Por: Simon Del Valle. Periodista
El Clarín Chile. 9 noviembre, 2026
Las encuestas revelan un deterioro que va más allá del rechazo a determinadas políticas. Desde la controversia por el Mepco hasta la crisis de Rabat, una sucesión de decisiones ha coincidido con la pérdida de atributos de liderazgo, confianza y capacidad de gestión. Las críticas provenientes del propio oficialismo y los cuestionamientos al Segundo Piso de La Moneda plantean una pregunta más profunda: ¿se trata de errores corregibles o de una forma de ejercer el poder?
A ocho meses de su llegada a La Moneda, José Antonio Kast enfrenta un problema que ninguna modificación ministerial resolvería necesariamente: una parte considerable de la ciudadanía ha dejado de reconocerle las cualidades que se esperan de un presidente. Las encuestas no registran solamente una caída de popularidad. Muestran también el deterioro de su imagen personal, de su capacidad para conducir el Gobierno y de la confianza depositada en sus promesas.
La última medición de Agenda Criteria, difundida este domingo 8 de noviembre, sitúa la aprobación presidencial en 24% y la desaprobación en 67%. Una semana antes, Pulso Ciudadano había registrado un respaldo de apenas 22,1% y un rechazo de 67,5%. Aunque ambas encuestas utilizan metodologías distintas, coinciden en mostrar un escenario de fuerte desgaste.
Pero el dato más significativo de Criteria no está en esos porcentajes. Está en los atributos presidenciales.
Solo un 26% considera que Kast es el líder que Chile necesita, una disminución de 16 puntos respecto de mayo. Apenas un 26% lo percibe cercano a la gente y otro 26% cree que ha enfrentado adecuadamente las dificultades de su mandato. El reconocimiento de su estilo directo, una característica central de su identidad política, cayó 14 puntos, hasta el 39%.
Incluso la percepción de que es trabajador, su atributo mejor evaluado, alcanza solamente el 48%.
Son resultados que permiten distinguir entre dos fenómenos políticos. Uno es el rechazo a determinadas decisiones gubernamentales. Otro, más profundo, es la pérdida de confianza en las capacidades y características del gobernante.
Kast parece enfrentar ambos problemas simultáneamente.
El desgaste comenzó antes de Rabat
La crisis del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha concentrado durante las últimas semanas buena parte de la atención política. Las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos graves, la defensa presidencial del ministro y las tensiones con Chile Vamos han contribuido a profundizar el deterioro gubernamental.
Pero sería equivocado atribuirle a este episodio el origen del problema.
Las primeras señales importantes aparecieron con la controversia por el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles, el Mepco. La discusión sobre su funcionamiento y las decisiones adoptadas por el Ejecutivo expusieron una dificultad que posteriormente reaparecería en otros ámbitos: la distancia entre el diseño económico de una medida y sus consecuencias políticas y sociales.
La promesa de un Gobierno capaz de administrar el Estado con criterios de eficiencia comenzó a enfrentarse con los efectos concretos de sus decisiones sobre los hogares.
Después vinieron las declaraciones sobre un supuesto Estado en quiebra, los anuncios de recortes presupuestarios, las controversias en torno a programas sociales y las dificultades para ofrecer resultados visibles en crecimiento y empleo.
No todos estos episodios tienen la misma naturaleza ni responden necesariamente a una causa común. Algunos corresponden a decisiones programáticas, otros a problemas de comunicación y otros a conflictos de conducción política.
Sin embargo, su acumulación puede contribuir a configurar una percepción general: la de un Gobierno que encuentra dificultades para anticipar las consecuencias de sus decisiones y administrar los conflictos que estas generan.
La controversia por Rabat llegó cuando esa percepción ya estaba instalada en una parte del electorado.
De la promesa de orden a la percepción de improvisación
Kast construyó buena parte de su propuesta presidencial alrededor de la autoridad, la seguridad, la eficiencia administrativa y la recuperación económica. Su discurso ofrecía una alternativa a lo que describía como desorden, debilidad institucional e incapacidad de gestión.
Por eso adquieren especial importancia los resultados de Criteria sobre las capacidades del Ejecutivo.
El 68% de los encuestados considera que el Gobierno tiene poca o ninguna capacidad para lograr que al país le vaya bien. Las percepciones de improvisación aparecen también en materias como empleo, seguridad y crecimiento económico.
Se trata de áreas centrales de su programa.
La contradicción política es evidente: un Gobierno que hizo de la capacidad de mando uno de sus principales argumentos enfrenta cuestionamientos precisamente sobre su capacidad de conducir.
En Pulso Ciudadano, solamente el 16,1% de los consultados declara tener mucha o bastante confianza en el Presidente, mientras un 61,2% manifiesta poca o ninguna confianza.
La distancia entre aprobación y confianza merece atención. Un ciudadano puede discrepar de una política sin perder la confianza en quien gobierna. Pero cuando esa confianza se debilita, las nuevas decisiones comienzan a ser recibidas con mayor escepticismo, incluso antes de conocerse sus resultados.
Esto no significa que las encuestas permitan demostrar que cada controversia produjo una determinada caída. Sí muestran que el deterioro político está acompañado de una evaluación cada vez más desfavorable de los atributos presidenciales.
El Segundo Piso bajo cuestionamiento
La discusión sobre las responsabilidades de este desgaste ha comenzado a desplazarse desde los ministerios hacia el núcleo de asesores presidenciales.
Un reportaje publicado este domingo por El Mostrador, centrado en Alejandro Irarrázaval, jefe del Segundo Piso de La Moneda, recoge cuestionamientos a la manera en que el entorno presidencial ha enfrentado sucesivas controversias.
