Por : Julián Ortiz. Abogado
El Mostrador. 12 agosto, 2026
El fin no es modernizar el Estado, sino que encadenarlo e incapacitarlo para que no pueda perseguir aquellos objetivos que consideran ilegítimos. Y esa es la agenda de José Antonio Kast.
En Chile, todo proyecto político de derecha tiene que equilibrar a las dos fuerzas dominantes de ese sector; el conservadurismo cultural –históricamente representado por el gremialismo– y los intereses económicos de la derecha empresarial.
A estas dos corrientes se ha sumado una tercera vertiente, la derecha de la batalla cultural, que se desenvuelve entre paneles de televisión y canales de Youtube, mezclando la política con el entretenimiento y la rabia. El gran logro de Jose Antonio Kast fue unir estas tres fuerzas casi sin fricciones, lo que se cristalizó el día después de la primera vuelta cuando tanto empresarios como streamers fueron a rendirle homenaje al nuevo líder de la derecha chilena. Pero como Kast bien sabe, una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar, y para eso debía echar mano al gran elemento aglutinador de estas tres derechas: su hostilidad hacia el Estado.
En sus versiones más extremas, todas estas derechas ven a gran parte del Estado –si no en su diseño, ciertamente en la práctica– como un agente del progresismo financiado por impuestos generales y por lo tanto ilegítimo. Aunque, por cierto, esta hostilidad no se ve en otras facetas que sí consideran legítimas, particularmente en su capacidad de control y orden público, la derecha conservadora resiente que el Estado sea un motor de secularización de la sociedad, promoviendo una agenda valórica que se aleja de los valores tradicionales.
La derecha económica cree que el Estado se ha transformado en un mecanismo de redistribución de la riqueza, cuando en rigor solo debería preocuparse de resguardar ciertas libertades y de generar las condiciones para fomentar la inversión privada, y la derecha youtuber ve en las instituciones del Estado el status quo contra el cual se rebela.
Es por esa razón que Kast decidió que su primer gran proyecto fuera uno que buscara encadenar al Estado (en palabras del teórico canadiense Quinn Slobodian), porque el proyecto de megarreforma tributaria no es solo un proyecto de la derecha empresarial, es un proyecto en donde convergen las distintas ultraderechas: su finalidad primaria es incapacitar materialmente al Estado para perseguir cualquier fin, como la justicia social o la provisión de derechos sociales, que considera ilegítimos. Aquí no se pretende hacer al Estado más eficiente o más moderno, sino lo opuesto: atarlo y boicotearlo para luego privatizar sus funciones. Por eso, la megarreforma no es más que la versión local de la agenda antiestatal de la ultraderecha global.
En Estados Unidos, la única victoria legislativa del segundo periodo de Donald Trump llegó a los 165 días de asumir el poder, con una reforma tributaria diseñada para bajar impuestos que afectan desproporcionadamente a los más ricos, disminuyendo la capacidad recaudadora del estado federal en 1,3 puntos del PIB. Kast se demoró 147 días en aprobar una reforma de características similares, que disminuye la capacidad recaudadora del Fisco en 1 punto del PIB. Ambas reformas se van a financiar con un aumento de la deuda fiscal (que parece solo importar cuando gobierna la izquierda) y mediante el recorte de servicios públicos ocupados por los más pobres.
Pero el Estado de la megarreforma no solo es uno desfinanciado, también es uno que renuncia a ejercer su soberanía. Russell Vought –ideólogo de la segunda administración Trump– señaló expresamente que su finalidad era “desmantelar al estado administrativo” que se había transformado en el “brazo armado de la política woke“, reduciendo sus capacidades, cortando su presupuesto, despidiendo a funcionarios de carrera y eliminando la memoria institucional de cómo hacer las cosas bien.
El objetivo es tener instituciones públicas que no puedan cumplir con las demandas sociales, generando una ciudadanía más hostil al Estado, lo que a su vez sirve para mantener a la ultraderecha en el poder. La mega reforma de Kast tiene elementos estructurantes parecidos, que no solo desfinancian el Estado, sino que atacan su capacidad institucional. Los más evidentes son la indemnización por la revocación de una RCA, en donde el Estado se auto penaliza por ejercer sus potestades constitucionales, y la invariabilidad tributaria, en donde derechamente renuncia a su soberanía en materia tributaria.
Hoy existe un debate amplio sobre el carácter ultraderechista del gobierno de José Antonio Kast. Hay quienes creen que hay que esperar a que se aprueben leyes ultraconservadoras en materias valóricas o que haya un ataque abierto al orden democrático para que se justifique ese adjetivo.
Discrepo. Hay una manera mucho más sutil de horadar las instituciones, mediante su desfinanciamiento continuo y socavamiento estructural, que le permite a la ultraderecha lograr sus objetivos sin estridencias ni sobresaltos.
El fin no es modernizar el Estado, sino que encadenarlo e incapacitarlo para que no pueda perseguir aquellos objetivos que consideran ilegítimos. Y esa es la agenda de José Antonio Kast.
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