Crónica Digital. 12 noviembre, 2026

¿Se atrevería a sostener Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano, que en el caso del Holocausto las medidas de reparación económica, pensiones y financiamiento público de memoriales y museos representan una forma de apropiación de los derechos humanos y un “monopolio de indignación” por parte de “empresarios del dolor ajeno”, lo que devino en una “gran empresa” llamada “Derechos Humanos Company”?

La pregunta es pertinente, porque es lo que la Honorable manifestó ayer en la discusión presupuestaria en la Cámara Baja respecto de las políticas de derechos humanos en Chile, situación que derivó en un fuerte enfrentamiento con la diputada Lorena Pizarro, hija de Waldo Pizarro Molina, detenido y desaparecido el 15 de diciembre de 1976, hace casi 50 años. También corresponde la interrogante, porque el fundamento de la reparación en Chile es resultado de un consenso universal establecido a propósito del horror del Holocausto.

CONSENSO UNIVERSAL SOBRE LA REPARACION

De acuerdo con los historiadores del derecho internacional y los especialistas en justicia transicional, el caso del Holocausto sentó las bases modernas de la reparación estatal tras crímenes de lesa humanidad. A partir de acuerdos como el Tratado de Luxemburgo de 1952 entre la República Federal Alemana, Israel y la Conferencia sobre Reclamaciones Materiales Judías contra Alemania (Claims Conference), se estableció un precedente jurídico clave: la reparación económica y simbólica no constituyen una “compensación comercial” ni menos un “negocio”, sino una obligación moral y jurídica del Estado responsable para intentar mitigar un daño irreparable.

El sistema de reparaciones establecido luego del Holocausto es el antecedente histórico y jurídico más amplio de la justicia transicional contemporánea. Este modelo inauguró el principio de que un Estado tiene la obligación jurídica y moral de reparar directamente a las víctimas individuales y sus descendientes por crímenes de lesa humanidad. Ello implicó reparaciones económicas directas y pensiones vitalicias, indemnizaciones individuales, fondos para los sobrevivientes, atención sociosanitaria y asistencia integral, y reparación simbólica, memoria y garantías de no repetición, incorporando el deber estatal de preservar la verdad histórica como garantía de no repetición.

En Europa, existe un amplio consenso transversal –incluso respaldado por leyes penales en países como Alemania, Austria o Francia— que protege tanto la memoria de las víctimas como la legitimidad de las instituciones de reparación–, considerando como inaceptable cualquier insinuación de que los sobrevivientes o sus descendientes lucran con la tragedia.

¿Podría argumentarse que la diferencia con Chile es que aquí se ha abordado como asunto político? No, porque el Holocausto fue resultado de una política de Estado, que se sustentó en la concepción ideológico–política de los que detentaban el poder.

Ello ha dado origen a una jurisprudencia internacional sobre cómo se define la naturaleza de la reparación y el rol de las garantías de no repetición, consolidada en los Principios y Directrices Básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a obtener reparaciones (Resolución 60/147 de la Asamblea General de la ONU). Establece que cuando un Estado comete crímenes de lesa humanidad, la reparación integral no es una concesión graciable ni un gasto discrecional sujeto al ciclo político, sino una obligación jurídica vinculante.

En el derecho internacional, los recursos destinados a indemnizaciones, pensiones, salud y sitios de memoria tienen la naturaleza de la restitución, no de subsidios o transferencias políticas. Ello implica que el Estado responde institucionalmente con independencia del gobierno de turno. Cuestionar la existencia misma de estas partidas presupuestarias bajo la lógica de la “eficiencia del gasto público” o asimilarlas a una actividad lucrativa (“empresa” o “negocio”) choca frontalmente con el principio de que el daño causado por el Terrorismo de Estado es jurídicamente imputable a la nación toda.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la preservación de la memoria histórica y el respaldo a los familiares de las víctimas y sobrevivientes forman parte esencial de las garantías de no repetición. Deslegitimar a los actores que sostienen esa memoria, tildándolos de “empresarios del dolor” contraviene el deber estatal de proteger y dignificar a quienes buscan verdad y justicia.

Utilizar el argumento del gasto fiscal para desacreditar en bloque las políticas de memoria, insinuar que las víctimas o sus familiares lucran con el sufrimiento o reducir los derechos humanos a una “empresa” es una forma de estigmatización y revictimización incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. El discurso que engloba las reparaciones y la memoria bajo etiquetas mercantiles no opera como una fiscalización presupuestaria técnica, sino como una impugnación política a los estándares internacionales de justicia transicional que Chile ha suscrito y ratificado.

CONTRADICE LA CONSTITUCION Y EL DERECHO INTERNACIONAL

La parlamentaria republicana se hizo conocida como uno de los rostros de la campaña del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. Así pues, defendió la vigencia de la Carta Fundamental hasta ahora vigente. Así las cosas, debiera conocer que su Artículo 5° señala que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”, y que “es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

En este contexto, los organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de la OEA, han abordado el negacionismo y la revictimización procurando equilibrar la libertad de expresión con el respeto a la dignidad de las víctimas, el derecho a la verdad y las garantías de no repetición.

El artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y vinculante para el Estado de Chile, prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.

Bajo este marco, la jurisprudencia internacional distingue entre el debate histórico legítimo y la negación que busca justificar crímenes o estigmatizar a grupos. Para Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos (como la desaparición forzada o la tortura) son hechos jurídicos que no están sujetos a relativización como simple “opinión” histórica.

El Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha en contra de la impunidad (Principios Joinet / Orentlicher de la ONU), han establecido el deber de recordar del Estado. La negación pública o la banalización de los crímenes atroces socava la verdad histórica, debilita la memoria colectiva y erosiona los cimientos preventivos para que esos hechos no vuelvan a ocurrir.

La Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición ha advertido reiteradamente que los discursos negacionistas promovidos por representantes públicos obstaculizan los procesos de búsqueda de los desaparecidos, deslegitiman las instituciones de memoria y reabren traumas sociales.

También la jurisprudencia universal ha considerado que la revictimización (o victimización secundaria) ocurre cuando las instituciones, los medios o los actores públicos infligen un nuevo daño psicológico, moral o social a quienes ya sufrieron una violación grave de sus derechos.

Al respecto, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU, dispone que las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad en todas las esferas públicas y estatales.

Ello es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido en múltiples fallos (especialmente en casos de desaparición forzada en América Latina) que la incertidumbre prolongada sobre el paradero de un ser querido constituye por sí misma una forma de trato cruel e inhumano para los familiares. Cuando agentes del Estado o autoridades parlamentarias ridiculizan, desacreditan o atribuyen fines espurios o meramente lucrativos a la búsqueda de justicia de los familiares, se produce una revictimización institucional que agrava ese daño moral y vulnera su derecho a la integridad psíquica y moral (artículo 5 de la Convención Americana).

Sería importante que Javiera Rodríguez, como legisladora, estuviera en conocimiento del derecho internacional que establece que, si bien el debate sobre políticas públicas o gestión fiscal es legítimo en democracia, utilizar el espacio institucional para negar o relativizar crímenes acreditados o burlarse del dolor de los familiares es una vulneración de estándares de reparación integral, dignidad humana y garantías de no repetición a los cuales los Estados están obligados.

Santiago, 12 de noviembre de 2026.

Crónica Digital.

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