Por: Rodrigo Moreno. Cientista Político y escritor
BioBioChile. Viernes 20 noviembre de 2026
Nadie puede discutir que el gobierno de José Antonio Kast es legal. Se impuso en segunda vuelta con un 58,2% de los votos, frente al 41,8% de Jeannette Jara. Esa es la legalidad de origen y no admite cuestionamientos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la legalidad sigue intacta, pero la legitimidad se erosiona semana a semana?
La última medición de Criteria sitúa la aprobación presidencial en 18%, con una desaprobación de 72%, la más alta de un mandato que apenas lleva ocho meses. Cadem, con una metodología distinta, la ubica en 27%. Las cifras difieren, pero la dirección es la misma, sobre todo si se recuerda que esa misma encuestadora midió un 57% de aprobación en la primera semana de gobierno.
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¿Cómo se llega a esto en tan poco tiempo? La respuesta no es difícil de encontrar: el gobierno acumuló crisis en lugar de resolverlas, y la primera golpeó directamente el bolsillo. El bencinazo de fines de marzo subió la bencina de 93 octanos en $370 y el diésel en $580, luego de que se modificara por vía administrativa el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
El conflicto se prolongó por seis rondas consecutivas de alzas y múltiples movilizaciones, y solo se cerró el 12 de noviembre con un acuerdo con los camioneros. Hay que ser justos: el petróleo atraviesa un contexto internacional complejo, con precios sobre los US$100 por la guerra en Medio Oriente. Pero gobernar también significa anticipar y explicar, y el costo de no hacerlo termina pagándolo la ciudadanía.
La segunda crisis es el desempleo. El INE informó una tasa de 9,8% entre julio y septiembre, con más de 100 mil empleos destruidos, frente al 8,4% del mismo trimestre de 2025. No sorprende que, según Cadem, las rebajas de condena (43%) y el desempleo (42%) sean las principales razones de la desaprobación.
La tercera es el caso del ministro Rabat. Entre marzo y septiembre, el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. El propio presidente Kast reconoció que el Estado les falló a las víctimas, pero mantuvo al ministro en su cargo. Un 70% de los encuestados está en desacuerdo con esa decisión y la oposición impulsa una acusación constitucional. Sostener a un ministro contra la opinión de siete de cada diez chilenos es, sin duda, una decisión legal, pero difícilmente legitimadora.
Como si fuera poco, aparece la pitutocracia. En 2022, el candidato Kast criticó con dureza el uso de las embajadas como premios de consuelo. Hoy, su gobierno enfrenta duros cuestionamientos por reubicar a exautoridades que dejaron sus cargos durante estos ocho meses. Los nombramientos de Chahuán, Coloma y Tarud en el servicio exterior reabrieron el debate, y las críticas llegaron incluso desde sectores cercanos al oficialismo. Antes, además, ya habían salido 16 seremis por polémicas en redes sociales y cuestionamientos técnicos.
No todo ha sido crisis, y seamos justos con lo que funciona. En seguridad hay avances medibles: en el primer semestre de 2026 se registraron 472 víctimas de homicidio, 41 menos que en 2025, la cifra más baja en cinco años. Pero hay un antecedente que no se puede omitir: se trata del cuarto descenso consecutivo, iniciado en el gobierno anterior, y el 41,3% de las víctimas estuvo vinculado al crimen organizado. Es un logro real, aunque se inscribe en una tendencia previa.
En seguridad social, en cambio, el panorama es distinto. El ajuste fiscal prometido asciende a US$6.000 millones y el mayor recorte, en términos absolutos, recae en Salud, seguido de Vivienda, Educación y Trabajo y Previsión Social. El ministro Quiroz asegura que no se tocará ningún beneficio social, pero la oposición advierte que se afectan áreas sensibles. Un Estado que recorta mientras ordena sus cuentas debe explicar mejor qué está protegiendo y qué está abandonando.
Todo esto ocurre mientras la oposición recién se está configurando. Bachelet y Boric se reunieron en octubre para darle dirección y cohesión al sector, lo que significa que durante buena parte del mandato el gobierno ha avanzado sin un contrapeso mayor.
Resulta frustrante, además, que el candidato Kast se presentara como quien tenía las respuestas a todos los males del país. Su promesa de expulsar a cientos de miles de migrantes irregulares el primer día de gobierno terminó con una aclaración: quizás la palabra correcta era hipérbole, no metáfora. Para quien creyó literalmente lo que escuchó, la corrección suena a burla. “Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas”, advertía el Eclesiastés 5:5.
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Entonces, ¿qué pesa más? ¿La legalidad, que es la base de la democracia? ¿O la legitimidad, que es el techo de cuánto se puede construir, cuánta reforma se puede sostener y cuánta paciencia concede la ciudadanía a quien la gobierna?
Como reflexión final, el presidente Kast no necesita demostrar que ganó; necesita demostrar que sabe escuchar. De lo contrario, los más de tres años que le restan serán tan duros para él como para esa misma ciudadanía que hoy ya no lo respalda.
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