Por: El Clarín de Chile.  30 julio, 2026

La propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de abrir el debate sobre la privatización total o parcial de Codelco provocó uno de los rechazos políticos más amplios registrados desde la llegada del gobierno de José Antonio Kast. En menos de 48 horas, la iniciativa encontró resistencia no solo en la oposición, sino también dentro del propio oficialismo, en Chile Vamos e incluso en sectores que habían respaldado las principales reformas económicas del Ejecutivo.

Lo que comenzó como una propuesta para incorporar capital privado a la principal empresa estatal terminó convirtiéndose en un nuevo flanco político para La Moneda y dejó al Partido Republicano defendiendo prácticamente en solitario una iniciativa que toca uno de los consensos históricos más sensibles de la política chilena.

La Moneda toma distancia

La primera señal provino del propio Gobierno.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó que la privatización de Codelco forme parte de la agenda del Ejecutivo. Si bien reconoció que la empresa enfrenta una compleja situación financiera y que se evalúa desprenderse de algunos activos considerados prescindibles para mejorar su flujo de caja, fue enfático en señalar que privatizar la compañía «no está en los planes».

En la misma línea se pronunció el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien reiteró que el Gobierno no contempla vender la propiedad de la minera estatal.

La respuesta marcó una diferencia con la propuesta formulada por Squella, quien había planteado que, tras la aprobación de la megarreforma, el siguiente paso debía ser abrir la propiedad de Codelco para permitir el ingreso de capital privado.

Chile Vamos también marca distancia

La propuesta tampoco consiguió un respaldo unánime dentro del oficialismo ampliado.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo que la solución pasa por capitalizar la empresa manteniendo el control estatal, mientras que desde la UDI surgieron llamados a no convertir la discusión sobre Codelco en la prioridad política del momento.

Aunque algunos dirigentes oficialistas admitieron que la empresa requiere profundas transformaciones para recuperar competitividad, la privatización no logró instalarse como una política compartida.

Rechazo transversal en la oposición

Desde la oposición, la respuesta fue prácticamente unánime.

El Partido Socialista difundió una declaración titulada «Codelco no se vende», en la que rechazó categóricamente la propuesta republicana y acusó al Gobierno de avanzar hacia una «privatización encubierta» mediante la eventual venta de activos estratégicos.

La colectividad reivindicó la nacionalización del cobre impulsada por el presidente Salvador Allende en 1971, recordando que fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional y calificándola como una de las principales conquistas económicas del país.

«Codelco no se vende», concluye el documento de la Comisión Política socialista.

El Frente Amplio también rechazó la iniciativa y sostuvo que abrir la puerta a la privatización significaría poner en riesgo un patrimonio estratégico del Estado chileno.

Del rechazo a la contraofensiva

La reacción más llamativa provino del diputado Jaime Bassa.

En lugar de limitarse a rechazar la propuesta republicana, presentó una reforma constitucional para avanzar precisamente en la dirección opuesta: reservar la explotación de la gran minería del cobre, el litio y otros recursos estratégicos exclusivamente al Estado o a empresas bajo su control.

La iniciativa propone modificar el artículo 19 N.º 24 de la Constitución, eliminando el actual régimen constitucional de concesiones mineras y fortaleciendo el dominio del Estado sobre los recursos minerales estratégicos.

Con ello, el debate dejó de girar únicamente en torno a una eventual privatización de Codelco y pasó a incorporar nuevamente la discusión sobre el régimen de propiedad de la gran minería.

El factor PDG

Quizás uno de los antecedentes políticamente más significativos fue la reacción del Partido de la Gente.

La bancada, que apoyó la megarreforma impulsada por el Gobierno, también manifestó su rechazo a una eventual privatización de Codelco, ampliando aún más el aislamiento de la propuesta republicana.

Ese dato resulta especialmente relevante porque muestra que el rechazo trasciende la tradicional división entre oficialismo y oposición y alcanza a sectores que, en otras materias económicas, han respaldado al Ejecutivo.

Un límite político

Más allá del futuro que pueda tener la discusión, la controversia dejó al descubierto un hecho político relevante.

Durante los últimos meses, el Gobierno había logrado instalar debates complejos —como la megarreforma tributaria y regulatoria— con un apoyo parlamentario suficiente para convertirlos en ley.

La propuesta sobre Codelco, en cambio, encontró un obstáculo distinto.

La empresa estatal conserva un fuerte valor económico, histórico y simbólico. Para amplios sectores políticos representa una de las principales expresiones de la soberanía económica del país, lo que explica que incluso dirigentes de centroderecha hayan evitado respaldar la idea de abrir su propiedad al capital privado.

En ese sentido, la iniciativa impulsada por el Partido Republicano parece haber encontrado un límite político que no apareció en otros debates recientes. En pocas horas consiguió un efecto inesperado: reunir en un mismo rechazo a la oposición, al Gobierno, a Chile Vamos y al Partido de la Gente.

Más allá del destino de la propuesta, el episodio confirma que, más de medio siglo después de la nacionalización del cobre, el futuro de Codelco sigue siendo uno de los temas capaces de generar los consensos y las divisiones más profundas de la política chilena.

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