Por: El Clarín de Chile. 20 octubre, 2026
El proyecto ingresado este lunes al Congreso reduce de once a cinco los integrantes del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y contempla disminuir a la mitad su personal regional y en un 70% sus abogados de protección. El Gobierno defiende una institución de carácter consultivo, mientras desde la oposición advierten que la reforma debilitaría la protección de las víctimas. La iniciativa llega después de meses de presiones de parlamentarios de derecha para suprimir o desfinanciar el organismo.
Un día después de la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social, el Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Congreso un proyecto de ley que modifica profundamente el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa elimina su facultad de presentar querellas criminales, reduce la composición de su Consejo Directivo y contempla una considerable disminución de personal y recursos.
La reforma responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de fortalecer el carácter técnico y consultivo del Instituto. Sin embargo, varias de sus disposiciones coinciden con exigencias que durante los últimos meses habían formulado parlamentarios del Partido Nacional Libertario y de la UDI, algunos de los cuales solicitaron abiertamente la eliminación del organismo.
La diferencia es que el Gobierno no propone suprimir el INDH, sino mantenerlo con atribuciones judiciales más limitadas y una estructura administrativa considerablemente menor.
El proyecto, identificado con el boletín 18.754-17, modifica la Ley 20.405, que creó el Instituto, y otras disposiciones relacionadas con su funcionamiento.
Su principal cambio afecta una de las herramientas más relevantes que ha utilizado el organismo para intervenir en casos de violaciones de derechos humanos: la posibilidad de actuar como querellante en procesos penales.
De querellante a denunciante
Actualmente, el INDH puede presentar querellas criminales en los casos establecidos por la legislación, una atribución que adquirió especial visibilidad durante las protestas de octubre de 2019 y los meses posteriores.
A través de esas acciones, el Instituto intervino judicialmente en investigaciones por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales.
La reforma propone eliminar esa facultad y reemplazarla por la posibilidad de presentar denuncias ante el Ministerio Público.
La diferencia no es meramente formal.
Una denuncia permite comunicar antecedentes de un posible delito a los organismos encargados de investigarlo. Una querella, en cambio, otorga a quien la presenta la calidad de interviniente en el proceso penal, con facultades para solicitar diligencias, participar en determinadas actuaciones y ejercer los derechos procesales correspondientes.
Por tanto, el cambio reduciría la capacidad de intervención judicial directa del Instituto en investigaciones penales.
El proyecto mantiene la posibilidad de interponer recursos de protección y amparo. También incorpora expresamente la facultad de actuar como amicus curiae, mediante informes técnicos que pueden ser considerados por los tribunales sin que el organismo adquiera la calidad de parte.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió la propuesta señalando que el INDH debe concentrarse en una función consultiva y no en la persecución penal.
El secretario de Estado sostuvo que la Constitución reserva al Ministerio Público la dirección de la investigación penal y que no resulta necesario mantener esa atribución en el Instituto.
Sin embargo, la facultad de querellarse no equivale a dirigir la investigación ni a sustituir al Ministerio Público. Se trata de una forma de participación procesal reconocida por la legislación a determinados organismos y personas.
Esta distinción será uno de los puntos centrales de la discusión legislativa.
Menos consejeros, menos abogados y menos presencia regional
La reforma también modifica la dirección del Instituto.
El Consejo Directivo pasaría de once a cinco integrantes, con un nuevo sistema de nombramientos en el que participarían el Senado, la Cámara de Diputados y representantes de facultades de Derecho.
El Ejecutivo sostiene que la modificación busca mejorar el pluralismo, la representatividad y el funcionamiento institucional.
También se propone crear una Dirección Ejecutiva, cuyo titular sería seleccionado mediante un procedimiento de Alta Dirección Pública y asumiría las funciones administrativas y operativas del organismo.
Pero los cambios más significativos no se limitan a la composición del Consejo.
El informe financiero que acompaña el proyecto contempla una reducción del 50% de la dotación regional del INDH en un plazo de dieciocho meses y una disminución del 70% de los abogados de su unidad de protección.
