Por Apolo Olivares  - Para UTE-NOTICIAS  - 05 de noviembre 2026

La reciente declaración de Mario Kreutzberger, quien planteó la imposibilidad de mantener indefinidamente la edad de jubilación en 65 años, ha reabierto una discusión que Chile necesita abordar con profundidad. Sin embargo, el problema no consiste solamente en determinar cuántos años más deben trabajar las personas. La verdadera pregunta es qué sistema previsional queremos construir y qué lugar ocupa la dignidad humana en nuestras decisiones económicas.

La propuesta de prolongar la vida laboral suele justificarse por el aumento de la esperanza de vida. Es cierto que vivimos más años, pero ¿significa eso que podemos trabajar más años en las mismas condiciones? ¿Tiene las mismas posibilidades un profesional que desarrolla actividades intelectuales que un trabajador de la construcción, un agricultor o una mujer que ha pasado décadas combinando empleos precarios con labores de cuidado?

Hay una realidad que no podemos ignorar. Muchas personas continúan trabajando después de alcanzar la edad de jubilación porque sus ingresos son insuficientes. Y esto ocurre en un país donde conseguir empleo resulta difícil incluso para los trabajadores jóvenes. ¿Quién contratará a una persona de 67 o 70 años? ¿Con qué remuneración? ¿Con qué protección social? ¿Qué sucede cuando su salud ya no le permite desempeñar las tareas que realizó durante cuarenta años?

No se trata de desconocer las capacidades de las personas mayores. Muchas conservan conocimientos, experiencia y disposición para seguir aportando. Se trata de reconocer que el derecho a trabajar voluntariamente no puede confundirse con la obligación económica de continuar trabajando para sobrevivir.

Postergar la jubilación puede aumentar la pensión mensual, pero eso no significa necesariamente una mejor solución para todos. La posibilidad de continuar trabajando depende de la salud, las condiciones laborales y las oportunidades reales de empleo. Una sociedad no debería responder a las pensiones insuficientes exigiendo a sus trabajadores que prolonguen indefinidamente su vida laboral.

La discusión debe incorporar también los resultados del sistema de AFP. Durante más de cuatro décadas, los trabajadores han entregado obligatoriamente una parte de sus remuneraciones a un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas. Esos recursos han contribuido al desarrollo del mercado de capitales, mientras las pensiones de numerosos afiliados han resultado insuficientes para sostener una vida digna.

Los fondos previsionales han experimentado períodos de rentabilidad positiva y otros de pérdidas. Las administradoras, por su parte, reciben ingresos por gestionar los ahorros obligatorios. No debemos confundir las ganancias de los fondos, que pertenecen a los afiliados, con las utilidades empresariales de las AFP. Pero esa distinción no elimina una pregunta fundamental: ¿cómo se distribuyen los beneficios, los costos y los riesgos de este sistema?

Cuando se negoció la reforma previsional de 2025, el mundo financiero examinó inmediatamente las nuevas oportunidades que representaría el aumento gradual de las cotizaciones. Los análisis publicados por Diario Financiero destacaron las proyecciones de mayores recursos para el mercado de capitales y sus efectos sobre el financiamiento de la economía.

No hay contradicción necesaria entre financiar inversiones productivas y pagar buenas pensiones. El problema aparece cuando el éxito del sistema se evalúa principalmente por el volumen de recursos que administra y no por la seguridad económica que entrega a sus afiliados.

La reforma previsional aprobada durante el gobierno de Gabriel Boric, con Jeannette Jara como ministra del Trabajo, incorporó nuevos aportes del empleador, mecanismos de seguro social, mejoras graduales en las prestaciones y nuevas reglas para las administradoras. Son cambios reales que corresponde reconocer. Sin embargo, el acuerdo finalmente aprobado mantuvo a las AFP y la capitalización individual como componentes centrales del sistema. Desde la perspectiva que defendemos en esta columna, esa continuidad constituye precisamente el límite de la reforma: modificó aspectos importantes de su funcionamiento, pero no reemplazó el modelo de administración privada que proponemos superar.

La historia reciente muestra que las reformas previsionales han avanzado mediante acuerdos y también han enfrentado límites políticos. Durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se creó el Pilar Solidario. En su segundo mandato se impulsaron nuevas iniciativas previsionales que no llegaron a aprobarse íntegramente. Posteriormente, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se creó la Pensión Garantizada Universal. El gobierno de Boric consiguió incorporar nuevos componentes solidarios, pero mantuvo elementos fundamentales de la institucionalidad existente.

Esta trayectoria demuestra que las transformaciones previsionales requieren decisiones políticas, respaldo ciudadano y acuerdos parlamentarios. También demuestra que introducir mejoras no equivale necesariamente a resolver el problema estructural.

Por eso, la propuesta que defendemos va más allá de modificar comisiones, regulaciones o mecanismos de control. Consideramos necesario abrir un debate nacional sobre una institucionalidad previsional diferente, pública o sin fines de lucro, profesional, transparente y solidaria, cuya finalidad fundamental sea garantizar pensiones dignas.

¿Quiénes deben impulsar esta transformación? Los trabajadores, los pensionados, sus organizaciones y una ciudadanía que comprenda que la seguridad social no es un problema individual, sino una responsabilidad colectiva. También se necesitan gobiernos comprometidos con las transformaciones que propongan y representantes parlamentarios dispuestos a discutirlas con responsabilidad.

No pretendemos resolver en esta columna todas las interrogantes sobre el sistema que debería reemplazar al actual. Existen distintas alternativas que merecen un examen serio: administración pública, entidades sin fines de lucro, mecanismos de reparto, sistemas mixtos y nuevas formas de solidaridad intergeneracional. Cada una debe evaluarse considerando su financiamiento, sostenibilidad, protección de los ahorros acumulados y capacidad efectiva para mejorar las pensiones.

Lo que sí afirmamos es que el debate no puede reducirse a cambiar el nombre de las administradoras ni a trasladar recursos de una institución a otra. Se trata de revisar las reglas, la estructura de incentivos y, sobre todo, la finalidad del sistema. Los trabajadores son los titulares de los ahorros previsionales acumulados en sus cuentas. Quienes los administran deben actuar en beneficio de ellos, no subordinar sus intereses a los objetivos comerciales de una empresa.

Durante décadas, la productividad del trabajo ha aumentado gracias al conocimiento, la tecnología y la organización económica. Corresponde preguntarnos cómo se distribuyen los frutos de ese progreso y qué parte de la riqueza producida colectivamente permite garantizar una vejez protegida.

No se trata de prolongar indefinidamente la vida laboral para sostener un sistema de pensiones. Se trata de construir un sistema de pensiones que permita vivir dignamente después de una vida de trabajo.

Los seres humanos no nacimos para servir a las instituciones económicas que nosotros mismos hemos creado. Son esas instituciones las que deben responder a nuestras necesidades.

Una sociedad no puede medir su desarrollo solamente por el crecimiento económico, la rentabilidad de sus inversiones o la magnitud de los capitales que administra. También debe medirlo por la seguridad y dignidad con que viven quienes contribuyeron a construir su riqueza.

No más AFP tal como existen hoy. Abramos el debate para construir un sistema de seguridad social que esté verdaderamente al servicio de los trabajadores.

Porque una sociedad verdaderamente desarrollada no es aquella que consigue que sus ciudadanos trabajen hasta el último día de sus vidas, sino aquella que les permite vivir dignamente cuando han terminado de trabajar.

Apolo Olivares – Ex dirigente de la Universidad Técnica del Estado

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