Crónica Digital 15 octubre, 2026

El aluvión de Las Condes no fue mala suerte. Fue la suma de una ladera quemada, un riesgo advertido y un Estado que recorta lo que sirve para prevenir. Y mientras tanto, el Gobierno propone reformar justo las reglas que protegen al territorio.

Cerca de las 17:00 del jueves 8 de octubre, un flujo de agua, barro, rocas y troncos bajó por la Quebrada Honda hacia San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. Hubo seis lesionados (entre ellos un niño de un año), vehículos y un bus arrastrado, y el barro entró a las clínicas y a las sedes universitarias. Un balance preliminar estimó daños superiores a los US$ 170 millones. Que no haya habido fallecidos fue, en buena medida, una cuestión de suerte.

Los especialistas del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) lo llaman aluvión de detritos: no es una simple crecida, sino una mezcla densa de sedimento y escombros que se comporta casi como cemento líquido. Para que ocurra se necesitan tres ingredientes, y los tres estaban sobre la mesa.

–Una ladera sin vegetación. El 29 de diciembre del año pasado un incendio consumió 1.012 hectáreas de bosque esclerófilo y comprometió prácticamente toda la cuenca, que mide unos 10 km². Sin raíces ni hojarasca, el suelo pierde su “esponja” y, además, tras el fuego puede volverse hidrofóbico: repele el agua en vez de absorberla. Resultado: casi toda la lluvia escurre en lugar de infiltrarse.

–Una lluvia que cayó donde normalmente nieva. La isoterma de 0 °C estuvo cerca de los 2.800 metros, así que toda la cuenca recibió agua líquida. En una estación cercana se registraron 42,8 mm ese día, 31,6 mm entre las 15:00 y las 19:00 y hasta 10,9 mm en solo media hora.

–Ductos que no dieron abasto. Parte de la quebrada está entubada. El material arrastrado taponeó la entrada de los colectores en General Blanche y, con el sistema colapsado, la calle pasó a ser el cauce.

Nada de esto fue sorpresa. Hubo un aluvión en el mismo sector el 31 de enero, Sernageomin advirtió en febrero y un documento interno de Las Condes alertó del riesgo en junio pasado. Las mallas dinámicas para contener material (cinco barreras, $754 millones del MOP) se anunciaron en agosto y no estaban instaladas. Hubo responsabilidades compartidas: la limpieza de la cámara de decantación corresponde al municipio. Pero la pregunta de fondo no es quién dejó un ducto sucio, sino por qué un Estado que sabía del riesgo llegó tarde.

La tijera de Kast: recortar justo lo que previene

Por decreto del Ministerio de Hacienda, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) perdió $918 millones: $574 millones en bienes y servicios (logística e instrumentación), $274 millones en gestión del riesgo (mapas y monitoreo) y $70 millones en personal. El Presupuesto 2027 no lo repone y, según el análisis difundido tras el aluvión, queda un 2,5% real bajo lo aprobado el año pasado.

No es el único frente. El proyecto de presupuesto reduce en un 19,3 por ciento el programa de adaptación y mitigación del cambio climático, y la línea que financia los compromisos climáticos del país (NDC) cae un 59,1%. La fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente baja 19,2% y la evaluación ambiental del SEA, 23%. No hay una partida explícita para implementar el Acuerdo de Escazú.

Conviene ser precisos: nadie puede afirmar que un recorte puntual habría evitado el aluvión. Lo que sí está documentado es que se debilitan justamente las capacidades que permiten anticipar. La directora de Senapred reconoció que Chile no cuenta con monitoreo de remociones en masa, y la alerta SAE nunca se envió. El exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena lo resumió: “Negar el cambio climático también ocurre cuando te niegas a actuar”.

