Por: Gael Yeomans. Presidenta del Frente Amplio
BioBioChile. Domingo 20 septiembre de 2026
Chile tiene un problema de empleo que ya no admite excusas ni culpas. En cinco meses se han destruido 177 mil puestos netos y la desocupación llegó al 9,5%. Estamos hablando de cientos de miles de familias que buscan trabajo y no lo encuentran. Sobre todo mujeres y jóvenes.
El Gobierno ha diagnosticado una “Emergencia Laboral”. El problema es que no tiene ninguna medida de emergencia.
Quien está desempleado hoy no puede esperar tres o cuatro años a que eventualmente una reforma muestre resultados. Los cesantes tampoco necesitan una agenda de flexibilización y de facilidad del despido. Frente a una crisis de empleo se necesitan políticas de empleo concretas.
Lee también...
Por eso, desde el Frente Amplio queremos hacer una invitación clara y directa: aprovechemos la discusión de la Ley de Presupuestos para construir un Plan Nacional de Empleo. No una suma de anuncios, sino una política coordinada para crear puestos de trabajo, facilitar la contratación formal y remover las barreras que hoy impiden trabajar a cientos de miles de personas.
La fórmula puede construirse en torno a seis decisiones:
Primero, fortalecer de verdad el Subsidio Unificado al Empleo. El Gobierno debe implementar de manera eficiente esta ley, creada en el gobierno anterior, y aprovechar el Presupuesto 2027 para ampliar su cobertura, reducir requisitos, extender la ventana para subsidiar empleos recientes e incorporar también a hombres de entre 25 y 55 años con un beneficio focalizado. Las estimaciones disponibles indican que estos cambios permitirían generar entre 150 mil a 180 mil relaciones laborales al año.
Segundo, hacer de la Sala Cuna Universal una verdadera política de empleo femenino. JUNJI, Integra y los jardines VTF deben poder recibir financiamiento del Fondo y debe eliminarse el copago. En cerca de 50 comunas donde no existe oferta privada, será la red pública la que deberá responder. Si no financiamos infraestructura, horarios extendidos y capacidad pública, estaremos aprobando un derecho en el papel sin remover la barrera real que enfrentan miles de mujeres para trabajar.
Tercero, expandir en serio el Programa 4 a 7. Actualmente, llega a cerca de 15 mil niños y niñas. Se requiere llevarlo de manera significativa a las 100 comunas con mayor desempleo y superar los 50 mil cupos permitiría que decenas de miles de madres y padres puedan sostener empleos de jornada completa. La política de cuidados no es un complemento de la política de empleo, es una de sus condiciones.
Cuarto, Chile necesita un shock de inversión pública en vivienda e infraestructura pública. Mientras la economía atraviesa dos trimestres consecutivos de contracción, las decisiones de ajuste fiscal del ministro Quiroz tienen la ejecución de inversión pública en el suelo, con fuertes retrocesos en Obras Públicas, Salud y Vivienda.
Eso significa retirar demanda justamente cuando más necesitamos reactivar la economía. La Ley de Presupuestos debe revertir esa lógica. Existen obras públicas y proyectos habitacionales que pueden acelerarse, incluso incorporando segundos o terceros turnos en contratos ya en ejecución.
Quinto, necesitamos un programa extraordinario de reconversión y colocación laboral, comenzando por construcción y vivienda. Existen recursos del Fondo de Cesantía Solidario destinados por ley a intermediación y habilitación laboral que están ampliamente subutilizados.
Esos recursos pueden financiar capacitaciones rápidas en oficios con demanda y equipos que conecten directamente a las personas cesantes con empresas que estén contratando producto del shock en inversión pública abordado arriba.
Sexto, pensemos en serio la creación de un Subsidio de Seguridad Social para el Primer Empleo Joven. La desocupación juvenil llegó a 24,9% en el trimestre más reciente y entre las mujeres jóvenes alcanza 29,6%.
Lo que hay detrás de estas cifras no es un problema de flexibilidad contractual, sino un problema de costo y de riesgo de contratar a quien no tiene experiencia y tenemos la convicción de que hay fórmulas responsables para acercar posiciones contrapuestas.
El Estado, a través del IPS, puede pagar directamente las cotizaciones de seguridad social de cargo del empleador para cada joven menor de 30 años contratado con una renta bruta de hasta 1,5 salarios mínimos, limitado a las primeras 100 mil contrataciones, por 18 meses y de forma decreciente, con la obligación de mantener al trabajador al menos seis meses y de no reducir la dotación total de la empresa.
Lee también...
Esta propuesta no toca el contrato de trabajo, no toca la indemnización por años de servicio y no toca la jornada. Lo que sí hace es bajar el costo de entrar a trabajar, no el costo de despedir. Ahí radica la principal diferencia entre una política de empleo real y una agenda de flexibilización.
Como ven, no son piezas aisladas. Una persona pierde su empleo, accede al Seguro de Cesantía, se capacita rápidamente en un oficio con demanda, es conectada con una empresa, y el Subsidio Unificado facilita su contratación. Al mismo tiempo, la inversión pública genera los puestos de trabajo y una política de cuidados permite efectivamente aceptarlos. Esa es una política de empleo coherente.
La discusión presupuestaria nos ofrece una oportunidad concreta. Desde la oposición tenemos el deber de denunciar la inmovilidad, pero también de poner soluciones sobre la mesa.
Nuestra invitación al Gobierno es simple: construyamos un Presupuesto Nacional para el empleo.
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ARTICULO, SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.