Según las estimaciones oficiales, la reforma produciría un ahorro de aproximadamente 1.210 millones de pesos durante el primer año, 3.113 millones durante el segundo y cerca de 3.721 millones anuales una vez que se encuentre completamente implementada.
Las cifras permiten dimensionar el alcance de la iniciativa.
No se trata únicamente de modificar el procedimiento para nombrar consejeros o separar funciones administrativas. La propuesta también reduciría de manera importante la capacidad operativa del Instituto, especialmente en las regiones.
Ese aspecto abre preguntas sobre la atención de víctimas, el seguimiento de denuncias, las visitas a establecimientos y la posibilidad de intervenir oportunamente ante eventuales vulneraciones de derechos fundamentales fuera de Santiago.
El proyecto todavía debe ser discutido y aprobado por el Congreso. Sus disposiciones no están vigentes.
Las exigencias previas de libertarios y parlamentarios de la UDI
La presentación del proyecto tiene antecedentes políticos concretos.
En julio, parlamentarios de la UDI y del Partido Nacional Libertario solicitaron al ministro Rabat avanzar hacia la eliminación del INDH.
En una carta dirigida al secretario de Estado cuestionaron la imparcialidad del organismo y sostuvieron que una reforma de su sistema de gobierno interno sería insuficiente.
Entre quienes promovieron aquella posición figuraron los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla, Hans Marowski y Pier Karlezi.
La ofensiva continuó durante la discusión del Presupuesto 2027.
A comienzos de octubre, parlamentarias libertarias, entre ellas Paulina Muñoz y Gloria Naveillán, plantearon la necesidad de eliminar o reducir drásticamente el financiamiento del Instituto.
Sus cuestionamientos estuvieron vinculados, entre otros asuntos, a la actuación del INDH en causas judiciales contra funcionarios policiales y militares.
El 7 de octubre, el presidente Kast se reunió con la bancada del Partido Nacional Libertario, encabezada por Johannes Kaiser, en un encuentro en que se abordaron diferencias sobre el financiamiento de instituciones de derechos humanos, programas públicos y sitios de memoria.
Doce días después, el Ejecutivo ingresó su propuesta de reforma.
La secuencia muestra que existían demandas previas y explícitas de sectores libertarios y de la UDI para reducir o eliminar las atribuciones y los recursos del INDH.
No demuestra, por sí sola, que el contenido del proyecto haya sido acordado en aquella reunión ni que el Ejecutivo haya actuado exclusivamente como respuesta a esas presiones.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la iniciativa recoge antecedentes de una discusión institucional anterior, incluido un informe transversal elaborado durante la tramitación presupuestaria de 2025.
La derecha celebra, pero algunos quieren ir más lejos
Las primeras reacciones muestran que la reforma cuenta con respaldo de parlamentarios oficialistas, aunque no satisface a todos quienes venían exigiendo cambios.
El diputado republicano Enrique Bassaletti defendió la eliminación de las querellas criminales y cuestionó lo que considera una orientación política en las actuaciones del Instituto.
Desde la UDI, Sergio Bobadilla valoró la iniciativa, pero insistió en que el organismo debería desaparecer.
Su posición permite identificar una diferencia dentro de la derecha: mientras el Ejecutivo busca redefinir las funciones del INDH, algunos parlamentarios mantienen la propuesta de eliminarlo completamente.
El Gobierno sostiene que la reforma fortalecería la especialización técnica y la independencia institucional. Sus críticos, en cambio, consideran que la pérdida de atribuciones y recursos tendría el efecto contrario.
La discusión no se limita, por tanto, a la conveniencia de modificar un organismo público. También enfrenta concepciones diferentes sobre las herramientas que debe tener el Estado para fiscalizar eventuales violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios agentes.
La oposición advierte sobre un debilitamiento institucional
La diputada Lorena Fries, exdirectora del INDH, reaccionó calificando la iniciativa como un grave retroceso en materia de derechos humanos.
A su juicio, la reforma reduce la capacidad de acción judicial, debilita la autonomía institucional y afecta la presencia nacional del organismo.
