Por: Comunicaciones OLCA

Interferencia. 26/08/2026

El foro “Estado en disputa y territorios bajo presión en Latinoamérica” reunió a Luciana Ghiotto, investigadora del Transnational Institute (TNI); Gonzalo Durán, académico de la Universidad de Chile y economista de Fundación SOL, y Lucio Cuenca, director de OLCA. Sus intervenciones mostraron que, aunque el RIGI argentino y la Megarreforma chilena operan mediante mecanismos distintos, ambos reducen la capacidad regulatoria del Estado y amplían las garantías otorgadas al capital. El posterior fallo del Tribunal Constitucional puso límites a algunos de los aspectos más cuestionados de la iniciativa chilena, pero no revirtió el proceso de regresión socioambiental analizado durante el encuentro.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) argentino y la denominada Megarreforma chilena fueron examinados como piezas de una transformación más profunda del Estado en América Latina. En ambos casos, la promesa de reactivar la economía y atraer inversiones se traduce en estabilidad regulatoria, ventajas tributarias y procedimientos administrativos favorables a las empresas, mientras los riesgos económicos, sociales y ambientales recaen sobre las arcas públicas y los territorios.

Esa fue una de las principales conclusiones del foro “Estado en disputa y territorios bajo presión en Latinoamérica: Miradas críticas al RIGI argentino y la Megarreforma chilena”, realizado el 11 de agosto en el auditorio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.

La actividad fue convocada por el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Fundación SOL y el Postgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, con el apoyo de War on Want y Fundación Rosa Luxemburgo. El encuentro fue moderado por Karen Ardiles, investigadora de OLCA.

El RIGI y el candado jurídico sobre el Estado

Luciana Ghiotto situó el RIGI dentro de una arquitectura internacional de protección de inversiones consolidada durante la década de 1990 mediante tratados comerciales y bilaterales, capítulos de inversión y mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, conocidos como ISDS.

Su rasgo central, explicó, es la asimetría: “Es un mecanismo unilateral, porque solamente el inversor puede iniciar una demanda en el arbitraje”.

El Estado, en cambio, no puede recurrir a esas instancias para demandar a una empresa por vulneraciones de derechos humanos o daños ambientales. Las compañías sí pueden alegar que una política pública afecta su propiedad o sus expectativas de ganancias y exigir compensaciones millonarias. Incluso la amenaza de una demanda puede operar como una forma de presión y provocar lo que Ghiotto denominó un “enfriamiento regulatorio”, gobiernos que desisten de adoptar medidas de interés público ante el riesgo de enfrentar un litigio internacional.

Según los antecedentes presentados por la investigadora, cerca de un tercio de las demandas conocidas a nivel mundial han sido dirigidas contra países de América Latina. La minería, el petróleo y el gas concentran casi una cuarta parte de los casos contra Estados de la región. El aumento de las inversiones extractivas ha venido acompañado, sostuvo, de un uso creciente del arbitraje para disciplinar cualquier intento estatal de regular esas actividades.

El RIGI profundiza esa lógica dentro de Argentina. El régimen concede durante 30 años estabilidad regulatoria y un conjunto de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a grandes proyectos de ocho sectores estratégicos. A diferencia de los tratados de protección de inversiones, sus garantías alcanzan tanto a capitales extranjeros como nacionales y contemplan el acceso al arbitraje internacional. Ghiotto advirtió que incluso una sociedad como YPF, cuyo 51% accionario pertenece al Estado argentino, podría acogerse al régimen y eventualmente litigar contra el propio Estado.

Al momento del foro, el Observatorio del RIGI registraba 40 proyectos presentados, con inversiones anunciadas por alrededor de 138 mil millones de dólares: 21 habían sido aprobados, 18 se encontraban en evaluación y uno había sido rechazado. La mayor parte se concentra a lo largo de la cordillera, en zonas vinculadas a la minería y a los hidrocarburos de Vaca Muerta, lo que, para Ghiotto, expresa una reestructuración del capitalismo argentino y el desplazamiento de sus principales polos de acumulación.

