Kast ayer en Madrid recibe una condecoración de parte de la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso.

Por: Simon Del Valle. Periodista

El Clarín Chile. 3 noviembre, 2026

La investigación por presunta prevaricación administrativa contra el ministro de Justicia, las críticas de Renovación Nacional a la conducción del gobierno y una acusación constitucional en preparación han profundizado la crisis política de La Moneda. Mientras el Presidente insiste en mantener a Fernando Rabat, la controversia comienza a desbordar al oficialismo y a trasladarse a las calles.

La crisis que comenzó con la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad ha terminado por instalarse en el centro del gobierno de José Antonio Kast. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta ahora una investigación penal, una acusación constitucional en preparación y cuestionamientos provenientes de sectores de la propia derecha. Sin embargo, el Presidente mantiene su decisión de respaldarlo, una posición que amenaza con prolongar el conflicto y aumentar sus costos políticos.

La novedad más significativa se conoció este lunes, cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que Rabat tiene calidad de imputado en una investigación por presunta prevaricación administrativa. La causa se originó en una denuncia presentada por los diputados Juan Santana, del Partido Socialista, y Luis Cuello, del Partido Comunista, contra el ministro y el entonces subsecretario de Justicia, Luis Silva.

Valencia precisó que la condición de imputado deriva de la existencia de una denuncia nominativa y una investigación, independientemente del mérito que finalmente puedan tener los antecedentes. No supone, por tanto, que se haya acreditado un delito ni que exista una acusación penal formal.

Pero su importancia política es evidente: el titular del Ministerio de Justicia se encuentra sometido a una investigación del Ministerio Público por decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones.

Rabat ha reiterado que colaborará con la Fiscalía y que las decisiones sobre rebajas de condenas corresponden, de acuerdo con su interpretación de la Ley 19.856, a una comisión legalmente facultada para evaluar las solicitudes. La investigación deberá establecer si las actuaciones denunciadas constituyen infracciones penales y quiénes podrían tener responsabilidad en ellas.

La derecha comienza a cuestionar a La Moneda

La crisis adquirió este martes una nueva dimensión. Renovación Nacional emitió una declaración pública en la que expresó sus reparos tanto a las decisiones del Ejecutivo como a la manera en que se ha conducido políticamente la controversia.

El partido no se limitó a cuestionar al ministro. También pidió revisar las responsabilidades de los asesores presidenciales y los mecanismos de coordinación y control que permitieron la adopción de las decisiones cuestionadas.

RN sostuvo que la prioridad debe estar en las víctimas y sus familias, solicitó avanzar en la derogación de los decretos y reclamó modificaciones legales que impidan situaciones similares.

El pronunciamiento resulta especialmente significativo porque desplaza el centro de las críticas desde Rabat hacia el funcionamiento del propio gobierno. La pregunta deja de ser únicamente por qué se firmaron determinados decretos y comienza a incluir otra: cómo fue posible que decisiones de semejante sensibilidad llegaran a concretarse sin que existieran controles políticos suficientes.

La salida del subsecretario Luis Silva, concretada el viernes pasado, tampoco consiguió cerrar la controversia. Para distintos sectores políticos, su remoción dejó pendiente la responsabilidad del ministro que encabeza la cartera.

La Moneda, por su parte, ha intentado contener los eventuales descuelgues mediante conversaciones con parlamentarios oficialistas y apelaciones a la lealtad con el gobierno. Pero esa estrategia enfrenta una dificultad creciente: defender la continuidad de Rabat supone asumir públicamente el costo de una decisión que provoca rechazo incluso entre aliados del Presidente.

Una acusación constitucional de resultado incierto

La oposición prepara una acusación constitucional contra el ministro, cuyo ingreso al Congreso todavía no tiene una fecha definitiva.

Sus impulsores estiman que podrían reunir cerca de 80 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, esos cálculos no representan respaldos formalmente comprometidos y la votación continúa abierta.

Uno de los factores decisivos será la posición del Partido de la Gente, cuyos 14 diputados han optado por esperar el contenido del libelo antes de pronunciarse. La bancada ha manifestado reparos a la continuidad de Rabat, pero distingue esa evaluación política del juicio constitucional que deberá realizar el Congreso.

