Por: El Clarín de Chile. 28 octubre, 2026
La rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores se ha transformado en una crisis que compromete al Gobierno más allá del Ministerio de Justicia. Mientras el Presidente reconoce errores y mantiene a Fernando Rabat en su cargo, parlamentarios de RN y la UDI exigen su salida, la oposición prepara una eventual acusación constitucional y organizaciones de sobrevivientes se movilizan en las calles. La sesión especial de la Cámara, convocada para este miércoles, será una nueva prueba para La Moneda.
La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad ha escalado hasta convertirse en una crisis política de considerable magnitud para el Gobierno de José Antonio Kast. Lo que comenzó como un cuestionamiento a decisiones administrativas del Ministerio de Justicia amenaza ahora la estabilidad del gabinete, provoca divisiones en los partidos oficialistas y abre un conflicto entre el Ejecutivo, el Congreso y las organizaciones de víctimas.
El ministro Fernando Rabat enfrenta una presión creciente para abandonar su cargo. Ya no se trata solamente de las exigencias de los partidos opositores. Parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI se han sumado a las solicitudes de renuncia, mientras otros integrantes de la coalición gubernamental defienden la decisión presidencial de mantenerlo.
La situación coloca al propio Kast en el centro de la controversia. El mandatario reconoció públicamente que las rebajas de condenas constituyeron un error y que el Estado falló a las víctimas. Sin embargo, ratificó al ministro y le encargó preparar las modificaciones legales destinadas a impedir que se repitan situaciones semejantes.
La decisión tiene consecuencias políticas evidentes: al respaldar personalmente la continuidad de Rabat, el Presidente asume también la responsabilidad de sostenerlo frente a las críticas que se multiplican dentro y fuera de su coalición.
Una investigación que profundizó la crisis
La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia había autorizado, entre marzo y septiembre de este año, rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores: 29 por violación y 27 por abuso sexual.
Posteriormente, una investigación de Radio Bío Bío identificó a 33 beneficiarios que ya se encontraban en libertad. El reportaje reveló antecedentes particularmente preocupantes contenidos en informes penitenciarios, entre ellos evaluaciones de alto riesgo de reincidencia, dificultades para reconocer los delitos cometidos y falta de empatía hacia las víctimas.
El problema adquirió así una dimensión que excede la interpretación de una norma penal.
La pregunta dejó de ser únicamente si los decretos se ajustaban a determinados criterios jurídicos. También comenzó a examinarse por qué el Estado autorizó reducciones de penas en casos que presentaban advertencias penitenciarias y qué medidas adoptó para proteger e informar a las víctimas.
Las revelaciones resultaron especialmente delicadas para un Gobierno que ha situado la seguridad, el cumplimiento de las penas y la protección de la ciudadanía entre los ejes centrales de su discurso político.
Kast reconoce el error, pero sostiene al ministro
La respuesta presidencial no consiguió cerrar la controversia.
Kast reconoció que se había cometido un error, anunció la suspensión de nuevas rebajas para estos delitos y ordenó revisar los decretos ya otorgados. También comprometió una modificación legal destinada a corregir el procedimiento.
Sin embargo, mantuvo su confianza en Fernando Rabat.
El ministro defendió este martes la actuación de su cartera y sostuvo que el Ministerio de Justicia no es el organismo encargado de evaluar el mérito de cada solicitud de rebaja.
Según explicó, esa función corresponde a una comisión integrada por magistrados y profesionales especializados, mientras que el ministerio verifica el cumplimiento de las formalidades exigidas por la normativa.
Rabat señaló además que el sistema funciona desde hace más de dos décadas y reconoció que el riesgo de reincidencia ha estado presente durante ese período.
La modificación legal que prepara el Ejecutivo busca otorgar mayor relevancia a los informes de Gendarmería, de modo que las evaluaciones penitenciarias tengan un peso específico en las decisiones de las comisiones.
Pero la defensa ministerial abre otra discusión: si el procedimiento presentaba deficiencias conocidas y el riesgo estaba identificado, corresponde establecer qué facultades tenían las autoridades para actuar, qué antecedentes recibieron y por qué se decidió otorgar los beneficios.