La protección ofrecida no es solo jurídica. La investigadora recordó la creación de un Comando Unificado de Seguridad Productiva destinado a resguardar las inversiones adheridas al régimen. La fórmula combina beneficios económicos, estabilidad normativa y seguridad física frente a eventuales resistencias. “El RIGI es un candado sobre la capacidad regulatoria del Estado”, sintetizó. Su efecto es sustraer del debate democrático decisiones que condicionarán durante décadas los derechos laborales, ambientales y territoriales.

La Megarreforma y la recuperación de la rentabilidad empresarial

Gonzalo Durán abordó la Megarreforma desde el escenario de estancamiento económico utilizado por el Gobierno para justificarla. Expuso que el crecimiento potencial de Chile se sitúa en torno al 2%, muy lejos de las tasas registradas en los años noventa, y contrapuso ese desempeño con un gasto público social y una recaudación tributaria que siguen siendo bajos en comparación con los países de la OCDE.

El economista puso el foco en la brecha de incumplimiento tributario, una dimensión habitualmente desplazada del debate De acuerdo con las cifras del Servicio de Impuestos Internos citadas en su presentación, esta alcanzaría cerca del 50% en los tributos analizados y representaría recursos equivalentes a 6,5 puntos del PIB, poco más de 20 mil millones de dólares que no ingresan a las arcas fiscales. Mientras esa evasión no es perseguida con igual intensidad, señaló, las respuestas estatales se concentran en la austeridad y la contención del gasto.

Durán vinculó este cuadro con el aumento de la pobreza, que llega al 17,3% según las nuevas estimaciones expuestas durante el foro. Sin subsidios, agregó, alcanzaría al 25% de la población, lo que evidencia hasta qué punto las transferencias públicas contienen una pobreza generada por el funcionamiento del mercado laboral.

Desde esa lectura, “la Megarreforma es básicamente un intento por parte del capital de restituir los niveles de rentabilidad que han venido a la baja”, afirmó. Entre sus componentes destacó la reducción gradual del impuesto corporativo para las grandes empresas desde el 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario y el estatuto de invariabilidad para grandes inversiones.

Según los cálculos presentados por Gonzalo Durán, cada punto de rebaja del impuesto de primera categoría implica que el Estado deja de recaudar cerca de 460 millones de dólares; una reducción de cuatro puntos significaría alrededor de 1.800 millones de dólares en régimen. La expectativa oficial de que esa menor tributación provocará más inversión, empleo y consumo, sostuvo, reactualiza una política de chorreo cuyos resultados Chile conoce desde hace décadas.

La invariabilidad tributaria fue otro eje de su crítica. Al congelar por largos periodos las condiciones ofrecidas a los inversionistas, limita la posibilidad de que futuros gobiernos y mayorías sociales redefinan la política fiscal. Durán la describió como una forma de despolitizar la discusión sobre la sociedad que se quiere construir, pues proyecta hacia el futuro la correlación de fuerzas favorable al capital que existe en el presente.

La regresión socioambiental excede a una sola ley

Lucio Cuenca amplió el análisis hacia los cambios regulatorios y administrativos que avanzan fuera de la Megarreforma. La actual ofensiva, planteó, combina elementos instalados durante el gobierno anterior con una radicalización neoliberal bajo la administración de José Antonio Kast. Estrategias como las de hidrógeno verde, litio, minerales críticos y centros de datos prepararon una política de grandes inversiones ligada a la transición energética corporativa. El Gobierno actual profundiza ese rumbo mediante exenciones, rebajas de exigencias y debilitamiento de la evaluación ambiental.

Un antecedente central es la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. Su implementación reemplaza en diversos procedimientos la autorización previa de los servicios públicos por declaraciones juradas de los titulares. El Estado conserva principalmente la facultad de fiscalizar después, cuando el incumplimiento o el daño pueden haberse producido. Al mismo tiempo, los proyectos que no ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental dejan fuera derechos asociados a ese procedimiento, como el acceso a la información, la participación ciudadana y la posibilidad de reclamar frente a decisiones que afecten a las comunidades.

Cuenca recordó también que, al asumir el actual Gobierno, fueron retirados de la Contraloría 43 decretos ambientales que se encontraban en toma de razón. Aunque algunos fueron repuestos, otros siguen suspendidos, entre ellos la norma de calidad del aire para arsénico en zonas donde operan fundiciones de cobre, una regulación postergada por más de veinte años y directamente relacionada con la salud de las poblaciones cercanas.