El manejo del Mepco, el discurso sobre la situación fiscal, las decisiones presupuestarias y la crisis de Justicia aparecen como episodios en los que, según las críticas recogidas por ese medio, faltó anticipación política.
La cuestión es relevante porque el Segundo Piso no administra directamente los ministerios, pero participa en la coordinación estratégica, la evaluación de escenarios y el asesoramiento al Presidente.
Sin embargo, atribuir a un jefe de asesores la responsabilidad principal de ocho meses de Gobierno sería una explicación insuficiente.
Las decisiones de mayor trascendencia corresponden al Presidente. Los asesores pueden recomendar, advertir o equivocarse, pero es el mandatario quien establece el sistema de trabajo, determina cuánto poder delega y decide qué opiniones escucha.
La pregunta de fondo es cómo funciona ese sistema.
¿Existe suficiente deliberación antes de adoptar decisiones? ¿Los ministros cuentan con autonomía para advertir sobre sus consecuencias? ¿Los partidos oficialistas participan efectivamente en la conducción política? ¿Qué mecanismos permiten rectificar cuando una medida genera resultados distintos de los esperados?
Estas preguntas han dejado de ser exclusivas de la oposición.
Las críticas llegan desde la propia derecha
Uno de los cambios políticos de las últimas semanas es la creciente visibilidad de las diferencias dentro del oficialismo.
Dirigentes de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli han cuestionado la conducción de determinadas crisis y reclamado mayor participación en las decisiones gubernamentales. También se han expresado reparos desde sectores del propio Partido Republicano.
El caso Rabat ha concentrado esas tensiones, pero no las explica completamente.
Detrás de las diferencias sobre la permanencia de un ministro aparece una discusión acerca del papel de los partidos en un Gobierno cuya conducción se encuentra fuertemente concentrada en la Presidencia.
Para Kast, la decisión sobre la continuidad de sus ministros forma parte de las atribuciones presidenciales. Para dirigentes de Chile Vamos, el problema incluye la necesidad de escuchar a quienes sostienen parlamentariamente al Ejecutivo.
Ambas posiciones pueden coexistir formalmente, pero generan dificultades cuando la defensa de una decisión presidencial comienza a comprometer la relación con los aliados.
La pérdida de respaldo en las encuestas intensifica esas tensiones. Los partidos que acompañan al Gobierno deben responder también ante sus propios electores y evaluar los costos de decisiones sobre las cuales consideran que han tenido escasa influencia.
No hay antecedentes suficientes para afirmar que Chile Vamos haya roto con el Ejecutivo o que Kast conserve únicamente el respaldo de sus partidarios más ideologizados. Pero sí existen señales de una relación más conflictiva entre la Presidencia y sectores que contribuyeron a ampliar su base política.
Una pérdida de apoyo que va más allá del electorado opositor
El deterioro presidencial no puede comprenderse solamente como una movilización de quienes nunca respaldaron a Kast.
El estudio longitudinal de Panel Ciudadano UDD, difundido este fin de semana, permite observar cambios en la evaluación del mandatario a lo largo de sus primeros ocho meses. Sus resultados muestran una disminución importante del respaldo inicial y una base de aprobación persistente considerablemente más reducida.
Ese fenómeno importa porque Kast llegó al Gobierno con apoyos que excedían al Partido Republicano. Su electorado incluyó sectores de la derecha tradicional y ciudadanos que esperaban respuestas concretas a problemas de seguridad, empleo y economía, sin necesariamente compartir la totalidad de su ideario político.
La pérdida de parte de ese respaldo plantea una dificultad distinta de la que enfrenta un Gobierno cuestionado únicamente por sus adversarios.
La Presidencia necesita mantener una relación con ciudadanos que no constituyen su núcleo ideológico permanente, pero que pueden apoyar determinadas políticas y reconocer resultados de gestión.
Cuando disminuye la confianza en la capacidad presidencial, esa relación se vuelve más frágil.
Una crisis de conducción, no solamente de popularidad
Los gobiernos suelen atravesar períodos de impopularidad. Las medidas económicas pueden generar rechazo, las crisis ministeriales tienen costos y las expectativas iniciales rara vez se cumplen completamente.
Lo que distingue el momento de Kast es la combinación de tres procesos: la caída de la aprobación, el deterioro de sus atributos presidenciales y la aparición de cuestionamientos públicos desde su propio sector.
Los tres fenómenos no son idénticos ni necesariamente tienen una causa única. Pero juntos configuran un problema de conducción política que merece examinarse más allá de las controversias de cada semana.
El Presidente conserva sus atribuciones constitucionales, su estructura partidaria y una base de respaldo ciudadano. Nada de eso desaparece porque las encuestas sean desfavorables.
Sin embargo, gobernar exige algo más que ejercer formalmente la autoridad. Requiere construir acuerdos, anticipar conflictos, corregir decisiones y mantener la confianza de sectores que no comparten necesariamente todas las convicciones del mandatario.
La defensa de Rabat ha puesto esas capacidades nuevamente a prueba. Pero las dificultades comenzaron antes, con decisiones económicas y políticas que fueron acumulando costos.
El problema de Kast ya no consiste solamente en explicar una medida impopular o justificar la permanencia de un ministro. Consiste en responder a una percepción más amplia, registrada por las encuestas: que una parte creciente de la ciudadanía duda de su capacidad para conducir el país.
Y esa es una dificultad que no se resuelve necesariamente cambiando el discurso, reorganizando el gabinete o atribuyendo los errores al Segundo Piso.
Se resuelve, si acaso, modificando la manera en que se toman las decisiones y demostrando, mediante resultados, que el Gobierno es capaz de aprender de sus propias dificultades.
Simón del Valle | El Clarín
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