Crónica Digital 14 octubre, 2026
Por su evidente importancia, reproducimos el siguiente pronunciamiento de los gremios de los diversos estamentos del Poder Judicial, en relación al proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público.
Las asociaciones, organizaciones y representantes de los distintos estamentos que integramos el Poder Judicial, Profesionales de la Administración, Consejeras y Consejeros Técnicos, funcionarias y funcionarios de los Tribunales y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, manifestamos de manera categórica nuestra profunda preocupación y firme oposición a los términos en que se está tramitando el proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público.
La administración de justicia es una función esencial del Estado y un pilar del orden democrático. Sin embargo, la propuesta presupuestaria actualmente en debate omite resolver dos crisis estructurales que afectan directamente tanto al personal judicial como al servicio que entregamos a las personas:
–Desatención crítica a la dotación y a la sobrecarga laboral, donde actualmente los tribunales y la Corporación Administrativa del Poder Judicial de todo el país operan bajo un incremento sostenido y exponencial de causas, complejizado por la entrada en vigencia de nuevas leyes que no han venido acompañadas del financiamiento necesario en recursos humanos. Esta situación ha traspasado los límites tolerables de sobrecarga funcional, generando un severo menoscabo en la salud laboral de quienes día a día atienden a la ciudadanía y amenazando los tiempos de respuesta que la sociedad legítimamente exige. Una justicia sobrepasada no puede brindar una tutela judicial verdaderamente efectiva.
–La nula visibilización de las distorsiones salariales, en la tramitación del presupuesto vuelve a postergar la urgente corrección de las anomalías e inequidades retributivas que persisten al interior de la institución. Estas distorsiones en las escalas de remuneraciones no solo vulneran el principio de equidad y proporcionalidad en la función pública, sino que también fracturan la carrera funcionaria y desincentivan la retención de capacidades técnicas indispensables en todas las áreas y grados del escalafón. Ello se viene discutiendo en diferentes Gobiernos, logrando respuesta el año 2023, solamente para los Ministros de la Excelentísima Corte Suprema, dejando de lado todas las demás demandas de los escalafones de profesionales de la administración, Consejeros Técnicos y funcionarios y funcionarias del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
Frente a esta situación, y desde una postura común y transversal, demandamos:
- A) Instalar de inmediato una mesa técnica y resolutiva con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Mixta de Presupuestos, con participación de las representaciones de las Asociaciones del Poder Judicial.
- B) Ajustar las partidas presupuestarias para financiar refuerzos de dotación en las materias y jurisdicciones con mayor sobrecarga.
- C) Establecer un compromiso formal y calendarizado para subsanar de forma integral las distorsiones remuneratorias vigentes, garantizando justicia interna para quienes ejercen la función pública jurisdiccional.
El buen servicio de justicia no puede continuar sosteniéndose sobre el agotamiento y la postergación de sus trabajadoras y trabajadores. Hacemos un llamado a los poderes a tramitar, gestionar y legislar con visión de Estado y a enmendar a tiempo una propuesta que desatiende el valor humano de la justicia.
- ORGANIZACIONES FIRMANTES:
- Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD)
- Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD)
- Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial (ANCOT)
- Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (ANFUCAPJ)
- Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ).
Santiago, 14 de octubre de 2026.- Crónica Digital.
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