Ximena Lincolao, ministra de Ciencia.
Por: El Clarín de Chile. 18 noviembre, 2026
El acuerdo firmado por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, con la empresa estadounidense OpenAI ha provocado cuestionamientos parlamentarios sobre transparencia, atribuciones legales y protección de datos. Pero detrás de esas controversias aparece una pregunta de mayor alcance: ¿qué obtiene una compañía tecnológica cuando se le permite participar, sin licitación y mediante un convenio inicialmente gratuito, en la incorporación de inteligencia artificial a la administración pública?
El Gobierno ha defendido el memorándum suscrito con OpenAI argumentando que no compromete recursos fiscales, no contempla exclusividad ni autoriza la transferencia de bases de datos estatales. Son precisiones relevantes, pero insuficientes para cerrar la discusión. En la industria tecnológica, los acuerdos gratuitos pueden constituir una estrategia de entrada a nuevos mercados, particularmente cuando el potencial cliente es una institución de la magnitud del Estado.
El problema no consiste necesariamente en que OpenAI cobre por sus servicios en el futuro. Consiste en determinar si la colaboración inicial puede otorgarle una posición privilegiada frente a otros proveedores y condicionar las decisiones tecnológicas de la administración pública durante los próximos años.
Una puerta de entrada al aparato estatal
El convenio fue firmado en San Francisco por la ministra Ximena Lincolao y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Contempla capacitación de funcionarios públicos, exploración de aplicaciones de inteligencia artificial y colaboración en iniciativas de innovación.
También considera instancias de trabajo conjunto para identificar prioridades, casos de uso y oportunidades de implementación.
Este último aspecto merece especial atención. Una cosa es que una empresa ofrezca capacitación sobre sus productos y otra, bastante distinta, es que participe en la identificación de las necesidades tecnológicas de los organismos públicos que eventualmente podrían convertirse en sus clientes.
La diferencia no es menor. Quien conoce anticipadamente los problemas de una institución, sus procedimientos internos, sus limitaciones presupuestarias y las capacidades de sus funcionarios dispone de información valiosa para desarrollar y comercializar soluciones.
No existe evidencia pública suficiente para afirmar que OpenAI haya obtenido una ventaja indebida mediante este acuerdo. Sin embargo, el diseño de la colaboración plantea un riesgo que las autoridades deberían prevenir desde el comienzo.
El verdadero precio de lo gratuito
Las grandes plataformas tecnológicas han construido parte de su expansión mediante estrategias que facilitan la adopción inicial de sus productos. Ofrecen versiones gratuitas, capacitación, créditos de utilización o condiciones preferentes que reducen las barreras de entrada.
Una vez incorporada la tecnología a los procesos cotidianos, sustituirla puede resultar considerablemente más complejo.
Los funcionarios aprenden a trabajar con determinadas herramientas. Los equipos técnicos desarrollan aplicaciones compatibles con ellas. Los organismos adaptan sus procedimientos y, eventualmente, sus bases de conocimiento y sistemas informáticos. Con el tiempo, la institución puede acumular costos de migración que dificultan cambiar de proveedor.
Este fenómeno se conoce como dependencia del proveedor, o vendor lock-in, y constituye uno de los problemas clásicos de la contratación tecnológica.
La dependencia no necesita surgir de una cláusula de exclusividad. Puede desarrollarse simplemente porque cambiar de sistema exige nuevas inversiones, capacitación y modificaciones de procesos.
Por eso, aunque el convenio con OpenAI no contemple pagos inmediatos, resulta indispensable conocer qué mecanismos garantizarán que el Estado pueda utilizar otras plataformas, conservar el control de sus desarrollos y migrar sus sistemas sin obstáculos desproporcionados.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿se está fortaleciendo la capacidad tecnológica autónoma del Estado o se está facilitando su incorporación al ecosistema comercial de una empresa determinada?
La controversia llega al Congreso
El acuerdo provocó cuestionamientos de parlamentarios que solicitaron conocer sus condiciones y los procedimientos utilizados para suscribirlo.
El diputado Jaime Araya recurrió a la Contraloría General de la República para pedir una revisión de las atribuciones del Ministerio de Ciencia y de los alcances administrativos del memorándum. También solicitó antecedentes sobre los gastos asociados al viaje y la participación de funcionarios.
Otros parlamentarios, entre ellos Diego Ibáñez, Gael Yeomans y Daniela Serrano, plantearon inquietudes relacionadas con la transparencia, el tratamiento de información pública y la participación de una empresa privada en decisiones estratégicas del Estado.
Las solicitudes de fiscalización no constituyen, por sí mismas, pruebas de ilegalidad. Hasta ahora no se ha establecido que la ministra haya cometido una infracción administrativa por suscribir el documento.
