Por: Leopoldo Lavín
El Clarín Chile. 21 noviembre, 2026
El 5 de noviembre de 2026, el Diario Financiero informó que Bill Gates, cofundador de Microsoft, había recorrido la mina subterránea de Chuquicamata, cerca de Calama. Llegó en avión privado y pidió que no hubiera prensa. Codelco no ha dicho quién autorizó la visita, quiénes lo acompañaron ni de qué se habló. La empresa de todos los chilenos recibió a uno de los hombres más ricos del planeta, y sus dueños se enteraron por un diario de negocios.
Gates financia, a través de su fondo Breakthrough Energy Ventures, a KoBold Metals, que busca cobre y litio con inteligencia artificial. Tom Hunt, director de tecnología de KoBold, ya había dicho que Chile está «subexplorado» y que Codelco podría ser su socio. No hay prueba de ninguna negociación. Pero el silencio no despeja las dudas: las multiplica. Lo que el poder no informa, la ciudadanía tiene derecho a sospecharlo.
La visita coincidió con otros hechos. El mismo 5 de noviembre, una junta extraordinaria de accionistas expuso las 26.875 toneladas de producción inflada en 2025. Seis días después, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, dijo a Bloomberg que «quizás» habría que pensar en capital privado en la propia Codelco. Y Daniel Mas, biministro de Economía y Minería, estudia cambiar la ley para abrir a los privados yacimientos que hoy están en explotación.
El método se repite. Cada autoridad del gobierno ultraderechista de Kast niega la privatización mientras la avanza por partes: venta de activos «prescindibles», socios en algunas divisiones, capital privado «a largo plazo». Bernardo Fontaine, presidente del directorio, asegura que Codelco seguirá siendo 100% estatal, pero admite que privatizarla es «una discusión que el país tiene que tener». No dice cuándo, dónde ni con qué datos. Sin información pública no hay discusión, solo hechos consumados.
El 11 de julio de 1971, bajo el gobierno de Salvador Allende, el Congreso aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre, después de años de debate público y movilización. La decidió el país entero, no un gabinete. Medio siglo después, se pretende desmontar parte de ese pacto con entrevistas a agencias financieras, recorridos sin prensa de magnates de la Big Tech y proyectos de ley que nadie ha explicado en Calama ni en Rancagua.
La crisis no es un invento, y tiene responsables con nombre. Con Máximo Pacheco, exministro de Michelle Bachelet a quien Gabriel Boric puso al frente del directorio en 2022, el presidente ejecutivo Rubén Alvarado cobró $537 millones en un año, y diecinueve gerentes ganaron más que el Presidente de la República. Se pagaron US$14,3 millones en bonos por cobre que no existía, mientras Chuquicamata Subterránea y Rajo Inca acumulaban retrasos. Fracasó una élite gerencial, tecnócratas sedientos de dinero, no la propiedad pública.
Los diputados José Antonio Rivas, del Partido Socialista, y Valentina Cáceres, del Frente Amplio, pidieron explicaciones por oficio a Codelco, a Hacienda, a Minería y a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Es necesario, pero insuficiente. Un oficio es un trámite entre instituciones, no convoca a nadie. Hasta ahora, la discusión sobre el principal patrimonio del país no ha salido de ministerios, directorios y comisiones parlamentarias.
Esa es la marca de una casta política que dejó de mirar a las mayorías y sin izquierda que retome una tradición combativa. El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, propone vender; el Gobierno de José Antonio Kast deja la puerta entreabierta; la oposición, como siempre, se limita a fiscalizar. A los mineros, a las ciudades del cobre y al pueblo ciudadano no se les informa ni se les pregunta. A Codelco la nacionalizó un país movilizado. Cederla en silencio sería otra forma de expropiación.
Leopoldo Lavín Mujica. B.A. en philosophie et journalisme, M.A. en Communication publique de l’Université Laval, Québec, Canadá.
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