El debate tampoco puede reducirse a una supuesta obligación automática de conceder las rebajas.
Un fallo de la Corte Suprema de febrero de 2026 sostuvo que la reducción de condena constituye un beneficio y no un derecho adquirido, contradiciendo la idea de que existiera una interpretación judicial uniforme que obligara a otorgarlo en todos los casos comparables.
La jurisprudencia sobre la aplicación temporal de las restricciones legales, sin embargo, ha presentado diferencias. Esa controversia será uno de los aspectos que deberán examinarse para determinar las responsabilidades jurídicas de las autoridades.
La crisis se instala dentro del oficialismo
La situación de Rabat ha provocado un conflicto interno en los partidos que respaldan al Gobierno.
La senadora de Renovación Nacional María José Gatica sostuvo que esperaba que el ministro asumiera el costo político de sus decisiones y abandonara el cargo, en lugar de trasladar toda la responsabilidad al Presidente.
La parlamentaria también cuestionó el tratamiento que recibió el asunto durante una reunión del comité político ampliado en La Moneda y explicó que decidió retirarse ante lo que consideró una discusión insuficientemente seria.
Sus declaraciones provocaron tensiones dentro de RN.
El senador Andrés Longton renunció a la subjefatura de la bancada, en medio de diferencias por la posición adoptada por Gatica. El episodio muestra que el conflicto ya no enfrenta solamente al Gobierno con la oposición, sino que también ha abierto desacuerdos sobre la relación de los partidos oficialistas con La Moneda.
Desde la UDI, el diputado Omar Sabat calificó lo ocurrido como un error de extrema gravedad y pidió la salida del ministro.
La diputada Marlene Pérez, independiente vinculada a la UDI, también cuestionó su permanencia y sostuvo que la protección de la infancia debe prevalecer sobre las consideraciones de lealtad política.
En Renovación Nacional, los diputados Eduardo Durán y Claudia Mora han expresado igualmente reparos a la continuidad del secretario de Estado.
Mora afirmó que la permanencia de Rabat resulta insostenible y que la credibilidad del Gobierno está comprometida.
Otros parlamentarios oficialistas, en cambio, han optado por respaldar la decisión presidencial, aun reconociendo la gravedad de los hechos.
El diputado Francisco Orrego sostuvo que la actuación del ministro constituyó un grave error político, pero recordó que corresponde exclusivamente al Presidente decidir la permanencia de sus colaboradores.
La discusión revela una tensión dentro del oficialismo: hasta dónde debe llegar la disciplina con el Ejecutivo cuando una decisión gubernamental afecta compromisos políticos que los propios partidos han defendido públicamente.
La oposición estudia una acusación constitucional
Mientras el oficialismo enfrenta sus diferencias internas, las bancadas opositoras avanzan en el análisis de una eventual acusación constitucional contra Rabat.
La Cámara de Diputadas y Diputados realizará este miércoles 28 de octubre una sesión especial destinada a examinar las rebajas de condenas y solicitar explicaciones al ministro.
Los parlamentarios opositores han exigido conocer los decretos, los antecedentes utilizados para conceder los beneficios y las responsabilidades de las autoridades que participaron en su tramitación.
Sin embargo, todavía no existe una decisión definitiva sobre la presentación de la acusación constitucional.
Entre las bancadas hay diferencias respecto del momento oportuno, los fundamentos jurídicos y la posibilidad de reunir los votos necesarios.
El diputado Jaime Araya ha planteado que la gravedad de los hechos justifica avanzar con la acusación, independientemente de las dificultades políticas.
Otros parlamentarios consideran necesario reunir más antecedentes para evitar que un libelo sin sustento suficiente termine rechazado y fortalezca la posición del ministro.
La Democracia Cristiana y otros sectores han insistido en examinar cuidadosamente los fundamentos constitucionales antes de adoptar una decisión.
Esta distinción resulta fundamental. Una acusación constitucional no puede sustentarse exclusivamente en el costo político de una decisión o en la indignación pública. Debe identificar infracciones que correspondan a las causales establecidas por la Constitución.