Tampoco corresponde afirmar que un memorándum gratuito necesariamente deba someterse a una licitación pública. Esa exigencia depende de su naturaleza jurídica y de las obligaciones que efectivamente establezca.
La cuestión más relevante es otra: cómo evitar que una colaboración inicial se transforme en un mecanismo de posicionamiento comercial que afecte la igualdad de condiciones de futuras contrataciones.
Si una empresa participa en el diagnóstico de necesidades y posteriormente presenta ofertas para resolverlas, deben existir resguardos que impidan ventajas incompatibles con la libre competencia y la probidad administrativa.
Los datos y la soberanía tecnológica
La protección de datos constituye otro aspecto sensible.
El Ministerio de Ciencia ha señalado que las capacitaciones previstas utilizarán información abierta o sintética y que el acuerdo no contempla entregar bases de datos personales ni información confidencial a OpenAI.
La aclaración es importante. No existen antecedentes que permitan afirmar que el Estado haya transferido información sensible mediante el convenio.
Pero la utilización de inteligencia artificial en servicios públicos puede adquirir una dimensión completamente diferente cuando pasa de ejercicios de capacitación a aplicaciones operativas.
Los organismos estatales administran información tributaria, sanitaria, previsional, educacional y social. También manejan antecedentes personales de millones de ciudadanos.
Cualquier utilización futura de estos datos exigiría establecer condiciones precisas sobre almacenamiento, procesamiento, acceso, conservación y eliminación de información, además de determinar las responsabilidades de los organismos públicos y de los proveedores tecnológicos.
Existe asimismo una dimensión de soberanía digital. La creciente dependencia de plataformas extranjeras puede limitar la capacidad de un país para controlar su infraestructura tecnológica y tomar decisiones autónomas sobre servicios esenciales.
No se trata de rechazar la cooperación internacional ni de prescindir de herramientas desarrolladas por empresas privadas. Se trata de asegurar que la modernización tecnológica no reduzca la autonomía del Estado.
En este contexto, también corresponde preguntar cómo se relacionará el convenio con iniciativas regionales como Latam-GPT y con las capacidades de investigación y desarrollo existentes en universidades y centros tecnológicos chilenos.
La defensa del Gobierno
El Ministerio de Ciencia sostiene que el memorándum no compromete compras, no establece exclusividad y no obliga a los organismos públicos a utilizar los productos de OpenAI.
También ha señalado que los proyectos posteriores deberán cumplir las normas correspondientes y someterse a evaluaciones individuales.
Estos resguardos son relevantes, pero deberían traducirse en procedimientos verificables.
Entre ellos, la publicación de las actas y recomendaciones de las mesas de trabajo, criterios transparentes para seleccionar proyectos, garantías de interoperabilidad y mecanismos que aseguren la posibilidad de contratar proveedores alternativos.
También sería necesario precisar qué participación tendrán los organismos responsables de la transformación digital del Estado y cómo se coordinarán sus competencias con las del Ministerio de Ciencia.
La transparencia no debería limitarse a publicar el convenio después de su firma. Tendría que extenderse a las decisiones que se adopten durante su ejecución.
Una decisión que compromete el futuro
Chile necesita incorporar inteligencia artificial a su administración pública. Estas tecnologías pueden mejorar la atención ciudadana, reducir tareas repetitivas, facilitar el análisis de información y ampliar las capacidades de instituciones que enfrentan limitaciones de recursos.
Pero modernizar el Estado no significa necesariamente entregarle a una empresa tecnológica un papel privilegiado en la definición de esa modernización.
La discusión tampoco debería reducirse a las actuaciones personales de la ministra Lincolao. Aunque corresponde aclarar las dudas sobre la firma del acuerdo, el asunto central es la política pública que se está configurando.
OpenAI es una empresa comercial que busca ampliar la utilización de sus tecnologías. Esa finalidad es legítima. La responsabilidad del Gobierno, en cambio, consiste en garantizar que los intereses comerciales de cualquier proveedor no se confundan con las necesidades estratégicas del país.
El memorándum puede representar una oportunidad de cooperación tecnológica. También puede convertirse en el comienzo de una dependencia costosa si no existen reglas claras, controles públicos y alternativas reales.
La gratuidad inicial no elimina los costos futuros ni garantiza la independencia tecnológica.
Por eso, la pregunta que debe responder el Gobierno no es solamente cuánto pagará Chile por este acuerdo. Es quién definirá las herramientas digitales del Estado, bajo qué condiciones y con qué libertad podrá el país cambiarlas en el futuro.
Redacción El Clarín
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