By Simon Del Valle – El Clarin Chile - 14 septiembre, 2026
Más de cien solicitudes de indulto se encuentran actualmente en manos del Ministerio de Justicia y la mayoría corresponde a condenados por hechos ocurridos en 1973. La revelación coloca al presidente José Antonio Kast ante una definición que durante meses ha podido postergar. La presión procede de su propia derecha, pero enfrente tiene una mayoría ciudadana que rechaza los indultos a condenados por violaciones de derechos humanos y las obligaciones internacionales asumidas por Chile.
La discusión sobre los indultos a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura dejó de ser una especulación política. Más de cien solicitudes se encuentran actualmente en tramitación en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y una parte importante de sus carpetas ya está sobre el escritorio del ministro Fernando Rabat.
Fue el propio secretario de Estado quien reveló este domingo la magnitud del proceso. “Las solicitudes son bastantes, son más de cien hoy día”, dijo en Mesa Central de Canal 13. Ante la pregunta sobre su origen, precisó algo todavía más significativo: “Son mayoritariamente de hechos ocurridos en 1973”. Los requerimientos relacionados con condenados por hechos del estallido social, agregó, son “muy pocos”.
La precisión cambia sustancialmente el cuadro político.
Durante meses, el Gobierno pudo presentar el asunto como una discusión general sobre situaciones humanitarias, presos de edad avanzada o eventuales indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante la revuelta de 2019. Ahora sabemos que el grueso de los expedientes que examina Justicia tiene otro origen: las condenas relacionadas con la represión iniciada después del golpe de Estado.
Rabat aseguró que el presidente José Antonio Kast todavía no ha examinado las carpetas. El Ministerio las está ordenando y estudiando y no se ha impuesto un plazo para concluir el proceso. Según el ministro, el criterio acordado con el mandatario consiste en resolver “caso a caso”, a partir de los antecedentes de cada expediente.
La ausencia de una decisión presidencial, sin embargo, no significa que el problema permanezca en el terreno de las hipótesis. El procedimiento está en marcha.
La presión viene desde la propia derecha
Kast enfrenta desde hace semanas una creciente presión de los sectores situados a su derecha y también dentro de su propio espacio político.
A comienzos de septiembre, el Partido Nacional Libertario expresó públicamente su molestia por la lentitud del proceso y comenzó a impulsar como alternativa el proyecto de indulto general que se tramita en el Congreso. La presión alcanzó también a la UDI, cuyo vicepresidente Eduardo Cretton pidió al mandatario establecer plazos y transparentar los casos en que podría concederse el beneficio.
Los libertarios volvieron sobre el asunto pocos días después. Antes de reunirse con Kast en Cerro Castillo, anunciaron que exigirían acelerar la revisión de las solicitudes porque consideran los indultos un compromiso adquirido durante la campaña presidencial.
Kast entregó entonces una señal a ese sector: ratificó ante republicanos y libertarios su voluntad de avanzar en indultos a exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social, aunque sin comprometer fechas.
Pero los antecedentes conocidos este domingo muestran que la cuestión es bastante mayor. Los casos del estallido constituyen, según Rabat, una pequeña parte de los expedientes. El grueso conduce directamente a 1973 y a las violaciones de derechos humanos de la dictadura.
Es allí donde la decisión se vuelve mucho más difícil para La Moneda.
Una mayoría ciudadana dice no
Kast no enfrenta solamente tratados internacionales, organizaciones de derechos humanos, familiares de las víctimas o partidos de oposición. Enfrenta también una realidad que políticamente puede resultar bastante más difícil de ignorar: la mayoría de los chilenos rechaza estos indultos.
La última medición de Criteria muestra que un 59% está en desacuerdo con indultar a militares condenados por violaciones de derechos humanos, mientras solo un 30% se manifiesta favorable.
La diferencia es considerable. No estamos ante una sociedad dividida en mitades equivalentes ni ante una demanda que pueda atribuirse exclusivamente a las organizaciones de derechos humanos o a sectores de izquierda. El rechazo se acerca a seis de cada diez ciudadanos y prácticamente duplica a quienes respaldan los indultos.
El dato adquiere todavía más importancia por el momento político en que aparece.
La medición anterior de Criteria había situado la aprobación presidencial en 30%, frente a una desaprobación de 58%, el peor resultado registrado por Kast desde que llegó a La Moneda. Desde marzo, según la propia encuestadora, su aprobación descendió desde 46% hasta 30%, mientras la desaprobación pasó de 30% a 58%.
Conceder indultos a condenados por violaciones de derechos humanos significaría, por tanto, satisfacer una demanda intensamente defendida por una parte de la derecha precisamente cuando una mayoría del país manifiesta estar en contra.
Esa es una de las contradicciones que comienza a cercar al Gobierno.
Krassnoff y la expectativa de una “libertad total”
La revelación de Rabat también obliga a mirar bajo otra luz un episodio ocurrido apenas unos días antes.
Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los agentes de la DINA con mayor número de condenas por crímenes de lesa humanidad, hizo llegar una carta al senador Iván Flores en la que no manifestó arrepentimiento ni pidió perdón. Por el contrario, reivindicó su actuación y expresó su confianza en una “pronta libertad total”.
En aquel momento la frase podía interpretarse como la expectativa personal de un condenado o como una provocación política.
Ahora sabemos que, mientras esas palabras circulaban públicamente, el Ministerio de Justicia tenía en tramitación más de cien solicitudes de indulto vinculadas mayoritariamente con hechos ocurridos en 1973.
No existe evidencia pública que permita afirmar que Krassnoff conozca las decisiones que adoptará La Moneda, ni siquiera que su caso esté entre los expedientes mencionados por Rabat. Sería irresponsable sostenerlo. Pero la coincidencia revela algo políticamente relevante: entre algunos condenados y los sectores que los respaldan existe una expectativa real de que el Gobierno de Kast pueda abrir una vía hacia la libertad.