La actual Ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, declaró que su objetivo es una institucionalidad “más técnica y predecible, sin rebajar los estándares”. Los hechos de sus primeros meses dibujan otra cosa:

–43 decretos retirados de Contraloría al día siguiente de asumir el Gobierno. Incluían la norma de material particulado fino (MP2,5), la de plomo en el aire (sin actualizar hace 20 años), normas para termoeléctricas y fundiciones, el plan de descontaminación del Lago Villarrica y áreas protegidas como la del Pingüino de Humboldt. Según Chile Sustentable, solo seis habían sido reingresados al momento de su informe. Miles de personas habían participado en esas consultas.

–Un Comité de Ministros “exprés”. Durante los primeros 100 días de Gobierno aprobó prácticamente todo lo que revisó, incluida la planta de sales de potasio SLM NX Uno de Peine en el Salar de Atacama, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) había rechazado cuatro veces entre 2012 y 2025 bajo cuatro gobiernos distintos.

–Una señal científica equivocada. La Ministra Toledo afirmó que existía “divergencia” sobre si la actividad humana causa el cambio climático. Científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) subrayaron que es uno de los consensos más sólidos de la ciencia. Un ministerio ambiental no puede dudar del diagnóstico que justifica su existencia.

–Se desmanteló la Oficina de Transición Socioecológica Justa, dejando sin mecanismos a comunas como Mejillones, Tocopilla y Coronel.

Tras el aluvión, el Ministerio anunció que exigirá a los municipios reportar avances de sus planes de acción climática. Es razonable pedir cuentas, pero es difícil de sostener cuando se recortan los fondos con que esos municipios podrían cumplir. El Presidente José Antonio Kast, por su parte, ya había dejado el tono en septiembre de 2025 con su “¡Chao guías ambientales, chao ideología!”.

Hay dos proyectos que importan. El primero es la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA (boletín 16.552–12), aprobada por el Senado en abril y hoy en la Cámara, donde la comisión la aprobó en general por 7 votos contra 6; el Gobierno ingresó indicaciones propias. El segundo es la Ley de Reconstrucción Nacional, ingresada el 22 de abril, que modifica la Ley 19.300 y otras normas ambientales. Ambos siguen en trámite, por lo que su contenido final puede cambiar.

El SEIA es el filtro técnico que decide si un proyecto (una minera, una central, un loteo) puede construirse, con qué condiciones y con qué compensaciones. Estas son las piezas más discutidas:

–Se propone que el plazo para impugnar permisos sectoriales baje de 2 años a 6 meses; se elimina la invalidación administrativa de RCA favorables; se establecen límites a las medidas cautelares. El argumento oficial es que se pretende dar certeza jurídica a la inversión y evitar proyectos eternamente judicializados. En términos técnicos preocupa que los errores de una evaluación suelen aparecer después de aprobada. Con menos tiempo para corregirlos, los conflictos pasan de la vía administrativa a tribunales, que son más lentos y caros para las comunidades.

–Se propone una lista cerrada (taxativa) de proyectos que deben entrar al SEIA y el fin del umbral de 3 MW para centrales energéticas. El argumento oficial es logar claridad sobre qué se evalúa y qué no. En términos técnicos preocupa que podría limitar la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha exigido evaluar proyectos con impactos significativos, aunque la ley no los nombre.

–Se propone que él SEA filtre las observaciones de los servicios sectoriales; un régimen voluntario con adendas limitadas (una para Declaración de Impacto Ambiental, dos para los Estudios de Impacto Ambiental). El argumento oficial es que reducirá la arbitrariedad y que se acortará plazos hacía unos 300 días. En términos técnicos, preocupa que los retrasos más largos suelen deberse a suspensiones pedidas por los propios titulares, según los análisis de Terram. Y no está claro qué pasa con las observaciones de la ciudadanía.

–Se propone reponer el Comité de Ministros como vía única de reclamación, con plazos fatales (por ejemplo, 90 días). El argumento oficial es que se evitará que una sola autoridad resuelva y ordenar los recursos. Preocupa que lo integren carteras como Economía, Energía, Minería y Agricultura: por consiguiente, es una revisión política, con plazos que reducen el análisis técnico a un trámite.