El diputado socialista Raúl Leiva cuestionó que el Ejecutivo presentara una nueva propuesta cuando la Comisión de Derechos Humanos ya trabajaba en otra iniciativa de reforma.
También manifestó reparos el diputado del PPD Carlos Cuadrado, quien advirtió sobre las dificultades que genera introducir cambios institucionales de esta magnitud sin una conversación previa con los sectores parlamentarios involucrados.
Por su parte, Osvaldo Torres cuestionó públicamente el proyecto y alertó sobre sus posibles consecuencias para la autonomía, las atribuciones y el trabajo territorial del INDH.
Las críticas se concentran en una cuestión fundamental: si el organismo pierde herramientas judiciales y parte importante de su personal, ¿podrá cumplir adecuadamente su función de promoción y protección de los derechos humanos?
Esa pregunta deberá ser examinada durante la tramitación legislativa, especialmente a la luz de los Principios de París, que establecen estándares internacionales sobre independencia, pluralismo, mandato y recursos de las instituciones nacionales de derechos humanos.
El Gobierno invoca esos mismos principios para justificar su propuesta, por lo que su interpretación será uno de los puntos relevantes del debate.
El antecedente del estallido social
La reforma llega en un momento particularmente sensible para la discusión sobre derechos humanos en Chile.
Durante el estallido social de 2019, el INDH adquirió una presencia pública importante al documentar denuncias de violaciones de derechos humanos, realizar observaciones en terreno e intervenir judicialmente en distintas causas.
Su actuación recibió respaldo de organizaciones de víctimas y cuestionamientos de sectores políticos que consideraron excesiva o parcial su intervención.
Siete años después, aquellas controversias siguen presentes.
El proyecto ingresó al Congreso al día siguiente de una nueva conmemoración del 18 de octubre, jornada que reunió a miles de manifestantes en Santiago y estuvo marcada también por enfrentamientos con Carabineros y cuestionamientos a determinados procedimientos policiales.
La coincidencia temporal es significativa para el debate público, aunque no constituye prueba de que el Ejecutivo haya elegido deliberadamente esa fecha para presentar la iniciativa.
También resulta relevante que la propuesta aparezca en medio de controversias sobre el financiamiento de políticas de memoria, el Plan Nacional de Búsqueda y otros programas relacionados con los derechos humanos en el Presupuesto 2027.
Son decisiones diferentes, con mecanismos y consecuencias propias, pero que forman parte de una discusión más amplia sobre las prioridades institucionales y presupuestarias del Gobierno.
¿Quién defenderá judicialmente a las víctimas?
Una de las preguntas más importantes que deja abierta el proyecto se refiere a las personas que denuncian violaciones de derechos humanos.
Si el INDH pierde su facultad de presentar querellas, esas víctimas deberán recurrir a otras vías de representación y participación judicial.
El Ministerio Público continuará teniendo la responsabilidad de investigar los delitos, pero su función no es idéntica a la de un organismo que actúa como querellante en representación de un interés legalmente reconocido.
Por eso será necesario establecer qué ocurrirá con las causas actualmente en tramitación, cómo se organizará la asistencia jurídica y qué mecanismos permitirán garantizar que las víctimas puedan ejercer sus derechos procesales.
La disminución proyectada de abogados y funcionarios regionales añade una segunda interrogante: qué capacidad conservará el Instituto para detectar, documentar y acompañar situaciones de vulneración de derechos en todo el territorio.
Estas preguntas todavía no tienen una respuesta definitiva, porque el proyecto recién comienza su tramitación.
Lo que sí está establecido es el alcance de la propuesta: menos consejeros, menos personal regional, menos abogados y la eliminación de una atribución judicial que ha sido central en la actuación pública del INDH.
El Gobierno presenta esos cambios como una modernización institucional. Sus detractores advierten que reducirían la capacidad de protección de los derechos humanos.
El Congreso deberá resolver esa controversia, pero la discusión excede la organización administrativa de un servicio público.
En el fondo, lo que está en juego es el tipo de institución que Chile considera necesaria para observar, denunciar y enfrentar eventuales violaciones de derechos humanos, especialmente cuando los responsables denunciados pertenecen a organismos del propio Estado.
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