Leonardo Buitrago – El Ciudadano - 06/08/2026

Bajo las premisas de más castigo y control del espacio público, José Antonio Kast presentó al país una nueva agenda en materia de seguridad que expande sustancialmente el poder punitivo del Estado .

Durante una cadena nacional transmitida la noche del miércoles, el Mandatario no solo celebró el despacho de la cuestionada megarreforma económica-tributaria, sino que presentó un paquete de medidas que profundizan la lógica del control territorial, argumentando la necesidad de enfrentar los embates del crimen organizado.

La nueva agenda de seguridad incluye reformas que abarcan desde la captura de organizaciones criminales hasta la modificación de la Constitución para blindar la intervención estatal.

En concreto, Kast anunció que su gobierno mantendrá un «despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje y tecnología en cada uno de ellos; una medida que busca instalar la presencia estatal como una suerte de ocupación estratégica del territorio.

Asimismo, informó que se ampliará de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia, que permite a las fuerzas policiales detener a una persona sin orden judicial cuando está cometiendo un delito o lo acaba de cometer, constituyendo una excepción al principio de libertad personal establecido en el artículo 19 N° 7 letra c) de la Constitución chilena

Esta medida abre la puerta a detenciones preventivas prolongadas y aumenta el riesgo de arbitrariedades contra personas inocentes en contextos de alta tensión social.

El discurso del mandatario se cargó de un tono beligerante cuando prometió perseguir «organizaciones completas, en su liderazgo, en su territorio y en su dinero», una declaración que apunta a desmantelar las estructuras financieras del narcotráfico y el crimen organizado, pero que también sienta las bases para una expansión del control estatal sobre el espacio público.

En otro punto de su alocución , Kast fue explícito al anunciar que «el carabinero, el policía, gendarme o militar que actúe en legítima defensa no será tratado como si fuera el delincuente», una fórmula que busca blindar a las fuerzas de seguridad ante eventuales denuncias de uso excesivo de la fuerza y en un cheque en blanco para la represión.

La dimensión migratoria y fronteriza también ocupó un lugar central en la batería de anuncios el ultraderechista prometió ampliar la retención migratoria ilegal y la capacidad de expulsión efectiva de extranjeros sin derecho a permanencia, además de reforzar el control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, una medida que evoca las políticas de muro físico implementadas por la administración de Donald Trump en Estados Unidos y que profundiza la criminalización de la migración irregular como sinónimo de inseguridad.

Paralelamente, el mandatario introdujo nuevos tipos penales que castigarán la obstrucción del espacio público mediante barricadas o vehículos cruzados, así como el reclutamiento de menores para actividades delictivas, estableciendo penas agravadas y sin atenuantes para quienes utilicen a niños en la cadena del narcotráfico.

Reforma constitucional

El cuarto eje del anuncio presidencial fue el más ambicioso en términos institucionales: una reforma constitucional que «consagre, sin ambigüedad, que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado”,  un movimiento que busca dotar al Ejecutivo de un marco de acción más amplio para combatir el crimen y que podría reinterpretar el alcance de los derechos fundamentales en favor de la intervención estatal.

“Nos permitirá tener un marco de acción mucho más amplio y herramientas más efectivas para combatir el crimen”, afirmó ante las cámaras de televisión, según recogió CNN Chile.

Kast detalló que esta reforma apunta a tipificar como delito autónomo la pertenencia a organizaciones criminales, establecer regímenes penitenciarios especiales para narcotraficantes que operan desde prisión y crear una nueva agencia estatal para decomisar y destruir bienes del crimen organizado sin dilaciones.

El Presidente fijó un plazo concreto para la tramitación de estas iniciativas: «antes de Navidad» deben estar aprobadas todas las herramientas legales para recuperar «la libertad de manos de los delincuentes», un calendario que evidencia la urgencia con que el gobierno pretende instalar su agenda de seguridad como el eje vertebrador de su gestión, tal y como prometió durante su campaña electoral.

«Estas decisiones tienen consecuencias»

Esta batería de medidas llega justamente, cuando la aprobación ciudadana de la gestión del ultraderechista cayó a 25,6% , marcando su peor registro desde que llegó a La Moneda en marzo pasado, según reveló la más reciente entrega de la encuesta Pulso Ciudadano

Kast cerró su intervención con un mensaje de alerta: «Sabemos que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá algunos que querrán oponerse. A todos ellos les decimos: no hay marcha atrás«, una declaración que consolida la estrategia de confrontación política que ha caracterizado su mandato.

El desafío para el gobierno será demostrar que estas herramientas efectivamente reducen la violencia sin convertirse en un mecanismo de criminalización, exclusión y violación de los derechos humanos.

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