Por: Álvaro Ramis Olivos. Teólogo, doctor en filosofía, Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad.

El Mostrador. 28 octubre, 2026

El “nunca más” que prometió Kast tendría más credibilidad si nombrara a quienes la tomaron. A esas víctimas les falló su Gobierno y, en primer lugar, el Presidente Kast.

El lunes, desde La Moneda, José Antonio Kast les habló a las víctimas de abuso sexual infantil cuyos agresores obtuvieron rebajas de condena durante su Gobierno. Les dijo que el Estado les había fallado y que asumía la responsabilidad “con todo el costo que ello tenga”. En la misma declaración ratificó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyo ministerio tramitó esas rebajas.

Cada uno de los 56 decretos que redujeron las penas de condenados por abusar y violar a niños se dictó “por orden del Presidente de la República” y salió del Ministerio de Justicia. Entre el 11 de marzo y mediados de septiembre la cartera firmó, en promedio, uno cada tres días, y rechazó una sola solicitud. Ninguno respondía a un recurso de amparo ni a una orden judicial. Los revisaron y aprobaron funcionarios con nombre y cargo, de modo que hablar del Estado en general sirve más para repartir la culpa que para explicar lo que pasó.

Rabat sostuvo ante el Congreso que se limitó a aplicar la doctrina de la Corte Suprema, y Kast habla ahora de un vacío legal que “existía desde hace años y nadie lo cerró”. Desde 2022, sin embargo, rige la Ley 21.421, que excluye a estos condenados del beneficio de reducción de condena. Se discute si la norma alcanza a delitos anteriores a su vigencia, y justamente por eso el ministerio podía negar el beneficio y defender su decisión en tribunales. La Defensoría de la Niñez advirtió, apenas se conoció el caso, que el ministerio había abandonado su criterio habitual, que era rechazar estas solicitudes.

Otros gobiernos actuaron así. José Antonio Gómez, ministro de Justicia en tres administraciones, se negó a firmar cientos de estos decretos y litigó aunque los fallos le fueran adversos. Hoy recuerda que la jurisprudencia cambió y que ya hay sentencias que rechazan los amparos de estos condenados. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dice que el Gobierno de Boric “sacaba las castañas con la mano del gato” al mandar estos casos a la Corte. Para las víctimas eso significaba que el abusador tenía que convencer a un juez y que alguien del Estado se oponía a su salida anticipada. El Gobierno actual eliminó ese paso.

El diputado de Evópoli Jorge Guzmán reconoció que antes el condenado pedía la rebaja, se le negaba y recurría a la Corte, y que con el cambio de Gobierno el proceso se volvió “más eficiente”. Su colega republicano Luis Sánchez prefirió culpar a la “mirada garantista” de los tribunales, como suele hacer el oficialismo cuando habla de seguridad.

En estos 56 decretos no intervino ningún juez. La decisión fue de La Moneda, el mismo año en que el Gobierno ha indultado a uniformados.

Las reacciones oficiales de la semana siguieron un orden revelador. El vocero Gonzalo Arenas calificó la noticia de “malintencionada” y el procedimiento de “impecable”. Rabat respondió a un periodista que leyera la Constitución. La UDI apuntó a Boric. Después el ministro reconoció que la mayoría de los beneficiados ya estaba en libertad, y solo entonces Kast hizo su mea culpa, en el que anunció que tampoco buscarían culpables en el pasado. Sus aliados habían pasado los días anteriores buscándolos precisamente en el Gobierno anterior, y la frase deja fuera, además, a los responsables actuales.

Kast presentó dos caminos: remover al ministro y “dar por cerrado este tema”, o hacerse cargo y corregir. Remover a Rabat no impide legislar y ambas cosas pueden hacerse a la vez. Con la remoción quedaría establecido que la decisión tuvo un responsable y que ese responsable respondió. Kast optó por dejar a Rabat a cargo de esclarecer lo ocurrido, lo que en la práctica significa que investigará decretos firmados por su propio ministerio.

El proyecto de ley anunciado y los tribunales de ejecución de penas que tramita el Senado son necesarios. Ninguno de los dos, en todo caso, cambia el origen del problema. El Congreso aprobó en 2022 la exclusión de estos condenados, la Defensoría de la Niñez exigió explicaciones, ministros anteriores litigaron y los tribunales fueron corrigiendo su jurisprudencia. Las rebajas se concedieron en el Ejecutivo, bajo la orden formal del Presidente.

Las víctimas, niños que hoy son jóvenes o adultos y que se enteraron por la prensa de que sus agresores saldrían antes, tienen derecho a saber quién tomó esa decisión. El “nunca más” que prometió Kast tendría más credibilidad si nombrara a quienes la tomaron. A esas víctimas les falló su Gobierno y, en primer lugar, el Presidente Kast.

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