Por: Francisca Santander Faúndez

Interferencia. 29/07/2026

La confirmación por ADN de que la mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera Contardo gatilló querellas, una comisión investigadora y llamados de UDI y republicanos a devolver reparaciones. Londres 38 responde: es "una excepción que confirma la norma del exterminio" y advierte que el negacionismo busca instalar dudas sobre las más de mil víctimas de desaparición forzada que aún no tienen respuesta.

La confirmación genética de que la mujer localizada en Argentina corresponde efectivamente a Bernarda Vera Contardo —con una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, según estableció el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre— cerró una incógnita de más de cinco décadas. Pero también abrió, de inmediato, un frente político que organizaciones de derechos humanos llevan meses advirtiendo: el riesgo de que un caso excepcional sea usado para instalar dudas sobre la totalidad de las más de mil víctimas de desaparición forzada reconocidas en el Informe Rettig.

Vera, profesora rural y militante del MIR, fue detenida en octubre de 1973 en Trafún y dada por desaparecida tras su presunta ejecución en el puente sobre el río Toltén. Su hija la buscó durante décadas y el Estado la reconoció como víctima, habilitando una pensión de reparación. La revelación de que habría sobrevivido, —escapando primero a Argentina y luego a Suecia—, surgió en septiembre de 2025 a partir de una investigación periodística, y desde entonces el caso quedó bajo secreto judicial mientras se verificaban los antecedentes con autoridades suecas.

Con el peritaje de ADN ya confirmado, la ofensiva política no se hizo esperar. La diputada UDI Flor Weisse pidió que el Consejo de Defensa del Estado actúe para recuperar los fondos entregados a la familia, calificando la reparación como obtenida de forma fraudulenta. La bancada de diputados republicanos anunció que solicitará una Comisión Especial Investigadora para revisar responsabilidades institucionales y posibles casos similares. Y el abogado Maximiliano Murath, que ya había presentado una querella contra el ex ministro Luis Cordero y la ex jefa del Programa de Derechos Humanos Paulina Zamorano, pidió reactivar esa causa, sosteniendo que la fiscalía la ha dejado dormir desde octubre.

Frente a ese impulso, la diputada comunista Lorena Pizarro, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, salió a marcar una diferencia de fondo: el problema no es este caso puntual, sino la impunidad que durante décadas ha impedido establecer la verdad sobre los detenidos desaparecidos y sus responsables. Pizarro fue tajante en advertir que, cuando esa verdad se conozca del todo, se sabrá quiénes se han aprovechado del dolor que atraviesa a la conciencia nacional.

"Una excepción que confirma la norma del exterminio"

Esa advertencia conecta directamente con lo que Londres 38 viene planteando desde que el caso se hizo público en octubre de 2025, y que hoy la organización reafirma con dureza. Para el espacio de memorias, el negacionismo "no pierde oportunidad para relativizar las violaciones a los derechos humanos", y la reacción de UDI y republicanos ante este caso lo confirma. Su diagnóstico es categórico: no se puede permitir que un caso "entre más de mil" —al que definen como "una excepción que confirma la norma del exterminio"— sea usado como excusa para negar y justificar las atrocidades de la dictadura, propiciar la impunidad y poner trabas a la verdad, la justicia y la reparación.

Londres 38 va más allá y sitúa esta reacción en un origen partidario. Sostiene que la continuidad negacionista de la UDI y republicanos se explica porque "se trata de colectividades nacidas en dictadura, con dirigentes que ejercieron funciones de confianza del régimen que aún reivindican". La organización habla de una "cruel paradoja": la premura para exigir sanciones por un error puntual en un listado de más de mil detenidos desaparecidos, mientras al mismo tiempo se busca condenar al olvido a todos los demás casos, hombres, mujeres y niños asesinados y desaparecidos.

Sobre el fondo técnico, la organización es enfática en que este caso no prueba fallas del Plan Nacional de Búsqueda, sino la eficacia de décadas de secreto y pactos de silencio entre civiles y militares responsables de las desapariciones, y sus complicidades hasta hoy. En esa línea, plantea que en lugar de una comisión investigadora, quienes la promueven deberían exigir a los condenados de Punta Peuco que entreguen las listas de las personas que ellos mismos detuvieron e hicieron desaparecer.

La organización defiende además el trabajo del PNB como una política pública inédita que, pese a limitaciones de recursos, ha permitido justamente detectar inconsistencias como esta a partir del trabajo sistemático de sus profesionales.

Finalmente, Londres 38 enmarca el episodio en un contexto más amplio: acusa al actual Gobierno de llevar adelante "una sistemática política de retrocesos" en materia de derechos humanos, verdad y justicia, y recuerda que el Ejecutivo será interpelado el 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que revisará modificaciones administrativas, recortes presupuestarios y cambios en programas de memoria y reparación denunciados por organizaciones de derechos humanos.

El resto de las organizaciones, en la misma línea

Ese diagnóstico no es aislado. La AFEP calificó en su momento el reportaje que destapó el caso como un ejercicio sesgado que, a partir de una situación excepcional, buscaba instalar una generalización malintencionada. La AFDD denunció que este tipo de coberturas no son casuales y llamó a no exponer a las víctimas a una revictimización mediática. CODEPU situó el caso en el contexto represivo de Neltume y advirtió que reabre las limitaciones que arrastra el Informe Rettig desde 1991. Y la Corporación Mutual Bautista van Schouwen, aunque celebró la eventual sobrevivencia de Vera, llamó a no dejarse enredar por maniobras comunicacionales que buscan enlodar el trabajo del PNB.

El riesgo, según los expertos

Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia de la Universidad Central, resume el riesgo: el caso reabre un capítulo doloroso y genera polarización, pero además golpea la credibilidad del trabajo estatal en la materia, abriendo espacio para cuestionar tanto el rol del Estado como la política sostenida hasta ahora. Campos advierte que esto puede aumentar la presión sobre el Plan Nacional de Búsqueda respecto de su efectividad, en momentos en que los extremos políticos siempre encontrarán motivo para crispar los ánimos sobre una herida que sigue abierta en el país.

La causa continúa bajo reserva por decisión judicial, con el informe pericial de ADN sin poder divulgarse en su contenido. Pero el debate que instaló ya no es solo judicial: es sobre qué se hace, políticamente, con la verdad cuando aparece, y sobre cuánto puede pesar un caso excepcional frente a los más de mil que todavía no tienen respuesta

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