Crónica Digital 14 abril, 2026 - Por José Campusano Alarcón

Para el público chileno, acostumbrado a etiquetas rápidas como «ultranacionalista», «pro-Putin» o «amigo de Kast», la figura de Viktor Orbán

Suele simplificarse bajo categorías que explican poco su longevidad en el poder. Desde una mirada que priorice las condiciones materiales de la existencia, Orbán no fue un «autoritario» por mera convicción personal ni un simple imitador ideológico. Fue, más bien, la expresión concentrada de una formación social concreta, la Hungría semiperiférica del capitalismo postsocialista.

En términos de equilibrio de fuerzas, operó como un gobernante bonapartista que, ante el debilitamiento relativo de la lucha de clases directa, se autonomizó para arbitrar entre las élites, garantizando siempre la reproducción del capital en su conjunto.

Resulta paradójico que en Chile se le tilde de «ultraderechista«, cuando su gestión de los servicios básicos podría parecer, a ojos de un observador desprevenido, casi «estatista«. No es un estatista que con sus subsidios empoderan a la clase trabajadora, sino que la disciplinan a cambio de paz social. Pero frente a la ultraderecha chilena, que ofrece solo ajuste y represión, Orbán parece un estatista de manual. Sin embargo, esta es una lectura superficial del «mapa» que ignora el «territorio».

Lo que Orbán ejecutó no fue un programa ideológico, sino un bonapartismo de la dependencia: utilizó el gas ruso para financiar precios domésticos subsidiados y comprar así una paz social que permitiera a su burguesía nacional acumular riqueza sin sobresaltos. A diferencia de José Antonio Kast, cuya ultraderecha opera en un Chile de raíces neoliberales y extractivistas, Orbán administró una herencia socialista donde el control de precios era la única forma de evitar que la tensión social desbordara su sistema. Su cercanía con Putin o Trump no fue una amistad de ideas, sino la búsqueda de un contrapeso material frente a una Europa que históricamente ha tratado al Este como reserva de mano de obra barata.

Su régimen, el llamado Sistema de Coopera Nacional (NER) , articuló durante dieciséis años (2010-2026) los intereses de una burguesía nacional emergente (oligarcas locales, pequeña burguesía rural y burocracia estatal) con un segmento del proletariado y la clase media baja.

Este pacto se sostuvo sobre un sustrato material muy preciso, la energía barata de origen ruso, que permitía mantener precios domésticos subsidiados y, con ellos, una paz social relativa.

Lo demás —el discurso antiinmigración, la defensa de la «familia tradicional» y lo que Bruselas condenaba como «democracia iliberal», es decir, un sistema híbrido donde hay elecciones pero se vulneran el estado de derecho, la separación de poderes y las libertades individuales— fue la superestructura ideológica necesaria para que ese pacto material no fuera percibido como lo que realmente era, una forma particular de acumulación que beneficiaba a ciertos sectores económicos a costa del conjunto social.

El mapa frente al territorio

En la estructura objetiva, el mapa geopolítico, Orbán negoció simultáneamente con el capital transnacional europeo, cuyos fondos de la UE financiaron gran parte de su clientelismo, y con el capital ruso, del que obtuvo gas y petróleo a precio político. Su «soberanismo» no era idealista, sino la forma política que adoptó una economía dependiente sin recursos energéticos propios y con memoria histórica de invasiones. Mientras el gas ruso fluyó barato, los sectores populares toleraron corrupción, control mediático y retrocesos institucionales, pues la base económica sostenía la superestructura.

Sus afinidades con figuras como Putin, Trump o José Antonio Kast fueron pragmáticas, no programáticas. Kast opera en un Chile de raíces neoliberales post-dictadura. Orbán gobernó una nación con herencia socialista, enclavada entre grandes potencias, cuya acumulación dependía de diversificar socios energéticos. No era «pro-Putin» por convicción ideológica, sino «pro-gas-ruso» porque ese circuito mantenía la estabilidad social que su burguesía nacional necesitaba.

Sin embargo, toda tesis genera su antítesis. Cuando la energía se encareció, la inflación se volvió crónica y los fondos europeos se suspendieron, las contradicciones cuantitativas se volvieron cualitativas. El modelo perdió su base de apoyo material. Es en este escenario donde emerge Péter Magyar.

La negación interna: ¿Quién es Péter Magyar?

Magyar no es un «outsider» romántico ni un mesías liberal. Es un abogado de 45 años formado en el centro mismo del sistema que hoy critica. Durante más de dos décadas fue un fiel engranaje de Fidesz, sirviendo como diplomático ante la UE y responsable de empresas estatales. Incluso formó parte del círculo íntimo del poder como esposo de la exministra de Justicia Judit Varga.

Su ruptura pública ocurrió en 2024, tras un escándalo de indultos en casos de abusos contra menores que forzó la dimisión de su exesposa. Aunque sobre él pesan acusaciones de violencia verbal y física por parte de su ex esposa Judit Varga, así como también participar en fiestas con uso de drogas y otros excesos —acusaciones que él desestima como propaganda—, Magyar capitalizó el hartazgo popular con una campaña que combinaba anticorrupción y promesa de «reconstrucción» institucional. Representa a la fracción de la burguesía húngara más integrada al capital transnacional europeo, aquella que ya no depende del gas ruso barato porque puede acceder a fondos UE y mercados de capital occidentales. Eso sí, alinear a Hungría con Bruselas significa también heredar los problemas energéticos y el malestar social que ya sufren varios países europeos que han prescindido del gas y petróleo rusos.

