Marcos Barraza Gómez. Diputado Distrito 8. Partido Comunista de Chile. «El Siglo». 05/11/2026.
No votamos contra las víctimas. Votamos contra una respuesta que se ve bien en la prensa, pero que no cierra la puerta y desvía la atención de quien debe responder. Proponemos lo que corresponde: corregir la Ley N° 19.856 por la vía legal que ya está abierta, avanzar en los tribunales de ejecución de penas, entregar la información que el Congreso pide y asumir las responsabilidades políticas. Cerrar la puerta para todos los casos graves, sin abrir un boquete en las garantías que nos protegen a todos.
Pocas cosas indignan más que saber que una persona condenada por violar o abusar de una niña o un niño sale antes de la cárcel. Esa indignación es legítima y la compartimos. Por eso mismo, cuando votamos en contra en general de la reforma constitucional que el oficialismo presentó tras conocerse las 56 rebajas de condena concedidas por el ministro Rabat, sabíamos que la explicación no iba a caber en un titular. Vale la pena intentarlo en estas líneas, porque lo que está en juego es que el debate de fondo no se desvirtúe.
El problema es real, pero la Constitución no es la vía. Lo que falló fue el criterio aplicado por el ministro Rabat, que desvirtuó el espíritu de la Ley N° 21.421, que en 2022 excluyó de la rebaja de condena a los agresores sexuales de menores. La ausencia de una norma transitoria que precisara desde cuándo debía aplicarse esa exclusión abrió una controversia interpretativa que puede corregirse por ley, como se hizo con la libertad condicional. Y el propio Gobierno lo sabe, porque presentó en el Senado un proyecto que aborda precisamente ese punto mediante una modificación legal. Si se sostiene que es indispensable reformar la Constitución para aplicar la exclusión a delitos anteriores, el proyecto del propio Gobierno quedaría expuesto a cuestionamientos ante el Tribunal Constitucional. Esa contradicción merece una explicación.
Además, la reforma promete más de lo que puede cumplir. Su disposición transitoria pretende dejar sin efecto “de pleno derecho” beneficios ya concedidos, incluidos decretos que el Ministerio dictó por orden de los tribunales. Es irresponsable generar en las víctimas la expectativa de que quienes recuperaron su libertad podrían volver fácilmente a prisión, sin advertir que una medida de esta naturaleza podría abrir nuevas controversias judiciales sobre su aplicación y compatibilidad con las garantías constitucionales y los tratados internacionales. No queremos que las víctimas enfrenten una nueva frustración por soluciones que se anuncian como definitivas, pero cuya eficacia jurídica sigue siendo discutible. Para las víctimas no hay escenario peor que una promesa que se cae. No es casualidad que diputadas y diputados del propio oficialismo advirtieran en la Comisión que el instrumento no era el adecuado.
Mientras tanto, la discusión que de verdad resuelve el problema de fondo avanza en otra vía. El proyecto que crea los tribunales de ejecución de penas, hoy en el Senado, permitiría que estas decisiones dejen de depender de la autoridad política de turno y queden en manos de jueces especializados, con la víctima presente. Ese es el debate que debiéramos estar dando con urgencia, y en él vamos a estar.
Pero hay algo más que la reforma deja fuera de foco, y es la responsabilidad. Esta reforma instala la idea de que lo ocurrido fue consecuencia de un vacío constitucional. No lo fue. El propio autor reconoció en la Comisión que el ministro Rabat rechazó siete solicitudes en sus primeros dos meses, y los ministros anteriores aplicaron el criterio contrario. El criterio cambió este año, en el Ministerio, no en la Constitución. Hubo margen y hubo una decisión. El Presidente de la República ha reconocido que hubo un error y ha dicho asumir la responsabilidad política. Lo coherente sería que esa responsabilidad tuviera consecuencias, y que el ministro no siguiera en su cargo como si nada hubiera ocurrido.
Resulta contradictorio que se cuestione nuestra exigencia de rigurosidad legislativa mientras el Gobierno sigue sin entregar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. A la fecha, el Ministerio no ha proporcionado la nómina de los decretos de rebaja que el Congreso ha solicitado. Sin esos antecedentes no sabemos con certeza cuántos casos hay, cuántos se dictaron por orden judicial ni cuántos beneficiaron a condenados por crímenes de lesa humanidad, otra herida que esta reforma ni siquiera menciona. Y la mesa que el Gobierno anunció para abordar el tema no incluye a instituciones autónomas como la Defensoría de la Niñez o el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Si el Gobierno reconoce un error de esta gravedad, lo mínimo es entregar la información requerida y convocar a todas las instituciones que tienen algo que aportar.
No votamos contra las víctimas. Votamos contra una respuesta que se ve bien en la prensa, pero que no garantiza una solución efectiva y desvía la atención de quien debe responder. Proponemos corregir la Ley N° 19.856 por la vía legal que ya está abierta, avanzar en los tribunales de ejecución de penas, entregar la información que el Congreso pide y asumir las responsabilidades políticas. Las víctimas merecen una solución jurídicamente sólida, que impida nuevas rebajas de condena en estos delitos y que no termine frustrando, una vez más, sus legítimas expectativas de justicia.
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