Por: Leonardo Buitrago

El Ciudadano. 03/08/2026

En conversación con Sentido Común, la abogada indicó que las organizaciones expondrán ante la CIDH el desmantelamiento y eliminación de unidades de derechos humanos en el Estado, el recorte presupuestario y eliminación de 142 programas sociales del Estado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó para este miércoles 5 de agosto una audiencia en Washington para revisar antecedentes sobre medidas adoptadas durante los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. La instancia fue solicitada por organizaciones de derechos humanos y contempla el análisis de programas de memoria, reparación y persecución de crímenes de lesa humanidad en Chile.

La abogada Paulina Zamorano, quien es integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria y participará en esta instancia indicó que se abordarán «cuatro puntos principales que dicen relación con políticas administrativas que se han adoptado y la afectación a los derechos humanos en el Estado».

¡En conversación con el programa Sentido Común!, conducido por el Director de El Ciudadano, Javier Pineda Olcay, señaló  que con esta presentación, las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos en Chile, buscan que la Comisión conozca los antecedentes reunidos y evalúe su relación con las obligaciones internacionales del Estado, con objetivo de «detener y frenar el desmantelamiento institucional del Estado».

Explicó que expondrán ante la CIDH un conjunto de antecedentes entre los que figuran el desmantelamiento y eliminación de las instituciones de derechos humanos en el Estado, el reajuste presupuestario actual «que impide que efectivamente las distintas instituciones puedan hacerse cargo de sus obligaciones y sobre todo no puedan dar respuesta a obligaciones internacionales en la materia», y que abarca la eliminación de 142 programas sociales del Estado, entre los que se encuentran el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junaeb, la Beca de Apoyo Vocación Profesor, y la subvención de Gratuidad y el CAE.

«Cuando hablamos de desmantelamiento de la unidad de derechos humanos no solamente abordamos el Plan Nacional de Búsqueda, sino que también otras instituciones, otros programas del Estado, como por ejemplo la unidad que estaba a cargo de investigar las adopciones regulares, la unidad que también estaba a cargo de investigar y buscar las recomendaciones en torno a las vulneraciones que surgieron en el estallido, que también fueron unidades que desaparecieron por completo, y cuyas funciones además las asume el Gabinete. Es decir, no hay capacidades técnicas ni profesionales para poder abordar este tipo de temáticas, pero esto no solamente sucede en el Ministerio de Justicia, sino que pudimos diagnosticar que sucedía también en otras reparticiones del Estado, como por ejemplo en el Ministerio de Bienes Nacionales, donde se disuelve la unidad de derechos humanos y de indígenas, así como las encargadas de género a nivel transversal en el Estado, y también una serie de otras instituciones que impiden poder dar una respuesta eficaz en torno a poder abordar los distintos temas y programas sociales, no solamente de justicia nacional», expuso.

Zamorano destacó que según el cálculo de las organizaciones más de 1.800 millones de pesos que se han reducido en el Estado,» sin existir también una evaluación respecto del funcionamiento de dichos programas».

«Es decir, ha habido una reducción considerable para poder implementar dichas políticas«, subrayó.

Indultos pasivos, financiamiento de sitios de memoria y freno a la expropiación de ex Colonia Dignidad

Uno de los puntos más relevantes de la presentación se referirá al cambio en la actuación del Estado frente a solicitudes de beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante dela dictadura de Augusto Pinochet, ya que la administración de Kast ha dejado de oponerse a solicitudes de libertad anticipada o arresto domiciliario, lo que han denominado “indultos pasivos”.

«Es algo que nosotros acuñamos en su momento, que es en relación con la prohibición que tiene el programa de poder intervenir en las solicitudes de cumplimiento de los responsables de grave violación a los derechos humanos», señaló Zamorano.

«Nosotros hemos hecho un cálculo de las 44 solicitudes de salida anticipada, ya sea mediante solicitud directa a los tribunales, o bien mediante un recurso de amparo o protección, solamente el programa ha actuado en tres casos. Es decir, muy poco en consideración de la cantidad de solicitudes que se están presentando de tribunales, pero en particular no han participado en los casos en que el programa tenía que haber participado y además se ni informar a la familia, lo cual es muy grave. Casos como, por ejemplo, de la Operación Colombo, hay cuatro casos de agentes que no participaron en el Programa de Derechos Humanos, de Operación Cóndor, también responsables del Caso Paine. Es decir, hay una serie de casos muy importantes de agentes que han tenido una participación directa como ejecutores de los distintos crímenes, donde el programa no se ha puesto por instrucción de las autoridades para no participar en o poniéndose a dicho detalle», explicó.

También plantearán ante el organismo internacional «el problema de financiamiento de los sitios de memoria», asociándolo a restricciones presupuestarias y al debilitamiento de programas públicos vinculados con verdad y reparación.

Asimismo, indicó que, durante la audiencia, las organizaciones también expondrán su rechazo a la decisión del Ejecutivo de detener el proceso de expropiación de parte de la ex Colonia Dignidad, un enclave que mantiene una historia de abusos, pederastia y violaciones a los derechos humanos.

Durante la conversación con Sentido Común, la abogada fue consultada por la actuación en estos más de 4 meses del ministro de Justicia Fernando Rabat, quien participó como defensor del dictador Pinochet en casos como Rigs y Operación Colombo y ha encabezado el proceso de desmantelamiento impulsado por la administración de Kast.

«Creo que acá hay una afectación directa a la obligación de sancionar y que se cumplan las penas adecuadas y proporcionales a los crímenes que se cometieron», afirmó.

Zamorano destacó que este miércoles 5 de agosto, mientras se desarrolla la audiencia de la CIDH en Washington se van a realizas una serie de convocatorias a nivel nacional.

«Vamos a estar sosteniendo una serie de reuniones con organizaciones de derechos humanos, vamos a estar informando acerca de los siguientes pasos y también de trabajar de manera conjunta en cuáles van a ser las recomendaciones que se efectúen al Estado de Chile por parte de la Comisión Interamericana. Nosotros hacemos las sugerencias, pero finalmente quienes tomarán la decisión, van a ser el Estado y la Comisión», señaló.

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