sociedad y no únicamente a quienes ya concentran la mayor parte de la riqueza.

CORPORACION SOLIDARIA UTE-USACH