En consecuencia, la responsabilidad política que pueda atribuirse a Rabat no determina automáticamente la procedencia de una acusación constitucional.
Las víctimas llevan la protesta a las calles
La crisis adquirió este martes una nueva dimensión con la manifestación realizada frente al Ministerio de Justicia por organizaciones de sobrevivientes de abuso sexual.
Los participantes exigieron la renuncia del ministro Rabat y de los subsecretarios involucrados en la tramitación de los decretos.
Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, cuestionó las decisiones de las autoridades y denunció que las rebajas de condenas constituyen una nueva afectación a quienes sufrieron los delitos.
La organización advirtió que las movilizaciones podrían intensificarse si no se adoptan medidas que respondan a sus demandas.
La protesta desplaza parte de la discusión desde los equilibrios políticos del Congreso hacia las obligaciones concretas del Estado frente a las víctimas.
Entre las preguntas pendientes se encuentran si todas las personas afectadas fueron notificadas oportunamente de las rebajas, qué mecanismos de protección se activaron y qué seguimiento existe respecto de los beneficiarios que recuperaron su libertad.
Son cuestiones que no se resuelven únicamente con la renuncia de una autoridad o con el anuncio de una reforma legal.
La contradicción política de un Gobierno que hizo de la seguridad su bandera
La dimensión política del caso se comprende mejor al considerar el lugar que la seguridad pública ocupa en el proyecto gubernamental.
Kast y los partidos que lo respaldan han defendido reiteradamente una política de mayor severidad penal, fortalecimiento de las atribuciones policiales y restricciones a los beneficios penitenciarios.
La rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores introduce una contradicción entre ese discurso y las decisiones adoptadas durante la actual administración.
Esa contradicción explica parte de la intensidad de las críticas provenientes del propio oficialismo.
El caso, sin embargo, también plantea una discusión que supera al Gobierno actual.
Durante la administración de Gabriel Boric se otorgaron beneficios semejantes, aunque resta distinguir cuáles respondieron a decisiones administrativas y cuáles fueron consecuencia de resoluciones judiciales.
La existencia de antecedentes bajo gobiernos anteriores no elimina la obligación de examinar las decisiones de la administración actual. Del mismo modo, la controversia no debería impedir una revisión más amplia de la legislación, los criterios judiciales y los mecanismos de protección de las víctimas.
El problema exige esclarecer cómo se aplicaron las normas en cada período y qué posibilidades reales tenían las autoridades para adoptar decisiones diferentes.
Una crisis que alcanza directamente a La Moneda
La continuidad de Fernando Rabat ha pasado a depender de una decisión política del Presidente.
Kast podría optar por mantenerlo y asumir el costo de su defensa, o modificar su gabinete para responder a las exigencias que surgen incluso desde los partidos que integran su coalición.
Por ahora, ha elegido la primera alternativa.
Esa decisión ha impedido que la controversia quede circunscrita al Ministerio de Justicia y ha convertido la permanencia de Rabat en una cuestión de autoridad presidencial.
La sesión especial de la Cámara, las investigaciones sobre los decretos, las diferencias dentro del oficialismo y las movilizaciones de sobrevivientes mantendrán abierto el conflicto.
La crisis también plantea una interrogante institucional más profunda: cómo pudo operar durante años un sistema de rebajas de condenas que hoy las propias autoridades reconocen que requiere modificaciones urgentes.
La respuesta exige identificar responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente jurídicas, sin confundirlas ni sustituir la investigación de los hechos por declaraciones de respaldo o condena.
En las próximas jornadas, La Moneda deberá enfrentar simultáneamente las exigencias de las víctimas, los cuestionamientos parlamentarios y las divisiones de sus aliados.
Lo que comenzó con 56 decretos de rebaja de condenas se ha transformado en una prueba para la conducción política del Gobierno y para la credibilidad de su compromiso con la protección de las víctimas.
Y, mientras la discusión se concentra en la continuidad de un ministro, permanece pendiente la cuestión que dio origen a toda la controversia: qué hizo el Estado para proteger a quienes habían sufrido los delitos y cómo evitará que vuelvan a quedar desprotegidos.
Redacción del Clarín
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