Su victoria contundente del 12 de abril de 2026, con super mayoría para su partido Tisza, marca el fin del ciclo Orbán y su Fidesz-Unión Cívica Húngara, pero no necesariamente una ruptura estructural. Es el momento en que un sector del poder decide cambiar de aliado estratégico para salvar la acumulación.

Dos agotamientos, una misma crisis

Lo que hoy vemos en Hungría no es un simple «fracaso de la democracia liberal» ni una anomalía autoritaria corregible con buenos gobiernos. Es el agotamiento de una forma política, la democracia iliberal, que durante casi dos décadas logró traducir energía barata en estabilidad social. Cuando esa base material se encareció, el modelo se derrumbó desde arriba.

Chile, en el mismo abril de 2026, enfrenta su propio agotamiento, pero por la otra vía. No es la democracia iliberal la que cruje aquí, sino el neoliberalismo que nació bajo la Constitución de 1980 y que sobrevivió a todas las transiciones. El estallido de 2019, el fracaso del proceso constituyente y la derrota de la izquierda en 2025 no fueron accidentes. Fueron la evidencia de que el modelo neoliberal chileno —privatizaciones, Estado subsidiario, crecimiento como promesa de integración— ya no podía seguir pagando el precio social de su propia reproducción. Se agotó desde abajo, por desigualdad y precarización, igual que el iliberalismo húngaro se agotó desde arriba, por corrupción y dependencia.

Dos modelos distintos, una misma raíz, la incapacidad de seguir administrando las contradicciones del capitalismo semiperiférico. En Hungría cayó Orbán. En Chile ganó Kast. Pero en ambos casos, el recambio de élite no resuelve la contradicción de fondo. Solo la cambia de forma.

Las lecciones para el Chile de abril de 2026

En el territorio real, la lucha de los trabajadores poco ha cambiado. Quienes votaron por Magyar lo hicieron hartos del deterioro del nivel de vida, no por amor incondicional a Bruselas. Exigen calefacción pagable y salarios reales que no se evaporen, lo mismo que exigían bajo Orbán. Magyar hereda la misma contradicción dialéctica: en el «mapa» debe alinearse con la UE y la OTAN para diversificar fuentes energéticas, levantar vetos y aceptar condicionalidades. En el «territorio» debe enfrentar que el encarecimiento de la energía rompe cualquier pacto social.

Esta historia se vuelve un espejo directo para Chile en abril de 2026. Hace apenas un mes, José Antonio Kast asumió la presidencia tras su contundente triunfo del 14 de diciembre de 2025 sobre Jeannette Jara. El progresismo chileno enfrenta hoy no solo una derrota electoral, sino las consecuencias materiales de sus propias contradicciones no resueltas durante el gobierno anterior.

La lección de Budapest para Santiago es directa, donde los países con alta dependencia externa no eligen libremente entre modelos ideales, sino que administran restricciones estructurales. Cuando se habla de «reducción del gasto público«, «rebaja de impuestos corporativos«, «agilización de permisos para destrabar inversiones» —ya sea con el discurso pro-mercado y de austeridad fiscal del actual gobierno o con los relatos anteriores de mayor intervención estatal—, existe la tentación de creer que el relato geopolítico o ideológico define la realidad. Pero la clase trabajadora chilena, igual que la húngara, no pregunta por los colores del mapa. Pregunta por el precio del pan, del transporte, de la luz.

En este contexto las advertencias emergen con claridad:

La energía es la base de la estabilidad. Sin una matriz segura y asequible, cualquier proyecto, de izquierda o derecha, queda expuesto a la presión social.

La dependencia no desaparece, se administra. Cambiar de socios, de uno a otro, no elimina la vulnerabilidad externa. Solo redefine quién cobra la factura.

Los ajustes tienen rostro de clase. La pregunta no es si habrá costos ante las crisis, sino quién los paga. Históricamente, los absorben los hogares y los trabajadores, mientras las decisiones estratégicas se toman entre la élite económica y política.

Si la centroizquierda chilena, o cualquier fuerza política, confunde un realineamiento político —externo o interno— con un cambio profundo en las condiciones materiales de vida, la factura volverá a caer sobre los mismos de siempre. El recambio de rostros puede dar impresión de renovación, pero si no se altera la lógica de quién gana y quién pierde en la acumulación, lo esencial permanece intacto.

Porque al final, el mapa puede cambiar de colores. En el territorio, la vida cotidiana de las mayorías, no cambia casi nada.

José Campusano Alarcón - Ingeniero Civil en Minas – Analista internacional. Vicepresidente de la Comisión Nacional de Derechos Juveniles (CODEJU) en dictadura.

Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital

Santiago de Chile, 14 de abril 2026 - Crónica Digital

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