Marcelo Mella Polanco – Director Del Departamento De Estudios Políticos – Facultad De Humanidades – Usach  - 29 De Octubre 2026

Al cierre de octubre, el gobierno de José Antonio Kast atraviesa su momento de mayor fragilidad política. La encuesta Cadem sitúa su aprobación en un 29%, frente a un 66% de desaprobación, mientras Criteria registra un 27% de respaldo y un 64% de rechazo. Ambas mediciones coinciden en un saldo neto de aprobación de -37 puntos porcentuales, reflejando un deterioro significativo de la posición del Ejecutivo frente a la opinión pública. La trayectoria de las principales encuestas muestra una erosión sostenida del capital político con que Kast inició su mandato y un progresivo agotamiento de las expectativas depositadas en su administración. La persistencia de esta tendencia anticipa dificultades crecientes para recuperar respaldo ciudadano, preservar la cohesión del oficialismo y sostener su capacidad de conducción política. A medida que se profundiza el desgaste presidencial, aumentan los costos de cooperación para los partidos de gobierno y se estrechan los márgenes de maniobra del Ejecutivo. La acumulación de estos factores amenaza con transformar una coyuntura adversa en una condición de fragilidad estructural, cuya reversión exigirá recursos políticos cada vez más escasos.

La explicación más evidente de esta tendencia a la perdida de respaldo gubernamental es la distancia entre lo prometido y lo percibido. Kast levantó su legitimidad sobre tres promesas, a saber, orden, crecimiento y empleo. Hoy la economía y el empleo figuran entre las áreas peor evaluadas, con 26% de aprobación, mientras 70% de los chilenos declara temor a ser víctima de un delito y más de la mitad responsabiliza directamente al Gobierno de enfrentarlo en forma fallida. Es decir, la ciudadanía le exige resultados al gobierno justo donde más alto se auto-impuso la vara.

Pero hay que considerar no solo el desgaste sectorial y analizar como el problema de efectividad percibida afecta la percepción del liderazgo personal de Kast. Entre septiembre y octubre cayeron todos los atributos presidenciales que mide Cadem; autoridad y liderazgo bajan de 40% a 32%, honestidad de 39% a 31% y empatía de 29% a 24%. Dichos cambios constituyen un deterioro severo en la percepción de las capacidades de Kast antes de terminar el primer año. Cuando la crítica de la opinión pública se desplaza de las políticas sectoriales al carácter del Presidente, el problema no se revierte solamente con anuncios o compromisos políticos.

En este contexto, el caso Rabat sería un punto de inflexión. Las rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores, conocidas por 89% de la población y rechazadas por un 92%, golpean el corazón del relato gubernamental: la severidad frente al delito y la protección de las víctimas. Al reconocer que “el Estado les falló” y, a la vez, ratificar al ministro de Justicia, Kast presidencializó el conflicto y también decidió por la opción de socializar los costos en el oficialismo.. El presidente puede decidir que su suerte y la de Rabat estén vinculadas, aunque a decir verdad no se entiende con claridad la racionalidad subyacente de esta decisión; pero Kast no puede esperar racionalmente, un acatamiento total de los partidos oficialistas, considerando la magnitud de los costos.

La caída de la aprobación neta del gobierno (aprobación menos desaprobación) a fines de octubre constituye una señal de alerta que podría transformarse en una línea roja para la estabilidad política de la administración. Si persiste la tendencia de deterioro observada desde marzo, los incentivos de los partidos oficialistas para cooperar con el Ejecutivo comenzarán a debilitarse, comprometiendo progresivamente su capacidad de articulación legislativa.

En un presidencialismo multipartidista, la disciplina de las coaliciones no descansa exclusivamente en afinidades ideológicas o compromisos programáticos, sino también en una evaluación permanente de los costos y beneficios de sostener al gobierno. Cuando el respaldo presidencial disminuye y los costos de asociación aumentan, la cooperación deja de ser una decisión políticamente rentable y puede convertirse en un problema de supervivencia electoral.

La mayor complejidad del escenario actual radica en que la eventual aparición de nuevos antecedentes, como beneficiarios con alto riesgo de reincidencia o víctimas que no hayan sido oportunamente notificadas, podría prolongar la controversia, mantener al Ejecutivo a la defensiva y profundizar las tensiones internas del oficialismo. En esas condiciones, el conflicto deja de circunscribirse a la responsabilidad individual del ministro para transformarse en un problema de distribución de costos políticos dentro de la coalición. Sus efectos potencialmente disolventes son particularmente intensos entre los parlamentarios que, enfrentados a sus propios electorados, difícilmente estarán dispuestos a asumir las consecuencias de una decisión ética y políticamente indefendible.

Lo que está ocurriendo por estos días en el oficialismo, especialmente en torno a quién debe absorber el daño reputacional provocado por las rebajas de condenas, parece convertir la salida de Rabat en una cuestión de tiempo. Salvo, por cierto, que estemos frente a un fenómeno poco habitual de suicidio político colectivo.

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