El trato preferente al sector minero aparece asimismo en modificaciones reglamentarias. De 25 autorizaciones contempladas en el Reglamento de Seguridad Minera, 21 pasaron a tramitarse mediante declaraciones juradas, incluso para operaciones delicadas. Paralelamente, una reforma en curso al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental propone elevar de 5.000 a 40.000 toneladas mensuales el umbral que obliga a los proyectos mineros a ingresar al sistema. Para las exploraciones, el límite subiría de 40 a 160 sondajes desde Coquimbo hacia el norte y de 20 a 40 en el resto del país.

“No debemos perder de vista que, de facto, está ocurriendo otra serie de modificaciones que tienen el mismo impacto o que, incluso, pueden tener efectos mayores que los aspectos considerados en la propia Megarreforma”, advirtió el director de OLCA.

Cuando se realizó el foro, el Tribunal Constitucional todavía no se había pronunciado sobre los requerimientos presentados contra la iniciativa. Dos días después, el organismo declaró inconstitucionales los artículos que establecían una indemnización a los titulares de proyectos cuyas resoluciones de calificación ambiental fueran anuladas judicialmente; eliminó parte de la restricción que se pretendía imponer a las reclamaciones ambientales; impidió que las denominadas micro relocalizaciones de concesiones salmoneras quedaran exentas de evaluación ambiental, y acotó algunos alcances del estatuto de invariabilidad tributaria.

El fallo suprimió componentes especialmente graves, pero mantuvo el núcleo de la invariabilidad, la rebaja tributaria y otras disposiciones de la Megarreforma. Como explicó posteriormente Cuenca en una actualización de su análisis, el pronunciamiento puso límites, pero no desarmó la orientación general de una política que busca acelerar inversiones mediante menores impuestos, exigencias y riesgos para las empresas.

Los territorios como espacio de disputa y reconstrucción política

Las tres intervenciones coincidieron en que estas transformaciones ya tienen una expresión concreta en los territorios. En Chile, Lucio Cuenca mencionó los conflictos frente a nuevos proyectos y ampliaciones de la minería del cobre, la explotación del litio, las concesiones de tierras raras en Biobío, Ñuble y Maule, y los megaproyectos de energías renovables. Once iniciativas de energía eólica marina, especialmente concentradas frente a las costas del Biobío, buscan instalarse en espacios utilizados por la pesca artesanal y otras economías locales.

La paradoja, sostuvo, es que una demanda histórica por cambiar la matriz energética ha sido capturada por una transición corporativa que reproduce el extractivismo y abre nuevos conflictos con las comunidades. La Megarreforma consolida ese escenario al reducir derechos y estrechar las vías institucionales disponibles para enfrentar proyectos de alto impacto.

Durante el diálogo con el público, Cuenca advirtió además que las empresas han perfeccionado sus formas de intervención territorial. La antigua responsabilidad social empresarial ha dado paso al “valor compartido”, la colaboración público-privada y modelos de gobernanza que normalizan la participación de actores privados en decisiones sobre bienes comunes. En condiciones profundamente asimétricas, estas estrategias pueden fragmentar el tejido social y convertir el diálogo en una herramienta para legitimar decisiones previamente orientadas por los intereses corporativos.

Durán insistió en que la disputa exige fortalecer la organización social y sindical, recuperar la negociación colectiva por rama y volver a situar el trabajo en el centro de una estrategia de desarrollo. “Aquí no hay atajos, no hay caminos cortos ni medias tintas”, señaló al responder las preguntas del público. Para el economista, la construcción de poder social requiere articulaciones entre sindicatos, organizaciones comunitarias y pueblos que comparten un territorio.

Luciana Ghiotto planteó un horizonte igualmente exigente. La reconstrucción de los movimientos sociales, afirmó, no será inmediata y puede tomar cinco, ocho o diez años. Después del impacto provocado por el avance de las ultraderechas y la transformación acelerada de los Estados, la resistencia deberá combinar análisis político, diálogo y recomposición de los vínculos colectivos.

El foro cerró así con una tarea común para Chile y Argentina tendiente a comprender los dispositivos jurídicos y económicos que blindan al capital, disputar las decisiones sobre los bienes comunes y reconstruir desde los territorios la fuerza necesaria para defender derechos, alternativas de vida y la democrática.

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