–Se propone acotar la definición de “impacto acumulativo” y se simplifican otras exigencias (salmoneras, informes de bancos naturales hechos por consultores privados). El argumento oficial es que se pretende evitar duplicidades y exigencias excesivas. En términos técnicos, preocupa que los efectos acumulativos son clave en cuencas y quebradas, donde cada obra suma y nadie mira el conjunto. Los informes pagados por el interesado abren el riesgo de una captura regulatoria.

Ninguna de estas reglas habría “causado” el aluvión, y sería deshonesto decirlo. El punto es otro: un país que acaba de ver lo que pasa cuando el riesgo territorial se subestima debería ser más cauteloso al reducir plazos de revisión, limitar quién puede reclamar y recortar a quienes fiscalizan. La Ley 19.300 se sostiene en el principio preventivo: evitar el daño antes que repararlo. Estas reformas desplazan el peso hacia la rapidez.

Desigualdad: no todos los territorios valen lo mismo

En Las Condes, el Presidente decretó zona de catástrofe a las 20:12, unas tres horas después del aluvión, con Ministros en terreno y 400 soldados desplegados. Fue la respuesta que debería recibir cualquier chileno. El problema es que no es la que recibe cualquiera.

Tras el sistema frontal de julio en Coquimbo, las críticas por la lentitud estatal fueron constantes. El Gobierno negó trato desigual y adujo “razones geográficas”: zonas como Alto del Carmen quedaron aisladas y sin comunicación. El Ministro Louis de Grange admitió luego un “aprendizaje”. Aun aceptando las dificultades logísticas, la comparación incomoda.

La brecha va más allá de las emergencias. Quien tiene recursos, se protege. Las Condes, una de las comunas más ricas del país, tenía un comité de riesgo, un mapa de amenazas y financiamiento para obras. Aun así, fue arrasada. El geólogo Marcelo Lagos advirtió que el mismo aluvión habría sido distinto en Puente Alto, y es fácil imaginar a qué se refería: menos capacidad municipal, menos obras, menos margen.

La fiscalización se traspasa a municipios desiguales. Un proyecto en trámite sobre la Superintendencia traslada a las comunas la fiscalización de ciertos ruidos. Muchas no tienen capacidad técnica ni presupuesto, lo que generará niveles de protección distintos según dónde se viva.

Las comunidades sin recursos quedan sin voz, sancionar las denuncias “temerarias” puede inhibir a quienes no cuentan con peritos para acreditar una infracción. Y las zonas de sacrificio, como Mejillones, Tocopilla o Coronel, pierden herramientas de transición justa.

Justicia ambiental es que la exposición al riesgo y la capacidad de defenderse no dependan del código postal.

Qué se debe hacer:

• –Monitoreo y alerta temprana de remociones en masa, con polígonos definidos y uso del SAE cuando corresponda. Hoy no existe.
• –Restauración de cuencas quemadas en los meses siguientes al fuego (cobertura del suelo, obras de retención), no nueve meses después.
• –Gestionar las quebradas como sistemas, con parques inundables y soluciones basadas en la naturaleza, en vez de solo entubarlas.
• –Incorporar el riesgo en la planificación, desde las áreas de riesgo del artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones hasta los planes reguladores.
• –Reponer los fondos de Senapred, adaptación y fiscalización, y tramitar las reformas ambientales con plazos que permitan el análisis técnico y la participación.
• –Un estándar único de respuesta a las emergencias, sea en Las Condes, Coquimbo o Alto del Carmen.

Chile tiene los científicos y el conocimiento para hacerlo. Lo que falta es decisión política. Gobernar con visión de largo plazo y equidad territorial exige menos tijeras, menos reglas flexibilizadas a la medida de la inversión y más preparación para un clima que ya cambió.

Por Marcia Millaqueo Ibarra. – Crónica Digital.-Santiago, 15 de octubre de 2026.

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