Interferencia. 21/08/2026
La Comisión Especial Investigadora aprobó un informe que responsabiliza al Estado por no estar preparado para la violencia del 2019, pero reconoce que no logró identificar a quién la coordinó. Mientras Chile Vamos ve una crítica velada a Piñera, los libertarios sostienen que el documento apunta a deficiencias sistémicas, no personales.
La Comisión Especial Investigadora sobre el estallido social cerró su trabajo el martes pasado sin responder la pregunta central de su mandato: quién instigó la violencia. El informe final, aprobado por ocho votos contra cuatro, reconoce explícitamente que surgieron "variadas hipótesis" pero no identifica organizaciones, autores ni mecanismos de financiamiento detrás de los hechos violentos.
La comisión funcionó desde mayo y realizó once sesiones con un saldo limitado: invitó a treinta y dos personas de las cuales solo diecisiete asistieron; envió sesenta y cinco oficios y recibió diez respuestas utilizables. Entre los ausentes estuvieron varias autoridades del gobierno de Piñera que presentaron excusas, incluido el ministro de Seguridad Martín Arrau.
Lo que sí documentó la comisión fueron deficiencias estatales. El informe acusa "excesivos incumplimientos" del gobierno Piñera en resguardo del orden público y seguridad. Identifica como fallas clave: la falta de coordinación entre la Fiscalía Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia; ausencia de regulación sobre infraestructura crítica; reglas de uso de la fuerza inadecuadas para el nivel de violencia; y debilidad en el sistema de inteligencia.
Entre los datos: setenta y siete de ciento treinta y seis estaciones de Metro sufrieron daños. Veinte fueron incendiadas —seis completamente, catorce parcialmente— con pérdidas estimadas en más de doscientos millones de dólares. Entre 2019 y 2026 se registraron cuatro ataques contra infraestructura eléctrica.
La comisión aprobó el informe libertario por ocho votos: Hans Marowski, Enrique Bassaletti, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Javier Olivares, Francisco Orrego, Alejandro Riquelme y Javiera Rodríguez. Votaron en contra Jorge Díaz, Daniel Manouchehri, Lorena Pizarro y Consuelo Veloso.
Junto con el diagnóstico sobre Piñera, el documento propone limitar las atribuciones del INDH: convertirlo en órgano consultivo, impedir que presente querellas, y obligarlo a distinguir entre hechos verificados, denuncias, testimonios, hipótesis y opiniones en sus reportes.
RN, la UDI y Evópoli rechazaron el informe acusando que constituía un ataque indirecto al expresidente. Esto generó respuesta inmediata del Partido Nacional Libertario.
Johannes Kaiser, presidente de la colectividad, planteó que la lectura de Chile Vamos "está siendo sobresensible". Señaló que el informe critica capacidades e incapacidades del Estado, no específicamente a Piñera. "La incapacidad de las fiscalías de documentar quiénes estaban detrás de los atentados del 18-O no es solamente responsabilidad del presidente Piñera, es el resultado de una serie de gobiernos", dijo Kaiser.
Hans Marowski, presidente de la comisión, fue más directo. Criticó que autoridades de la época "perdieron una oportunidad histórica" de explicar quién organizó, planificó, financió y ejecutó el estallido. Y cuestionó a parlamentarios de Chile Vamos presentes en la comisión que "no leyeron bien el informe" antes de rechazarlo públicamente.
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