Y esa expectativa no nació espontáneamente.
El límite internacional
La facultad presidencial de conceder indultos tampoco opera en un vacío jurídico.
Chile ha asumido obligaciones internacionales específicas respecto de la investigación, sanción y cumplimiento de las condenas por graves violaciones de derechos humanos. La jurisprudencia del sistema interamericano ha establecido límites particularmente exigentes cuando los beneficios penitenciarios o medidas de clemencia pueden transformar las condenas en formas de impunidad.
En marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición hicieron un llamado explícito a los Estados a no conceder perdones, indultos humanitarios o beneficios indebidos a responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
La declaración es particularmente pertinente para la discusión chilena porque advierte también sobre fórmulas generales destinadas a modificar el cumplimiento de las penas basándose en la edad de los condenados.
Eso no significa negar los derechos humanos de quienes están presos. Las personas condenadas, cualquiera sea la gravedad de sus delitos, mantienen su derecho a atención médica y condiciones penitenciarias compatibles con su dignidad.
Pero la CIDH establece un estándar mucho más exigente cuando se trata de responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Deben considerarse la gravedad de los delitos, el cumplimiento de una parte considerable de la pena, la colaboración con el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de los crímenes cometidos y los efectos que una liberación anticipada tendría sobre las víctimas y sus familiares.
Ese estándar vuelve especialmente problemática la utilización genérica de la avanzada edad como fundamento para liberar a condenados.
El “caso a caso” no resuelve el problema
La fórmula elegida por Rabat y Kast —examinar cada solicitud individualmente— es jurídicamente distinta de un indulto general y políticamente mucho más manejable para el Gobierno.
Permite evitar una gran decisión colectiva. Cada decreto podría justificarse por edad, enfermedad, tiempo cumplido u otras circunstancias particulares. El debate dejaría entonces de presentarse como una decisión sobre los criminales de la dictadura para transformarse en cien discusiones individuales sobre cien personas concretas.
Pero fragmentar la decisión no elimina su significado político.
Si una sucesión de decisiones individuales termina reduciendo o extinguiendo las penas de numerosos responsables de secuestros, desapariciones, torturas y homicidios, el efecto acumulado deberá ser evaluado independientemente del mecanismo administrativo utilizado para conseguirlo.
Y las obligaciones internacionales tampoco desaparecen por aplicar los beneficios uno por uno.
Una memoria que el Gobierno no controla
Hay además una dimensión que excede al derecho.
Todo esto ocurre inmediatamente después del primer 11 de septiembre desde el retorno de la democracia en que el Gobierno decidió no realizar una conmemoración oficial del golpe de Estado.
La decisión podía interpretarse como una tentativa de retirar el 11 de septiembre del calendario institucional de La Moneda. Sin embargo, las actividades desarrolladas durante los últimos días mostraron una realidad distinta: organizaciones de derechos humanos, familiares, colectivos sociales y nuevas generaciones volvieron a reunirse en Santiago y en distintas regiones para recordar a las víctimas.
Ahora la encuesta Criteria agrega un dato cuantitativo a aquella evidencia social: 59% rechaza los indultos a militares condenados por violaciones de derechos humanos.
La memoria, por tanto, no se reduce a una ceremonia gubernamental. Tampoco pertenece solamente a quienes vivieron el golpe y la dictadura. Después de más de medio siglo, sigue teniendo expresión política en una parte mayoritaria de la sociedad chilena.
Ese probablemente sea uno de los mayores errores de cálculo que podría cometer el Gobierno: confundir la ausencia de una ceremonia oficial con la desaparición del consenso social construido durante décadas respecto de la gravedad de los crímenes de la dictadura.
Kast tendrá que decidir
Hasta ahora el Presidente ha conseguido mantener una ambigüedad políticamente conveniente.
El 31 de agosto afirmaba que no tenía ninguna solicitud resuelta y explicaba que analizaría cada petición sin cuestionar las sentencias judiciales, considerando principalmente circunstancias humanitarias.
Dos semanas después conocemos la verdadera dimensión del asunto: hay más de cien expedientes y la mayoría está relacionada con 1973.
Ya no es posible presentar el problema como una discusión abstracta.
Kast deberá decidir.
Si concede indultos a condenados por graves violaciones de derechos humanos, satisfará una demanda histórica de los sectores de derecha que han cuestionado las condenas y denunciado durante años un supuesto trato injusto hacia los agentes de la dictadura. Pero deberá hacerlo frente a los estándares internacionales que obligan a Chile y, sobre todo, frente a una sociedad donde seis de cada diez personas dicen que no están de acuerdo.
Si los rechaza, deberá enfrentar a una parte de su propio mundo político, que considera esos beneficios una promesa pendiente.
Los cien expedientes que hoy se acumulan en Justicia son por eso mucho más que cien trámites administrativos. Son una prueba política para un Gobierno que ha intentado modificar la relación del Estado con la memoria de la dictadura sin romper abiertamente con los límites democráticos construidos desde 1990.
Kast puede retirar el 11 de septiembre de las ceremonias de La Moneda. Puede hablar de reconciliación, edad avanzada o razones humanitarias. Puede examinar las solicitudes una por una.
Lo que no puede hacer es borrar el contexto en que deberá decidir.
Porque al otro lado de esos cien expedientes están las sentencias de los tribunales, las obligaciones internacionales de Chile, las víctimas y sus familiares y una mayoría ciudadana que, 53 años después del golpe de Estado, sigue diciendo que esos crímenes no deben quedar impunes.
Simón del Valle - Periodista
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.