La distinción no es menor. Una acusación constitucional exige acreditar causales específicas y no puede confundirse jurídicamente con una declaración de pérdida de confianza política. El rechazo a la actuación de un ministro no demuestra, por sí solo, una infracción constitucional.

No obstante, el conflicto también tiene una dimensión parlamentaria que trasciende el eventual resultado de la acusación. La discusión del Presupuesto 2027 se desarrolla bajo la presión de sectores opositores que han cuestionado la interlocución con Rabat, mientras algunos parlamentarios oficialistas rechazan trasladar la disputa política al financiamiento del Ministerio de Justicia.

Así, una controversia inicialmente concentrada en las rebajas de condenas amenaza con interferir en la tramitación de una de las principales iniciativas legislativas del gobierno.

El pasado de Rabat y las preguntas sobre derechos humanos

La controversia tiene, además, una dimensión particularmente sensible para las organizaciones de derechos humanos.

Fernando Rabat integró el equipo jurídico que defendió a Augusto Pinochet en causas como la Operación Colombo y el caso Riggs. Fue también socio del estudio fundado por Pablo Rodríguez Grez, antiguo dirigente de Patria y Libertad y abogado del dictador. Su nombramiento como ministro de Justicia y Derechos Humanos ya había provocado, en enero, el rechazo de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.

Estos antecedentes forman parte de su trayectoria profesional y no constituyen, por sí mismos, prueba de irregularidad alguna en las actuales rebajas de condenas. Sin embargo, explican parte de la desconfianza que su designación generó entre organizaciones vinculadas a la memoria y la justicia por los crímenes de la dictadura.

La controversia se profundizó al conocerse que los beneficios también alcanzaron a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

El problema, por tanto, no se reduce a una discusión sobre la interpretación de una disposición legal. También compromete la responsabilidad del Estado frente a las víctimas y la confianza pública en las instituciones encargadas de administrar justicia.

La crisis comienza a trasladarse a las calles

Mientras el Congreso prepara sus próximas decisiones, organizaciones feministas y de derechos humanos han convocado manifestaciones para exigir la salida del ministro.

Para este martes, a las 19 horas, está anunciada una intervención del colectivo Las Tesis frente a La Moneda. Las organizaciones buscan expresar su rechazo a las rebajas de condenas y a la permanencia de Rabat en el gabinete.

Las movilizaciones agregan presión social a un conflicto que hasta ahora se había desarrollado principalmente entre el Ejecutivo, el Congreso y las instituciones judiciales.

La dimensión ciudadana aparece también en las encuestas. Según Criteria, la aprobación de Kast cayó al 25%, mientras el 72% de los consultados manifestó su desacuerdo con la continuidad de Rabat. Cadem, por su parte, registró un 70% de rechazo a la decisión presidencial de mantenerlo en el cargo. Aunque se trata de mediciones de opinión y no permiten establecer por sí solas las causas de la caída presidencial, muestran la magnitud del desgaste político.

Una decisión que compromete al Presidente

La persistencia de Kast en mantener al ministro transforma progresivamente la naturaleza de la crisis.

En sus primeros días, el conflicto podía interpretarse como una controversia por decisiones administrativas del Ministerio de Justicia. Con el paso del tiempo, la negativa presidencial a remover a Rabat ha convertido su continuidad en una decisión política asumida directamente por La Moneda.

La oposición exige responsabilidades, sectores de la derecha cuestionan la conducción gubernamental y el Ministerio Público investiga los antecedentes denunciados. El Presidente, mientras tanto, insiste en que su ministro debe permanecer en funciones.

La acusación constitucional podría prosperar o fracasar. La investigación penal también puede concluir sin establecer responsabilidades delictivas. Ninguno de esos desenlaces está resuelto.

Lo que ya resulta difícil de desconocer es que la crisis ha superado ampliamente al Ministerio de Justicia. Se ha convertido en un problema de conducción presidencial, de relaciones dentro del oficialismo y de credibilidad pública.

Kast conserva la facultad de mantener a Rabat, pero cada día que transcurre sin resolver la controversia hace más difícil separar el destino político del ministro de la autoridad del propio Presidente.

Simón del Valle

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